21 Noviembre 2022

Álvaro José Aurane

Para LA GACETA

“¿Qué sucedió en la batalla de Vuelta de Obligado?”, pregunta Camila Perochena en “Cristina y la Historia” (2022, Crítica, páginas 66-67). Ella repitió esa retórica a finales de la semana pasada, cuando vino a Tucumán para presentar su libro, invitada por la Fundación Federalismo y Libertad. Justo en vísperas del feriado conmemorado ayer, mudado para hoy.

La historiadora recuerda que, en 1845, fuerzas de Inglaterra y de Francia bloquearon el puerto de Buenos Aires. Adujeron que esa decisión era la represalia contra la intervención del gobierno de Juan Manuel de Rosas en el conflicto interno que vivía Uruguay. Dos años antes había estallado el sitio de Montevideo, consumado por Manuel Oribe, de los “blancos”, aliados del rosismo. Estaba en conflicto con los “colorados”, aliados de los antirrosistas.

Rosas se inmiscuyó en los asuntos internos de otro Estado, justamente, porque en Uruguay se habían exiliado muchos opositores al régimen de Buenos Aires. Como Esteban Echeverría, amigo del tucumano Juan Bautista Alberdi. Esos antirrosistas apoyaban la intervención de las potencias europeas en el conflicto rioplantense: en la base del bloqueo se encontraba el reclamo de las provincias del Litoral argentino en favor de la libre navegación de los ríos: para llegar por vía fluvial al puerto de Buenos Aires debían pagarle impuestos a la administración bonaerense de Rosas. Era así desde 1820, tras la caída del poder central. “Buenos Aires dominaba el comercio de importación y exportación con los países extranjeros y monopolizaba los ingresos de la Aduana del puerto de ultramar, sin distribuirlo con el resto de las provincias”, describe Perochena. Rosas se hacía llamar “federal”, pero lo era sólo para Buenos Aires.

“El 20 de noviembre de 1845, la flota anglo-francesa remontó el río Paraná. Al llegar a Vuelta de Obligado, al norte de Buenos Aires, se enfrentó al ejército de la Confederación, que había desplegado cadenas y dos baterías para impedir el paso de los buques. El resultado de la batalla fue una derrota para Buenos Aires (perdió más de 200 hombres contra siete de bando enemigo), mientras los barcos de Francia y Gran Bretaña atravesaban las cadenas hasta arribar a Corrientes. Allí fueron recibidos con festejos. Los correntinos venían reclamando contra las políticas económicas impuestas por Buenos Aires desde la década del 30, convirtiéndose en un bastión que desafió la aspiración de Rosas de manejar el poder en el conjunto de las provincias”, precisa en su libro la doctora en Historia por la UBA.

La interpretación “K” de esos hechos fue otra. En 2010 (en la primera presidencia de Cristina Fernández y un año después de que Néstor Kirchner perdiera los comicios de diputados en Buenos Aires contra Francisco de Narváez), se instauró el feriado que evoca la derrota bonaerense en la batalla de Vuelta de Obligado. La Ley 20.770 lo fijó -nada menos- como Día de la Soberanía Nacional. El decreto reglamentario 1.584/2010 -reproduce Perochena- dice: “algo más de un millar de argentinos con profundo amor a su patria enfrentó a la armada más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional”. Para más desfases, agrega que la fecha debía contribuir a “fortalecer el espíritu nacional de los argentinos y recordar que la patria se hizo con coraje”.

Una matriz

El feriado de hoy, entonces, llega en horario para alumbrar una de las matrices centrales del relato kirchnerista: el esfuerzo semántico por convertir las derrotas en victorias morales. Lo que se traduce en una narrativa que intenta coparticipar los fracasos kirchneristas como derrotas del pueblo, pero no de los “K”: ellos son sacrificados dirigentes que encabezan la gesta nacional y popular. La derrota de Rosas no fue por una causa nacional, sino bonaerense. Y poco y nada tiene que ver con la soberanía: no había República Argentina por entonces, ni la habrá hasta la segunda mitad del siglo XIX, tras otra derrota de Rosas: la batalla de Caseros abrió el camino hacia la organización nacional y hacia la Constitución Nacional que Alberdi inspiró para que esta nación fuera gobernada con república, representatividad y federalismo. Todo lo contrario a la concentración del poder, a la tiranía y al centralismo de Buenos Aires.

A partir de esa matriz, que Néstor perdiera en 2009 fue una derrota del pueblo. Escrito esto por Cristina en “Sinceramente” (Sudamericana, 2019, páginas 233-234). “En esas elecciones de medio término, el pueblo tuvo la oportunidad de elegir a la persona que tan sólo cuatro años antes los había sacado del infierno, y sin embargo votaron a De Narváez. Es algo que nunca voy a comprender. Perdón… ¿sólo los dirigentes tienen que hacer autocrítica? ¿Las sociedades no se autocritican? (…) ¿A quiénes estoy gobernando?, me preguntaba”.

Luego, las causas por corrupción que enfrentó buena parte del funcionariado kirchnerista, en muchos casos con condenas, y la que ahora afronta la Vicepresidenta de la Nación por presunto direccionamiento de la obra vial patagónica en favor de Lázaro Báez, son, simplemente, una conspiración de “la derecha” (como si el kirchnerismo no tuviera socios y hasta miembros provenientes de las derechas provinciales), “los medios” (como si el kirchnerismo no dispusiera de multimedios afines) y de los magistrados (como si la agrupación de jueces “Justicia Legítima” fuese opositora). En una palabra, “lawfare”. Es decir, una “guerra jurídica”. Un enfrentamiento en el que el oficialismo es una milicia de patriotas. No son, ni remotamente, ciudadanos iguales ante la ley, procesados por presunta corrupción.

Ahora es el turno de otra “guerra”: el conflicto de poderes. El que ha desatado de manera inédita en la historia argentina el Senado de la Nación, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, al decidir desobedecer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha puesto en evidencia el fraude a la ley perpetrado por el kirchnerismo. Presuntamente, claro está…

Dos reveses

En diciembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la conformación con 13 miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación que selecciona, sanciona y remueve a los miembros del Poder Judicial. Consecuentemente, y hasta tanto se dicte una nueva norma, volvió a entrar en vigencia la composición original de 20 miembros, dispuesta en 1997 por la Ley 24.937.

Con los 13 miembros (Ley 26.080), el Congreso sentaba tres senadores y tres diputados. En cada caso, dos por la mayoría y uno por la primera minoría. Léase, dos para el oficialismo y uno para el bloque opositor más votado. Con la vuelta al Consejo de 20, cada Cámara debía designar un cuarto consejero, que según la Ley 24.937 le corresponde a la segunda minoría. Es decir, a un segundo bloque de la oposición. No es un asunto que deje lugar a dudas. Cuanto menos, no para la Cámara de Diputados. En abril pasado (cumpliendo con los 120 días de plazo dados por la Corte Suprema para cubrir la vacante cuando fulminó la Ley 26.080), Sergio Massa designó a la radical Roxana Reyes como cuarta consejera. Se sumó a las peronistas Graciela Camaño y Vanesa Siley; y a Pablo Tonelli, del PRO, todos con mandato hasta este mes. La semana pasada, Cecilia Moreau renovó la representación de Diputados con igual criterio: Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos; Álvaro González por el PRO y Reyes por la UCR.

Pero en el Senado el kirchnerismo decidió que podía ser mayoría y minoría a la vez. O lo que es peor: oficialismo y oposición en simultáneo. Entonces en abril, pero fuera de los 120 días de plazo de la Corte, dividió su bloque de 35 miembros en dos: 24 en la bancada Nacional y Popular y los 11 restantes en Unidad Ciudadana. Y decidió quedarse con el consejero de la segunda minoría, que le corresponde al PRO (nueve miembros), precedido por la UCR (18).

Lo de “le corresponde al PRO” no sólo es sentido común y precedente de la Cámara Baja: es también una sentencia judicial, mediante la cual Corte Suprema le reprocha al kirchnerismo su “ardid”, su “maniobra” y su quebrantamiento de “la buena fe” indispensable para validar todo acto jurídico. A la vez, le recuerda al poder político su deber de respetar los límites de la ley.

Pero al igual que con la batalla de Vuelta de Obligado, la interpretación “K” es otra. El relato sostiene que se trata de un fallo político, con “improperios” contra la titular del Senado, que configura un “intento de manipulación” del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte, en términos de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. Juliana Di Tullio, senadora bonaerense, denunció que el máximo estrado judicial “avasalló al Poder Judicial”.

Otra vez, el decisionismo político, volcado a acumular poder y a abusar del derecho para acaparar espacios ajenos, se presenta como “gesta nacional”. Otra vez -como la reinterpretación del rosismo- se pretende que este conflicto, detonado por la vocación “K” de manejar el conjunto de los poderes de la república, es en realidad una causa por la soberanía. En este caso, la “soberanía” del Senado frente a la Corte Suprema “invasora”.

Otra vez, como con este feriado, se intenta presentar una derrota como una victoria moral. Pero esta vez, las derrotas son dos. La primera, vivida en los tribunales, es la del kirchnerismo. La Justicia le ha dicho al oficialismo que las leyes no son lo que al poderoso se le antoja.

La segunda derrota consiste en que el kirchnerismo decidió estar más allá de la Constitución. En el Estado de Derecho nadie tiene más poder que aquel que la ley le confiere. La Justicia es el poder que no legisla ni ejecuta leyes, porque su atribución exclusiva es interpretarlas. Ahora, los “K” dicen que esa también es una facultad del Senado. El imperio de la ley, requisito básico de la democracia liberal (junto con la independencia judicial, los derechos civiles consagrados, la libertad de expresión y el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil) acaba de ser dejado de lado. Y lo que Alberdi consagró en la Constitución es una democracia liberal.

El kirchnerismo es una mayoría indiscutida que ha decidido acallar a una minoría, a pesar incluso de un fallo de la Corte. La democracia yace derrotada en la maltrecha república.

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