Armando el rompecabezas antidroga

Empujar. Haciendo lo que saben hacer. Los policías, deteniendo gente y encontrando narcoadictos por doquier. Asistentes sociales, enfermeros y médicos, detectando y tratando consumos problemáticos. Empujar para los policías es fácil y el gobernador interino, Osvaldo Jaldo, absolutamente pragmático, va por ese camino. Ya los agentes le están diciendo que “casi todos los hechos delictivos se vinculan con la droga” y detienen gente a mansalva.

Empujar no es tan fácil para la gente de Salud y del área social. ¿Qué van a empujar? ¿Adictos? No saben cómo hacerlo y las estadísticas con que cuentan son muy escasas. “Esto es armar un rompecabezas”, dice Lucas Haurigot Posse, que desde hace pocos meses está al frente del área que va a coordinar todo el trabajo entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, así como de las instituciones sociales y religiosas que trabajan con adicciones.

No saben qué van a empujar, pero tienen alguna expectativa: por primera vez se juntó a las ONG, las fazendas, las iglesias, los hogares, les dieron ayuda económica –entre $ 300.000 y $ 500.000- y les prometieron que volverán a ayudarlas cada dos meses y medio. “Es una bocanada de aire fresco”, dice el psicólogo social Emilio Mustafá, que trabaja con jóvenes con consumos problemáticos en los barrios La Costanera y Los Vázquez. Pero… “vamos a ver qué pasa, porque falta la mirada integral y de seguimiento –añade-. La madre de las batallas para la recuperación es cuando los chicos que se trataron vuelven al barrio”.

Todo en uno

En el empuje contra el narcotráfico, Jaldo plantea que toda actividad delictiva se vincula con la droga: “Demostramos día a día que esta actividad ilícita está directamente vinculada al delito”, dijo cuando empezó a hablar de poner en vigencia la ley de narcomenudeo. Le está costando, pero empuja: cada 15 días se reúne con la plana mayor de la Policía y con el Ministerio de Seguridad y constantemente le van dando razones que justifican su empuje: “Estamos percibiendo que hay muchas personas que se están volcando a esta actividad. Creemos que podrían cometer robos para hacerse de un capital y comprar sustancias”, dijo a fines de agosto el jefe de la Brigada Este, comisario Miguel Carabajal. “Es uno de los motivos por los que el gobernador Jaldo insiste en que la ley contra el narcomenudeo se aplique cuanto antes. Vamos a tener mejores resultados con esta norma”, agregó el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

Límites sin definir

Pero la comisión que trata de superar las trabas para aplicar la ley se tropieza con que no se puede definir dónde está el límite entre el micro y el macromenudeo. Por eso se oponía el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y hace tres semanas el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe y especialista en Derecho Penal, Daniel Erbetta, le dio un mazazo al empuje de Jaldo cuando dijo que “La ley de narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados; no me haría grandes expectativas”. “Meter presos a consumidores es lo más fácil, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización”, añadió. Jaldo ardió en furia y le replicó. Anunció que empujará más con su política antinarcomenudeo.

Demanda real de que se haga algo

Según cuenta Mustafá, en los barrios problemáticos, donde realmente se nota el reinado de los transas, “hay una sensación de impunidad porque todo el mundo ve dónde se vende la droga y hay como una legitimación simbólica de esa realidad. Pero sí hay cierta demanda real de que se empiece a hacer algo”. Pero agrega: “está claro que la estructura del negocio es para arriba, el sistema financiero y otros actores. Si la política punitivista va a ser sólo detener adictos de los barrios populares, no van a cambiar las cosas”.

El esquema represivo antidrogas por ahora está en veremos, pero abre expectativas.

En cuanto al trabajo contra las adicciones, hay bastante confusión, sobre todo por esa falta de integración de la que habla Mustafá. ¿No se sabía lo que pasaba? Raro, porque ya llevamos cerca de 15 años hablando de la explosión de consumo: “El 80% de los 3.400 jóvenes de la Costanera se droga… Los centros asistenciales, a ambos lados del río, están desbordados por mujeres y niños. En los CAPS no saben atender a los adictos, ya que no están preparados”, señala la nota de LA GACETA del 2 de enero de 2009. Desde entonces se han instalado cinco centros de ayuda (Cepla), hay un Observatorio de Adicciones y hay al menos 49 instituciones privadas de ayuda, lo cual muestra la dimensión del problema.

Sin embargo, no hay estadísticas contundentes que ayuden a construir la política. “En el encuentro en el Salón Blanco –hace un mes- hubo como una especie de autocrítica en el sentido de que se reconoció por primera vez que se está muy por detrás de la problemática”, dijo Mustafá, que advirtió que no hay casi equipos de territorio –el suyo tenía 15 personas y ahora son sólo dos- y que la política ha sido siempre inocentemente preventiva –llevan pelotas para estimular el deporte en los barrios- pero “falta abordaje con los chicos problemáticos, respuesta de salud para traslados en emergencias y psiquiatras para detectar problemas, sobre todo los fines de semana. No hay psicólogos en los CAPS y el personal no sabe cómo tratar esos temas”. Dice. “El Cepla de la Costanera siguió la línea más que nada de apuntar a trabajos preventivos y ahí hace falta tarea asistencial”.

Los datos que tiene al área de Salud Mental y Adicciones que conduce Walter Sigler son de consultas en hospitales, agrega, porque de los CAPS es escaso. ¿Cómo corroborar eso? Un informe de Sigler da cuenta de que en 2021 se registraron 13.748 consultas, un 41% en hospitales de la Capital y las Moritas; un 35% en hospitales generales y un 16% en el primer y segundo nivel de atención, es decir CAPS y policlínicos.

Atraso en los datos

Como sea, Mustafá dice que en la Secretaría de Adicciones “siempre se negó que la problemática estaba instalada. Yo ahora atiendo chicos de 10 años en consumo, y eso es nuevo porque nunca nos preparamos para eso”. Y la Provincia va medio atrasada: hace unas semanas, el caso del bebé de una mujer adicta intoxicado con cocaína hizo abrir los ojos ante la amplitud dramática del fenómeno.

Algo de eso parece que va a cambiar: por ejemplo, entre las instituciones que recibieron la ayuda en el Salón Blanco, se encuentra el centro comunitario Carozo y Narizota de Concepción, cuya titular, Sandra Alí, dijo que con el subsidio montarán “una oficina de primera escucha”.

Haurigot Posse explica que el rompecabezas es enorme, sobre todo porque las tareas de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social están desperdigadas. “Con ellos y con las OMG estamos armando toda una base de datos, de información que hasta este momento no se la tiene porque trabajaban descoordinadamente”. El funcionario tiene fuertes expectativas en la tarea con esas organizaciones. “Los hogares de Cristo y los pastores evangélicos, de una u otra manera hacen contención social, y también las ONG como Ariadna, que vienen desde hace mucho tiempo trabajando con los consumos problemáticos”. “La tecnología nos va a ayudar un montón –agrega-. Con estas organizaciones tenemos una fuerte llegada a las comunidades”.

Según explica, después de la pandemia aumentaron el consumo, los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad, las autoflagelaciones y los suicidios. Mustafá dice que sólo en el área norte de La Costanera hubo seis suicidios; cinco de ellos eran menores de 18 años. “Tenemos trabajo de interarticular con Salud y Desarrollo Social para tener un abordaje integral -describió Haurigot Posse-. Creemos que el tratamiento de rehabilitación del chico es una parte. Después tiene que estar contenido en alguna organización comunitaria”. Mustafá también lo plantea: “lo más difícil es la reinserción laboral y social del chico rehabilitado”. Eso, lo más importante, espera a que primero se haga una política integral y un diagnóstico claro. Por ahora, mientras el gobernador interino empuja y empuja, todo son estimaciones, pero con expectativas de cambio. Un rompecabezas para armar.