Un chofer de Uber deberá pagarle $ 20.000 al inspector que amenazó

Un chofer de Uber deberá pagarle $ 20.000 al inspector que amenazó

Realizará tareas comunitarias y se le quitará la licencia por cinco años, según se resolvió ayer en una audiencia.

El conductor de un Uber que había amenazado con un arma de fuego a un inspector de tránsito de la capital, indemnizará a la víctima, realizará tareas comunitarias y se le quitará la licencia por cinco años, según se resolvió ayer en una audiencia.

El hecho se registró el sábado en 24 de Septiembre y San Luis. Cerca de las cinco, en un control de rutina, dos municipales decidieron detener la marcha de un hombre que transportaba en el asiento trasero a una mujer.

Los inspectores le solicitaron la licencia de conducir y la tarjeta verde. Le preguntaron si era un chofer de Uber y les dijo que no. Luego, hablaron con la pasajera. Ella aseguró no conocer a esa persona y que lo había contratado a través de una aplicación. Ante esa situación, los municipales le anunciaron que le retendrían el auto.

El conductor intentó recuperar la documentación. “Entregámelas porque son mías”, les habría a los dos hombres de Tránsito. Como no pudo cumplir con su objetivo, ingresó al interior del vehículo y extrajo un arma de fuego y la remontó. Luego le apuntó a la pierna a uno de los inspectores La pasajera, al observar lo que estaba pasando, huyó despavorida.

“En ese momento aparecieron en el lugar cuatro bicipolicías para intervenir, pero el conductor escapó dejando los elementos que se le habían retenido. Los inspectores lo persiguieron durante unas cuadras, pero al ver que estaban poniendo en peligros sus vidas, les ordené que desistieran”, explicó subsecretario de Tránsito y Transporte Enrique Romero.

El funcionario informó que, después del grave incidente, se presentó en la ex Brigada para denunciar el caso. Declaró el damnificado y entregaron la documentación. “Su titular Jorge Dib inmediatamente dio instrucciones para que se investigara el caso. Cuando reunió todas las pruebas, solicitó una orden de allanamiento”, explicó Romero.

La fiscala de feria María Alejandra Navarro consiguió una orden de allanamiento que se concretó el domingo. Detuvieron al conductor y secuestraron el auto.

El acusado de amenazas graves por el uso de arma de fuego pidió que el caso se cerrara a través de una salida alternativa. Se resolvió entonces a una suspensión a juicio a prueba, ya que el imputado no tiene antecedentes.

El auxiliar fiscal Fernando Isa fue el encargado de relatar el hecho y describir las pruebas reunidas. A continuación, el conductor de Uber se comprometió al pago en concepto de reparación de $20.000 a la víctima y trabajos comunitarios por el término de un año en una institución que determine la Oficina de Control de Probation. Además, deberá cumplir reglas de conducta por el mismo plazo. Por último, Romero explicó que se le suspenderá la licencia hasta enero de 2028, por lo que no podrá trabajar más en esta actividad.

Balance

“El trabajo de la gente de la Brigada fue muy bueno. Nos recibieron la denuncia y rápidamente hicieron todos los trámites para que estas persona sea ubicada”, comentó Romero en una entrevista con LA GACETA. “El nivel de violencia de todos los conductores es muy grave, pero nunca tuvimos un problema con un chofer de Uber”, añadió.

Recordó que hace dos meses hubo otro incidente, pero no tan grave como este. “En un control se descubrió a uno de ellos y, al percatarse que le quitaríamos el auto que estaba manejando, circuló en marcha atrás por varias cuadras por la avenida Sarmiento. Ordené que se detuviera la persecución porque estaba en riesgo la vida de terceros”, añadió en la entrevista.

El servicio de Uber no está autorizado en nuestra provincia. En noviembre pasado, los legisladores sancionaron una norma para derogar una ley que permitía la existencia de este medio de transporte. Taxistas de Yerba Buena y de San Miguel de Tucumán protagonizaron protestas para exigir que haya más controles sobre este medio de transporte que sigue funcionando como si nada.

Romero también se refirió a la resolución de este conflicto penal. “Por un lado podemos decir que $20.000 no son nada, que con esa suma de dinero no se la irá el cagazo al inspector. Sin embargo, no puedo dejar de destacar los beneficios que tiene este nuevo código”, destacó.

“Cuatro días después de haber protagonizado este delito, el acusado ya recibió un castigo que es bastante importante si tenemos en cuenta todo lo que tiene que hacer”, finalizó el funcionario municipal.

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