Incumplimiento del deber

Luis Iriarte  

Abogado constitucionalista

La legislatura de Tucumán avaló, en sesión extraordinaria, el “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) dictado por el gobernador interino Osvaldo Jaldo, el mes anterior. Dicho DNU establecía la autorización para que el Ejecutivo contratará en forma directa, la empresa que tendrá a su cargo la reparación de filtraciones de la presa Nª 3 del dique El Cadillal, Dichas filtraciones se conocían por el gobierno desde 2021, conforme información de La Gaceta, edición del 28/01/2023, no desmentida por nadie.

Se eludió, con este DNU, la licitación pública impuesta por el Art.12 de nuestra norma de base, esencial para garantizar la transparencia de contrataciones donde se invierte ingente dinero público. Los trabajos a realizar están estimados en 700 millones de pesos. El citado Art.12 prevé la excepción a la licitación pública cuando mediaren “razones especiales reclamadas por el bien público”.

La Constitución de Tucumán, por su parte, faculta al Gobernador a legislar por decreto, en temas que le corresponden a la Legislatura, cuando se presentan “circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por dicha norma de base para la sanción de leyes”. En 2021 y 2022 la Legislatura tuvo a su disposición 16 sesiones ordinarias, durante las cuales el gobernador Juan Manzur o el interino Osvaldo Jaldo debieron presentar un proyecto de ley para solucionar este grave problema, designando, luego de su aprobación, a la empresa que ganase la indispensable licitación pública. Ambos guardaron silencio durante 2021 y 2022, en esta gravísima problemática del dique, originando, deliberadamente, por incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, la “circunstancia excepcional” habilitante a que hace referencia el Art.101 constitucional, permitiéndole a Jaldo afrontar las necesarias reparaciones sin llamar a licitación pública. Ahora el PE evalúa tres ofertas para la reparación del dique.

Del debate legislativo del 31 de enero, resalto lo denunciado por el legislador Walter Berarducci (PJS), al destacar que dos empresas “invitadas” al cotejo de precios por el Poder Ejecutivo, se presentaron como “como unión transitoria” (su oferta compite contra otras dos, presentadas por Fundaciones especiales SA y por José Cartellone SA. Berarducci destacó la “casualidad” de que en ambas empresas-Sabavisa y Mercovial- aparece en una, como vicepresidente, José Luis Gualteri y en otra, como director. Y en Sabavisa SA, pese a ser diferente de Mecovial SA, está el representante técnico, Luis Daniel Vicenti, y en la empresa Mercovial SA, “otra casualidad”, de representante técnico está Luis Daniel Vicenti. También tienen el mismo apoderado, Néstor Raúl Fossa. Añadió Berarducci que Gualteri fue denunciado por el gobernador de San Luis por dos proyectos relacionados a diques y que Mercovial SA tiene como antecedente la rescisión de contrato por incumplimiento de obra en dos proyectos en la provincia puntana. El artículo 2 del DNU “convalida” todo lo actuado por el PE, criticado también por este legislador.

Todo lo denunciado por Berarducci tiene “olor” a probable corrupción, lo que no hubiera ocurrido si se hubiera licitado públicamente esta operación. Bienvenido sea el análisis por la Legislatura de este DNU, terminando con su inconstitucional aprobación por silencio legislativo. La oposición cobró el relieve que institucionalmente le corresponde, controlando las medidas del Ejecutivo, en especial cuando hay mucho dinero público en juego.