La nueva ley contra el narcomenudeo, número 9.188, se ha puesto en marcha. Faltan varios detalles, como el nombramiento del fiscal penal subrogante José Alfredo Sanjuán Quirós (esta semana habría sesión legislativa para ello) pero la norma ya está en vigencia y todos van repitiendo la arenga del gobernador interino, Osvaldo Jaldo: se aplicará “caiga quien caiga”. “Quedó claro que no se persigue al consumidor, sino al que vende”, dijo hace 10 días el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en “Panorama Tucumano”. Casi al mismo tiempo, la Policía y la Justicia allanaban un predio del sur de Yerba Buena donde se hacía cultivo de cannabis medicinal autorizado y debieron devolver las plantas a la semana siguiente. La excusa policial fue que el cultivador no tenía papeles en ese momento y que había una denuncia de que en ese lugar había una moto robada, la cual no fue hallada.
Cabe señalar que la justificación de que se encuentran plantas de cannabis en allanamientos en causas por robo es constante y ha sido uno de los argumentos fuertes para presionar para que se aplique la ley contra el narcomenudeo, que estaba parada (en esta nueva versión, de 2019) por un planteo judicial desde 2014.
Conflicto en la Corte
El argumento de que la droga está en el origen de la inseguridad ha prendido fuerte en todos los estamentos del poder (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y todas las trabas han ido cayendo. La principal era el planteo del ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, que decía que era ilegal, “porque es un tema nacional; desde los tratados preliminares de formación de la Nación, esto se transfirió a la Nación para lo cual las provincias transfieren impuestos, y por eso es competencia de los juzgados federales”. Así lo explicó en “Panorama Tucumano”, en 2019. Además, dijo, “dividirlo también es un tema de tipo legal, porque dividir la competencia por la mitad es dificultoso”.
Con esa base de planteo, la Corte Suprema de Justicia tuvo detenida la ley, pero este año, ante la insistencia del Poder Ejecutivo, levantó el amparo pedido y eso permitió que se avance en la implementación de la norma. A partir de allí se creó la “Comisión interpoderes dedicada al control y seguimiento de los resultados, análisis y evaluación de la implementación de la ley, así como propuestas superadoras en materia de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia”.
Jiménez, que tuvo reparos a los problemas para implementar la norma, parece coincidir con Jaldo en cuanto a la peligrosidad que trae aparejado el narcotráfico. Por eso ahora participa en las actividades de esta comisión, si bien no ha pedido, que se sepa, desestimar el planteo de fondo, que era la inconstitucionalidad de la Ley de Narcomenudeo, que todavía espera el fallo de la Corte Suprema. Si dijera que es inconstitucional, ¿se caería toda la parafernalia armada para combatir el narcomenudeo, jueces y fiscales nuevos incluidos? No es que en la Corte estén todos alineados: el levantamiento del amparo se dio por mayoría simple, de tres a dos.
Ambigua diferencia
Con todo, los problemas de la aplicación parecen ser más importantes ahora. Uno es la falta de capacitación de los estamentos de seguridad para aplicar la ley –está en el fondo del planteo de Jiménez-, lo cual fue precariamente descripto por el ministro Agüero Gamboa cuando dijo que “será narcomenudeo cuando se encuentren ‘bochitas’ o ‘ravioles’ con droga para la venta y también cuando se halle el equipo para fraccionar los estupefacientes. Se considerará narcotráfico cuando se trate de ciertas cantidades mayores o ladrillos de droga”.
En teoría la comisión evaluadora determinará cómo se va aplicando esto. Pero sigue sin estar claro si pueden distinguir cuándo hay plantas de cannabis medicinal y cuándo se trata de plantas para “porros” o cannabis recreativo. En esa confusión, podrían llegar a allanar estudios que se lleven a cabo con el recientemente creado Observatorio de Cannabis Medicinal de la Universidad Nacional de Tucumán. Cómo será la incertidumbre que hay al respecto, que en la misma presentación del Observatorio las autoridades universitarias, se vieron en la necesidad de aclarar que se trataba de cannabis medicinal. Habrá que poner cartelitos en todo porque, al menos en el caso del predio de Yerba Buena, Policía y Justicia fueron a troche y moche siguiendo el impulso jaldista y secuestraron todo. Volvieron atrás y devolvieron en silencio.
Esto se vincula con la crónica falta de capacitación en la Policía. Se habla mucho. Por ejemplo, el ministro Agüero Gamboa dijo en el programa que se hicieron capacitaciones en violencia de género (“la fuerza policial viene trabajando bien”, describió) y que el 911 de pedidos de auxilio ha sido certificado con normas IRAM, pero no pudo explicar por qué todo falló con la tragedia de Noelia Sosa en Trancas. También se dice que se recibirán denuncias por narcomenudeo en todas las comisarías. Como las de violencia de género.
Escasez crónica de recursos
Tampoco está claro el problema de falta de recursos –también mencionado en el planteo de Jiménez-. ¿La Nación enviará el dinero que hace falta para esto, si no se preocupa siquiera de aportar fondos y personal a los Juzgados y Fiscalías federales del interior, que están desmantelados? Con todo, se han nombrado 780 nuevos policías provinciales -180 penitenciarios que se ocuparán del cuidado de detenidos en las comisarías-, 14 nuevos magistrados locales, se están construyendo tres cárceles y se ha dado entidad a la tarea que deben cumplir las organizaciones de ayuda a adictos.
También se dice que se está siguiendo el resultado de la aplicación de leyes de narcomenudeo en otras provincias, como Salta. Según se sabe, en Córdoba ha fracasado. Cayó la persecución de los grandes narcotraficantes y hubo mucha captura de adictos, con lo que la tarea quedó prácticamente en la nada. O en demasiado poco. A eso se refirió el vocal de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbetta, cuando dijo que no servía el sistema de leyes de narcomenudeo.
Plantitas en el placard
Por detrás de todo esto sigue pendiente el debate sobre la droga, las adicciones y la forma de combatir el narcotráfico. Hay lugares de Estados Unidos donde están permitidos el cultivo, el consumo y la venta de marihuana recreativa. El gobierno de Alemania acaba de enviar un proyecto para legalizarla, a fin de tener un control público de la cadena de suministro del cannabis con el objetivo de “garantizar la protección sanitaria y de frenar la delincuencia organizada y el mercado negro”. Ya el año pasado la Corte de México dio vía libre al uso recreativo de marihuana –incluye consumo, siembra y transporte-. Los adolescentes y jóvenes mexicanos habrán dejado de cultivar plantitas a escondidas en el placard.
Mientras la Policía se entusiasma y gasta los recursos en perseguir plantitas de cannabis, otras drogas de tipo sintético ya circulan, como el éxtasis. En Estados Unidos causa estragos el fentanilo, fantasma que apareció en la tragedia de la cocaína adulterada en febrero en Buenos Aires. ¿Hacia dónde va Tucumán con el empuje antinarcomenudeo? Hacia muchas detenciones, mucho movimiento policial en los barrios de la periferia y tal vez confusiones con cultivos de cannabis medicinal. ¿Caerán por ahí los llamados “señores de la muerte”? Todo está por verse. “Estamos en un brete”, le preguntaron en 2019 al ministro fiscal Jiménez. “El brete se irá resolviendo con lo que sea necesario –respondió-; si Legislatura, Ejecutivo y Justicia consideran que hay recursos suficientes y es legal, habrá que cumplir la ley”.
