Por Álvaro José Aurane
13 Marzo 2023
Hay que escuchar a Cristina Kirchner. No es una ironía. La clase magistral que dio este fin de semana, cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro, representa un texto ineludible. Cristina es una profeta del buen gobierno. Claro está, ella y su historial de gestiones son, también, su propia desautorización.
Hay que escuchar a Cristina, particularmente, en el primer cuarto de hora de su alocución de casi 100 minutos. En esa introducción hablará de política. Por supuesto, también puede oírse el resto de la exposición, que es de cariz económico. Pero la líder del kirchnerismo no es economista. Se ve desde el título de su disertación: plantea que la Argentina tiene “una economía bimonetaria”, cuando este es, en los hechos, un país sin moneda.
Hay que escuchar a Cristina hablando de política. Porque entonces se advierte también que este es un país con un oficialismo que no tiene palabra.
El Poder Ejecutivo
“¿Cómo estamos hoy a 40 años de democracia? En Argentina parece que ni siquiera estos tres poderes funcionan”, comienza la titular del Senado. Entonces, reivindica la tarea de Néstor Kirchner y recrea el contexto de problemas, no sólo económicos, cuando asumió en 2003.
“En 2001 se produce una gran crisis institucional: motiva que cinco presidentes se sucedieran en una semana. La gente pedía que se vayan todos. No había Poder Ejecutivo: la gente no veía que la autoridad, que la política, fuera la que decidiera las cosas en la Casa Rosada”, describe.
“Néstor reconstruye esto, colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político democrático votado en la Argentina. Las decisiones las toma el Presidente”, expresa.
Lo que elogia respecto de hace 20 años es contra lo que ella conspira desde 2019. No sólo en declaraciones sino por escrito, y no una vez sino dos, puso en crisis el Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional. Mediante carta pública expresó, la primera vez, que el de Alberto era un Gobierno de “funcionarios que no funcionan”. Luego, tras su segunda misiva, una docena de funcionarios “K” pusieron sus renuncias a disposición del jefe de Estado, generando una descomunal amenaza de vacío de poder. Es decir, nunca permitió que la Casa Rosada “fuera el centro de gravedad del poder político democrático votado en la Argentina”. Por el contrario, jamás escatimó esfuerzos para condicionar que a “las decisiones las tome el Presidente”.
El Congreso
“El Poder Legislativo estaba fuertemente cuestionado”, manifiesta la dos veces Presidenta.
“Estalló un gran escándalo porque una Ley de Flexibilización Laboral fue comprada por el entonces oficialismo, sobornando a senadores en ese momento de la oposición que eran de nuestro partido, del peronismo. No lo denunció ningún periodista de investigación ni ningún opositor, sino el propio Vicepresidente. Un dirigente que era un intelectual que provenía de las filas del peronismo. Finalmente, renuncia. Esto provoca una gran crisis institucional. Teníamos un Poder Legislativo en donde se podían comprar y vender leyes”, describe.
Se trata de una reivindicación a la figura de Carlos “Chacho” Álvarez, compañero de Fernando de la Rúa en la fórmula de la “Alianza” que ganó las presidenciales de 1999. En rigor, a la denuncia sí la hizo un opositor: el líder del sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, dijo a los medios que el entonces ministro de Trabajo de la Nación, Alberto Flamarique, le había dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”. Luego, los diarios que hoy Cristina denuesta encararon investigaciones periodísticas que le pusieron nombres a esas “coimas”.
Pero más allá de esos “detalles” que se le escapan, lo inquietante es que Cristina homenajea a un vicepresidente de la Nación que en lugar de ser condenado por corrupción, la denunciaba. Más aún: Álvarez fue un presidente del Senado que, cuando asumió que sus diferencias eran ya irreconciliables con el Presidente, renunció. Deben ser actitudes de “intelectuales”…
Hacia el minuto 8.01, Cristina se emociona con la obra institucional de su fallecido marido: “el Poder Legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser”, define.
“Me tocó ser oficialista y yo, que era legisladora nacional desde 1995 creo, que fue la única época en la que un oficialismo en la Argentina votó leyes que estaba orgulloso de votar y sancionar. Eran leyes que otorgaban derechos: no le sacaban nada a nadie”, rememora.
No se equivoca: ya no pasó lo mismo durante las dos presidencias siguientes. La “Resolución 125” fue enviada al Congreso para convertir en ley el esquema de retenciones móviles a la exportación de granos. Si hubiera prosperado, a los productores argentinos, según la época del año en que exportasen, la Nación podría haberles retenido hasta el 50% de lo vendían al exterior. No estaban ampliando los derechos de nadie y estaban sacándole todo a un sector.
También impulsaron leyes contra la inversión extranjera. En nombre de la “soberanía estratégica en hidrocarburos”, reestatizaron YPF. En el Congreso y en los medios se jactaban de que si el Estado así lo quería, podía pagar sólo U$S 1 por esa expropiación. El Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones) laudó luego que había que indemnizar con U$S 5.000 millones a Repsol tan sólo por el 51% de la compañía.
Finalmente, se dedicaron a conculcar derechos en el plano institucional. El kirchnerismo es, también, la crónica de una obsesión con en el Consejo de la Magistratura. Primero redujeron casi a la mitad ese órgano en 2006 (Ley 26.080) y después buscaron politizarlo por completo en 2013 (Ley 26.855). Cuando en diciembre de 2021 la Corte reinstauró la vigencia del esquema original (Ley 24.937), Cristina dividió al bloque oficialista en dos, para quedarse con tres de los cuatro consejeros que corresponden al Senado, aunque la norma sólo le otorga dos.
La Justicia
“Teníamos una Corte, conocida como la de ‘mayoría automática’, que legalizó todas las privatizaciones y el saqueo del patrimonio nacional”, lanza Cristina ahora. Durante la década menemista no fueran, ella ni Néstor, férreos opositores contra las privatizaciones. Más bien se les conocen fotos con sonrisas y abrazos junto con Carlos Menem y Domingo Cavallo, al compás de las reelecciones provinciales acicateadas por el éxito de la “Convertibilidad”.
En 2003, dice ella en su clase magistral del viernes, “cuando el pueblo y el Estado argentino son amenazados por la Corte y por su presidente con dolarizar la economía, finalmente se produce aquel memorable discurso de Néstor al poco tiempo de haber asumido, cuando solicita a la Cámara de Diputados que inicie el juicio político contra esos magistrados”. En esa frase se la nota genérica: “esos magistrados” dice, porque no puede decir “juicio político contra la Corte”. Néstor Kirchner sólo impulsó la remoción de algunos jueces supremos: no de la totalidad del máximo estrado, como pretende ahora el cuarto gobierno “K”.
Ni hablar de que, luego, Néstor redujo de nueve a cinco el número de vocales. El kirchnerismo, en el Senado, intentó llevar a 25 el número de miembros del superior tribunal. Y como no encontró los votos, terminó dando media sanción a un proyecto que los aumenta a 15.
Entonces la vicepresidenta, hacia el minuto 11.22, deja las evocaciones y vuelve al presente. “Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado con el Poder Judicial para hacer lo que se está haciendo, creo que hoy no estamos ante un Estado Democrático Constitucional”, dispara.
Las contradicciones, entonces, ya no son respecto de su hacer, sino también de su decir. Dos minutos antes había expresado otra cosa. “El oficialismo era oficialismo, orgullosamente de serlo, y la oposición era oposición porque tenía ideas diferentes. Este es el sistema. Así funciona el sistema. No es que todos tienen que votar lo mismo ni pensar lo mismo. Así por lo menos fue pensado por Montesquieu allá por la Revolución Francesa”, había señalado.
Es decir, unas veces está bien que la oposición tenga ideas diferentes y vote distinto. Otras veces, no. Y esas “otras veces” son cuando la oposición investiga la corrupción del Gobierno.
En cuanto a la Justicia, los Tribunales siempre obran mal. Incluso ahora, cuando sus miembros no amenazan con dolarizar nada ni a nadie, sino que le dicen al kirchnerismo que debe devolver la plata que le debe a Santa Fe por haberle retenido el 15% de la Coparticipación Federal de Impuestos entre 2006 y 2015 sin que hubiera un Pacto Fiscal que lo permitiese.
O cuando le marcan al Gobierno que no puede desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires por el sólo hecho de que sus habitantes siempre le den la espalda al kirchnerismo en las urnas.
O cuando le pauta al oficialismo que el Consejo de la Magistratura no es un juguete del antojo oficialista, sino una institución de la Constitución Nacional.
“Dos horas antes de esta conferencia magistral y de este Honoris Causa que me han dispensado, el Partido Judicial separa al senador Martín Doñate, que era el representante ante el Consejo de la Magistratura, y restituyen al miembro que había impugnado judicialmene (a Doñate). Más mafiosos no se consiguen”, se enoja Cristina en el minuto 12.39. Sin embargo, según se documenta en la causa “Cuadernos de la Corrupción”, las mafias en la Argentina son otras. Y según la sentencia en la causa “Vialidad”, son bastante peores que lo descrito.
Por cierto, hay una segunda contradicción, más sutil a la vez que más trascendente. La Argentina no debe tener un “Estado democrático constitucional” sino un Estado Constitucional de Derecho. La diferencia entre uno y otro es la república. Es decir, el imperio de la ley y la vigencia de las normas para limitar a todos, de modo que nadie tenga más poder que el que la ley le confiere. Y para castigar a todo aquel que delinca, sin importar cuántos votos posea.
“Siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder, y en la impunidad del poder, en algún momento colapsan. Más tarde o más temprano…”, alerta la Vicepresidenta.
Hay que escuchar a Cristina. Cuanto menos con la esperanza de que también ella se escuche.
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