Walter Berarducci . Archivo
Tras la muerte de Noelia Soledad Sosa (30 años), la mujer que se quitó la vida después de que intentara denunciar a su pareja por violencia de género, varios dirigentes políticos salieron a disparar contra el Gobierno de Tucumán. Entre ellos, el legislador Walter Berarducci culpó al Estado por su “ineficiencia”.
“Tucumán sufre una nueva muerte culpa de la ineficiencia del Gobierno Provincial”, manifestó. “Tristemente nuestra provincia se ve de luto ante la muerte de una joven que fue ignorada y destratada, en una Comisaría en Trancas, cuando intentaba realizar una denuncia por violencia de género. En lugar de tener una respuesta inmediata y eficaz, la mujer recibió una respuesta negativa que no tuvo en cuenta el riesgo que corría su vida”, continuó.
Por esto, el legislador del PJS pidió un informe sobre la situación actual de la fuerza policial al presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Roberto Chustek, dirigida al Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.
“Esta dolorosa situación, donde la víctima no es escuchada por las autoridades correspondientes, continúa ocurriendo en reiteradas oportunidades en Tucumán, a pesar de que la política kirchnerista de invisibilizar datos trate de negarlo”, dijo.
“La provincia necesita garantizarle seguridad en todos sus aspectos a la sociedad, algo que no sucede ni siquiera en un tema tan delicado como lo es la violencia de género”, agregó.
Según Berarducci, solicitó: se informe quiénes son los responsables de la Comisaría de Trancas, lugar donde ocurrió el hecho; quién era el Oficial de Guardia y por qué no estaba en su lugar de trabajo -Identificar quien fue el personal que atendió a la mujer; qué medidas se tomaron cuando la víctima les dijo que el agresor la esperaba en la puerta; un informe sobre los cursos de capacitación de violencia de género, Ley Micaela Perspectiva de género y/o similares que se les dicta al personal policial; cómo se realizan las estadísticas en ese Ministerio, que pautas y/o parámetros se toman en cuenta, y qué parámetros o cuestiones se tuvo en cuenta para no aplicar el protocolo que manda la ley.
