OPERATIVO. El fiscal Diego López Ávila supervisó un camping de la villa turística durante la investigación del caso de Paulina Lebbos.
Fueron tantas las irregularidades detectadas por la Provincia que hasta los propios funcionarios aseguraron que en El Cadillal se registraba una verdadera “ensalada dominial”. Pero, además de las usurpaciones, la villa turística ubicada a unos 25 minutos de la capital tucumana volvió a cobrar protagonismo por el crimen de Érika Antonella Álvarez. Pero no es el único, ni sería el último.
“Cuando está todo mal, ¿por qué no deberían ocurrir cosas malas? Lo ilógico sería que no pasara nada”, destacó José Ignacio Fuentes, vecino de esa localidad.
“Esto no es nuevo. No me sorprende nada. Pasaron muchos años viendo cómo se cometían irregularidades. Ahora que el Gobierno comenzó a poner orden en el lugar, empezarán a surgir situaciones o casos”, añadió Fernando Sosa, pescador que desde hace más de tres décadas concurre al lugar para practicar la actividad que disfruta.
Crímenes
A Érika no la mataron en El Cadillal, pero ese era uno de los lugares a los que habría concurrido para participar de reuniones que organizaba un tal “Carlo”, un narco de origen brasileño. La localidad apareció mencionada en dos de los casos más movilizantes de los últimos 20 años.
Una línea de investigación en la causa por la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos llevó a los investigadores hasta el camping 26 de Agosto, que en febrero de 2006 ya era un loteo ilegal. Según esa teoría, la joven habría perdido la vida en una fiesta en la casa de Alberto Kaleñuk, quien fue secretario privado del ex gobernador José Alperovich.
Los pesquisas no encontraron pruebas, ya que el ex jefe de Gendarmería Nacional habría ordenado destruir la vivienda cuando trascendió esa versión. Sí quedó el barrio Villa de El Lago, un emprendimiento inmobiliario que cuenta con unas 100 viviendas construidas en tierras fiscales y que fue comercializado por Luis Daniel Olivera.
Hasta hace no mucho tiempo, el administrador elegido por los vecinos era Luis “Niño” Gómez, ex integrante del Comando Atila (grupo parapolicial liderado por Mario “El Malevo” Ferreyra) y condenado por el crimen del cacique Javier Chocobar, ocurrido en 2009.
Las ex novicias Nélida Acosta y Marcos (antes Susana) Fernández, condenadas por el crimen de la maestra Ángela Beatriz Argañaraz, registrado en julio de 2006, también tenían una propiedad en esa localidad, que aún conservan. La búsqueda de su cuerpo -que nunca apareció- y de evidencias se centró en El Cadillal, ya que los investigadores sospechaban que podrían haberlo ocultado en la zona.
En julio de 2018, Martín Jiménez y su hijo Facundo murieron ahogados en el espejo de agua. Según la investigación, perdieron la vida al hundirse la embarcación que utilizaban para transportar leña. Para los investigadores, se trató de un accidente generado por una imprudencia, ya que habrían sobrecargado la lancha en un día que, por las condiciones climáticas, no era apto para la navegación. Los familiares señalaron entonces que ambos eran expertos y que no podrían haber cometido tantos errores.
Padre e hijo podrían haber estado vinculados a una disputa por tierras que estaban por ser comercializadas. Pero también eran esposo e hijo de Aída Correa, mujer que fue asesinada en 2012 en la villa. Pese a que el caso se cerró con dos condenas a prisión perpetua, nunca se supo con certeza cuál fue el móvil del femicidio de Aída.
Líneas narcos
El crimen de Érika está atravesado por la droga. Era doblemente vulnerable por sus adicciones. También estaba vinculada al tal “Carlos” y habría sido asesinada por Felipe “El Militar” Sosa, señalado como supuesto distribuidor de éxtasis en fiestas electrónicas.
Investigaciones con tintes narco también tuvieron a El Cadillal como foco. En mayo de 2016, policías de Santiago del Estero, con colaboración de efectivos locales, descubrieron que una organización estiraba y fraccionaba cocaína que luego enviaba a la vecina provincia. En los últimos 10 años, además, se detectaron varias plantaciones de marihuana.
Ángel “El Mono” Ale y el ya fallecido Rubén “La Chancha” Ale fueron condenados por liderar una asociación ilícita que se dedicó a lavar activos originados en actividades ilegales como la usura, la extorsión, la explotación económica del ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes. Durante las audiencias se reveló que uno de los bienes de los acusados era una lujosa casa que podría haber sido construida de manera irregular en El Cadillal. Al analizar esta situación, se mencionó a un ex allegado suyo, Carlos Bonanno, que luego sería electo en varias oportunidades como comisionado de esa localidad.
Margarita Toro, sospechada de dirigir una de las redes de narcomenudeo de Villa 9 de Julio, fue secuestrada el 24 de abril de 2018 por varios miembros del clan Acevedo, quienes terminaron siendo condenados por el hecho. Según se probó, la víctima fue llevada a una casa ubicada en un loteo irregular de El Cadillal que habría pertenecido a uno de los integrantes de “La Inimitable”. Uno de los acusados de haber participado en este hecho fue Cristian “El Gordo” Venturelli, pariente directo de René Venturelli, ex comisionado de la comuna, que también aparece mencionado en causas por ventas ilegales de tierras fiscales.
Luis “El Gordo” Vaca Vega fue condenado a 10 años de prisión en 2019 por integrar una banda narco dedicada a la comercialización de drogas. En los allanamientos realizados para detenerlo, los investigadores encontraron documentación que demostraba que era propietario de unas 13 viviendas. La más importante estaba en El Cadillal: en un lote ubicado en una zona protegida se hallaron dos viviendas -una de ellas de dos plantas, a medio construir- y un chalet. En el centro del predio, una pileta de grandes dimensiones.
