Jonathan Morel, identificado como líder de la agrupación Revolución Federal, y otros cuatro integrantes de ese espacio, fueron detenidos ayer en el marco de la causa donde se investiga a la agrupación por arrojar bombas molotov, y lanzar mensajes violentos. Los tres delitos que se investigan son incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos, informaron fuentes judiciales.
En este expediente, que tiene puntos de contacto con el del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante. Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de homicidio contra la presidente de la Cámara de Senadores, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto frente a la Casa Rosada) y se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados.
Las detenciones ordenadas en la jornada de ayer fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, mientras que la instrucción de la causa está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. En este escenario, el jueves se realizaron en total 11 allanamientos que permitieron proceder con las detenciones de los acusados.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza encargada de los procedimientos, desarrolló su tarea en la carpintería de Morel y la sede de dos fideicomisos a través de los cuales él habría recibido dinero. Según Morel, el dinero en cuestión era el pago por objetos de carpintería. Como sus supuestos compradores, Morel identificó a la firma Caputo Hermanos. De acuerdo a lo consignado por el diario La Nación, no se firmaron órdenes de allanamiento en esa empresa sino en los fideicomisos, pero la dirección allanada, de la Avenida Santa Fe al 1300, coincide con la de Caputo Hermanos.
Una sorpresa
Entre los detenidos también quedó incluida Sabrina Basile, hija del director técnico Alfio “Coco” Basile, quien había estado prófuga durante varias horas. Basile había sido buscada en allanamientos realizados esta mañana y esta tarde se puso a disposición de las autoridades judiciales, manifestaron fuentes vinculados a la causa.
Esta causa penal se inició por una denuncia que recibió por mail la Policía Federal Argentina, en la que un hombre informaba que en las redes sociales estaba circulando “un perfil que atentaría contra la democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma directa al Presidente y Vicepresidenta de la Nación”, relató en el expediente el juez Martínez de Giorgi.
El perfil al que el denunciante se refería era la cuenta de Instagram @revolucionfederal. La publicación que citaba decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis”.
