La tragedia que enluta a Los Ralos y a la provincia entera deja, además de la muerte de un niño a manos de su madre, la perentoria tarea de afianzar políticas que abarquen los aspectos de la salud mental, sobre todo en personas que tienen la responsabilidad de llevar un arma. La familia de Manuela Medina relató distintos sucesos en los que se vio involucrada la Policía, que tuvieron que ver con episodios violentos, por lo que podría decirse que se trataba de una tragedia anunciada.
Los especialistas vienen reclamando un mayor compromiso del Estado con respecto a la salud mental. Sobre todo después de la pandemia, cuando se ha visto un fuerte incremento de patologías. Y es algo que sobrepasa a los profesionales.
“¿Por qué no hacen las cosas los psicólogos encargados de ver quiénes entran a la Fuerza? Tienen que hacer un buen tratamiento, que se fijen bien qué hacer con estas personas y no darles un puesto público cuando significa un peligro darles un arma. Una persona con problemas psiquiátricos no puede recibir un arma”, analizó en entrevista Higidio Véliz, el abuelo paterno del pequeño Yulian Jesús Gabriel Jiménez, al que su madre mató a balazos. En agosto de 2014 se informó que la Policía debería seguir protocolos relacionados con la salud mental, tanto en forma interna como para intervenir en situaciones cotidianas. “Las situaciones de crisis o de emergencias en salud mental expone a la persona en una situación de vulnerabilidad, afectando su estado emocional, pensamiento y conducta”, indicó Lemaitre y agregó: Por todo esto deben recibir una atención adecuada”, dijo en ese momento Marcela Lemaitre, quien era jefa de la División de Salud Mental del Programa Integrado de Salud (PRIS).
Dos años después se informaba que “dentro del Plan Integral de Seguridad del Ministerio de Gobierno Justicia y Seguridad, se efectuó el Lanzamiento del Área de Salud Mental Policial, proyecto inédito en el norte Argentino, que permitirá al Personal Policial ser asistido en el campo de la Salud Mental, de manera inmediata antes y después de hechos traumáticos, conflictivos e inherentes a la función que desarrollan los empleados. Este Sistema de Asistencia estará a cargo de la Mg. Carolina Moreno, brindando asistencia, asesoramiento y contención psicológica a cada uniformado para su mejor desempeño y calidad de vida”.
Según admitieron en la misma fuerza, Medina ya había tenido antecedentes. “Esta persona tiempo atrás había tenido problemas familiares, por esa razón se le quitó el arma y estuvo con atención psiquiátrica hasta que recibió el alta médica. Se aplicó el protocolo vigente, en el cual esta agente trabajó con un profesional particular, que le dio el alta y luego eso se revisó en una junta médica, con el médico de la Policía, que confirmó el diagnóstico.
Durante ese ínterin la mujer cumplió tareas administrativas. Entender por qué luego pasó esto, que es muy grave, es algo que sólo podrían responder los profesionales”, dijo el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez.
El caso reabre el debate acerca de los controles que pasan los aspirantes a ingresar a la Fuerza de seguridad. Hace pocos días el gobernador Osvaldo Jaldo puso en funciones a 800 nuevos agentes y según el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa hay un protocolo que deben respetar quienes quieren ser parte de la Policía.
Roberto González Marchetti, el ex presidente del colegio de Psicólogos, afirmó que ya había advertido meses atrás que el estrés que generan las situaciones violentas a las que se enfrentan los efectivos puede afectarlos. “Desde 2016, cuando era presidente del colegio de Psicólogos, planteábamos la importancia del examen psicológico previo al ingreso a la Policía y también la aplicación de protocolos ante el incremento de denuncias por violencia. Siento que hay insuficiencia de los recursos humanos profesionales para evaluar el incremento de estos casos, sobre todo durante la pandemia”, expresó.
Ante esto urge renovar los protocolos. Aunque se trate de una fuerza con más de 12.000 efectivos, los controles deben ser exhaustivos para tratar de evitar situaciones como las vividas. La Policía debe ser garante de seguridad para el ciudadano, y su salud mental debe ser controlada para tranquilidad de todos.
