Se reactiva la pesquisa por la venta de drogas en la cárcel

Se reactiva la pesquisa por la venta de drogas en la cárcel

La Cámara Federal de Apelaciones determinó que se debe citar a declarar en indagatoria a un ex juez y a 17 ex funcionarios penitenciarios

Se reactiva la pesquisa por la venta de drogas en la cárcel
24 Febrero 2023

La Cámara Federal de Tucumán declaró la nulidad parcial de una resolución dictada por el Juzgado Federal Nº 2 en el marco de una investigación por venta de drogas dentro del penal provincial que involucraría a funcionarios penitenciarios y a un ex juez. La decisión fue dictada en línea con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, que reclamaba que se tome declaración indagatoria a 17 imputados.

Con esta determinación, los jueces Federico Bothamley y Ricardo Sanjuán y la magistrada Marina Cossio ordenaron que el expediente vuelva al juzgado y que allí se dicte un nuevo pronunciamiento donde se llame a indagatoria a los involucrados, según informa la Justica federal en su sitio fiscales.gob.ar .

En la causa interviene la Fiscalía Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña y subrogada actualmente por Agustín Chit. La apelación ante la Cámara Federal fue sostenida por el titular de la Fiscalía General ante ese tribunal, Antonio Gustavo Gómez. La investigación engloba una serie de causas que si bien comenzaron de manera independiente, terminaron vinculadas. Allí se investiga el accionar que habrían desplegado por lo menos desde 2015 el ex juez de ejecución provincial Roberto Eugenio Guyot, el ex titular del Servicio Penitenciario de Tucumán Guillermo Antonio Snaider y otros integrantes del organismo como miembros de una organización cuyo objetivo era ingresar y comercializar estupefacientes dentro del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza. De acuerdo con la imputación, para lograr su cometido, torturaron, amenazaron y lesionaron a personas privadas de su libertad, que fueron los denunciantes de las maniobras, según se señala en el texto judicial.

En el fuero provincial se investiga además el asesinato -en noviembre de 2017- de uno de los denunciantes. “Fernando Sebastián Medina tuvo motivos suficientes para denunciar los padecimientos que atravesaba mientras era obligado a vender estupefacientes a sus compañeros en el Penal de “Villa Urquiza”. Por denunciar una organización que se dedicó a vender drogas en el penal a Fernando Sebastián Medina se lo privó de su vida”, se sostuvo en el dictamen presentado ante la Cámara. Si bien el MPF postuló que esa causa debe pasar al fuero federal, los camaristas consideraron que ese pedido debe plantearse en primera instancia. “Los hechos que se ventilan en el legajo y el ámbito en el que habrían ocurrido, denotan una gravedad institucional intolerable en un estado de derecho pues estamos ante el presunto obrar organizado que involucró a un ex juez de ejecución y a funcionarios del Servicio Penitenciario ”, sostuvo Gómez.

La Fiscalía Nº2 consideró que el juzgado debía llamar a indagatoria al ex magistrado Guyot (destituido en septiembre de 2020 por incumplimiento a sus deberes), a Snaider y a 15 agentes y ex integrantes del servicio penitenciario. Para el MPF, todos debían responder bajo las figuras del comercio de estupefacientes, amenazas, abuso de autoridad y falsificación de instrumento público. No obstante, el juzgado rechazó la petición. “En el caso concreto, no surge de las tareas investigativas señaladas por el Sr. Fiscal en su dictamen que exista motivo bastante para sospechar que los nombrados desarrollan conductas en infracción a la ley 23.737”, consideró el juez federal Fernando Poviña.

En su dictamen, Gómez detalló la cantidad de pruebas que la fiscalía le enumeró al Juzgado. “Quedó demostrado que el ex juez de ejecución y los funcionarios penitenciarios -en actividad y los retirados- se valieron de sus condiciones para articular un sistema que les habría permitido introducir estupefacientes al Penal de Villa Urquiza para su posterior venta entre los privados de la libertad”, repasó, y agregó que “los elementos objetivos puestos de relieve sirven de plataforma suficiente sobre la que se estructuró el requerimiento fiscal rechazado”.

Consideró luego que, si se habilita el llamado a indagatoria, “solo está abriendo una puerta a más y mejores probanzas en la causa e incluso la posibilidad de defenderse de los imputados”. “Quedó demostrado que el ex juez de ejecución y los funcionarios penitenciarios -en actividad y los retirados- se valieron de sus condiciones para articular un sistema que les habría permitido introducir estupefacientes al Penal de Villa Urquiza para su posterior venta entre los privados de la libertad”, consideró el fiscal general.

Los camaristas consideraron que se advierte “de manera más que suficiente” que existen motivos de sospecha como para convocar a una declaración indagatoria a los implicados.

“La omisión de consideración de los elementos probatorios obrantes, que se constituyen como suficientes para dirimir la situación procesal de los imputados con relación a su llamado a prestar declaración indagatoria, y su falta de merituación por el a quo [el juez de primera instancia] priva de fundamentos mínimos a la parte pertinente de resolución en crisis tornándola por ello inválida”, marcaron los jueces de cámara, motivo por el cual decidieron declarar la nulidad parcial de la resolución del Juzgado Federal.

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