Violencia contra la mujer: piden políticas

En  el Día Internacional para la Eliminación de toda forma de Violencia contra la Mujer, la Cátedra Libre de DDHH de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) envió un comunicado para  hacer “un enérgico reclamo para que en Tucumán -y en todo el país- el Estado cumpla efectivamente con su rol de prevención, asistencia y reparación para las mujeres en situación de violencia”. Explicó que la violencia basada en razones de género “es un flagelo que impacta a  más de la mitad de la población,afecta de manera alarmante a niñas y adolescentes, al colectivo LGBTI+, a las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas con VIH-Sida, con discapacidad, muchas de las cuales ven potenciada su vulnerabilidad porque se  encuentran en situación de pobreza, sumado a  su lejanía de los centros de salud y otros contextos de contención”. “A un mes de que finalice 2022, nos faltan Ana Picone y Verónica Rivero, víctimas de feminicidios directos, y Noelia Sosa, víctima de feminicidio indirecto”. Son mujeres que pidieron ayuda y no la recibieron. “A estos trágicos asesinatos deben sumarse 52 intentos de feminicidios entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022 (según datos del Registro Nacional de Femicidios, Trans - Travesticidios Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”). Las Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) informaron que, en este período, en nuestro país hubo una muerte violenta cada 22 horas. Casi seis de cada 10 de las víctimas tenían hijos; 228 niños y adolescentes se quedaron sin madre. “La violencia de género, en todos sus matices, evidencia la falta de una mirada articulada e integral que sea eficaz. Desnuda una peligrosísima realidad: hay mucho por hacer en la batalla cultural contra las conductas patriarcales. Por ello, es hora de que el Estado se tome en serio la aplicación efectiva de la Ley Micaela y que instrumente los mecanismos para tomar denuncias y acompañar los casos de violencia de género. Es la base para prevenir”. Añadió que en todo el territorio provincial funcionansolo cinco refugios de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social.”Es imprescindible que el Estado provincial y nacional priorice recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres y del colectivo LGBTI+”. Además, “en lo referido a la reparación, es necesario que tengan aplicación efectiva las políticas dirigidas a familiares y personas allegadas a las víctimas como el Programa para el Apoyo Urgente (PAU) o la Reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de víctimas de violencia de género (Rennnya)”. También pide que se incorpore un registro de quienes utulizan la violencia económica o patrimonial.