

Los robos de herramientas y otras pertenencias del personal que trabaja en la obra para reparar el puente ferroviario que cruza el río Salí ha dado lugar a una situación de inseguridad insostenible, según denunciaron los responsables de la empresa contratada para este trabajo. Como se informó en nuestra edición de ayer, la empresa ha pedido a la Policía acciones para dar garantías, o bien se verán obligados a postergar la tarea.
De acuerdo a lo denunciado por la contratista, el 23 de enero expusieron en una nota a la Policía que los problemas son diarios desde el inicio de las actividades, el 1 de agosto de 2022, en los sectores este y oeste de la ruta alternativa km 1 y en el cruce del puente ferroviario, en Alderetes, y sobre el lecho del río Salí. Allí, detallaron, se utilizan “maquinarias viales pesadas, vehículos livianos y herramientas varias de uso manual”. Dijeron que temen por la integridad física de las personas y de todas las maquinarias y agregaron que, si bien habían realizado denuncias en la comisaría de Alderetes y en la seccional 10° de la Capital, “no hemos recibido adecuada respuesta”, ya que sólo pudieron “dejar constancia policial en las distintas jurisdicciones mencionadas” de los delitos sufridos, puesto que en las dependencias les indicaban que no contaban “con móviles y personal para tener presencia en el lugar y para garantizar la seguridad e integridad física del personal”.
El jefe policial de la Unidad Regional Este dijo que a partir de los requerimientos de la firma se llevaron adelante reuniones y se asignaron motoristas para que custodien la zona. Explicó que los hechos se producen en “una zona colindante entre la Costanera capital” y la jurisdicción a su cargo. Y advirtió que, al tratarse de una zona de paso, algunos oportunistas aprovechan para llevarse herramientas y otros elementos de trabajo”. Remarcó que no se trata de robos violentos “a punta de pistola”, sino de hurtos; que se han dispuesto recorridos y que se va a dejar un motorista en la zona para reforzar la prevención.
Habría que analizar que se trata de un área compleja, que por mucho tiempo ha estado abandonada y que requiere estrategias especiales, no sólo de seguridad sino en cuanto a cómo se van a llevar emprendimientos y actividades futuras. Las autoridades debieron saberlo cuando se decidió la necesaria rehabilitación del puente; esto es, se debió prever cómo se iba a asegurar la seguridad en esa zona complicada. Esa falta de previsión ha sido, por ejemplo, causa de millonarias pérdidas en el barrio Manantial Sur, donde por falta de custodias contratadas de modo privado o de recorridos policiales fueron vandalizadas 1.000 viviendas. El Estado ha tenido que pagar de nuevo la construcción de esas 1.000 casas. Fue falta de previsión, incluso aunque se informó que había habido problemas con las empresas. Lo cierto es que nadie se hizo cargo de esos bienes públicos.
En el caso que nos ocupa correspondería que se considere que no se trata solamente de un problema policial sino de una necesaria previsión a tomar desde el mismo momento en que se emprende una obra de esta naturaleza. Se trata de una obra calificada como esencial para que los trenes de la línea Mitre vuelvan a San Miguel de Tucumán, por una inversión de $ 3.100 millones.







