Causa Vialidad: Cristina acusa a los fiscales de mentir y de violar las leyes

Causa Vialidad: Cristina acusa a los fiscales de mentir y de violar las leyes

La Vicepresidenta ejerció su propia defensa en el juicio oral, en el que está acusada de liderar una asociación ilícita. Relacionó al atentado en su contra con la causa judicial. Prevaricato

QUEJA Y DENUNCIA. La ex presidenta puso el acento en “las arbitrariedades” cometidas en su contra en este proceso. Habló de estado de indefensión   QUEJA Y DENUNCIA. La ex presidenta puso el acento en “las arbitrariedades” cometidas en su contra en este proceso. Habló de estado de indefensión

Y como lo tenía pensado, Cristina Fernández de Kirchner ejerció su propia defensa en el juicio oral en su contra por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. “Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión”, manifestó la vicepresidenta durante su alegato y planteó que la acusación “no tiene ni pies ni cabeza”, que es “profundamente anticonstitucional” y que se trata de “un claro caso de prevaricato”.

Cristina se encargó sin miramientos del cierre de su defensa. “No se puede creer cómo y porqué se ha llevado este juicio adelante”, dijo y cargó contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. “La acusación de los fiscales es profundamente inconstitucional”. Así, reiteró que los representantes del Ministerio Público Fiscal “mintieron” en su alegato.

“Fueron puestos como prueba de delitos decretos aprobados por el Parlamento, algo que no es posible”. “Para traerme a mí a este juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo”, enfatizó la ex mandataria. “Se violó la Constitución. La Justicia actúa así solo conmigo y eso no es bueno para el país”, subrayó.

Esto “realmente es un disparate, esto complica a un país; lo torna poco serio; lo pone casi al borde del ridículo”, cuestionó poco después de anticipar que podrá al alcance de los argentinos y “del mundo” a través de su plataforma, lo ocurrido en el marco de este debate.

La acusación “no tiene ni pies ni cabeza, pero es profundamente anticonstitucional, antirrepublicana y antifederal”, enfatizó. Y recordó que fue “la única que denunció el encubrimiento” del atentado a la AMIA, algo que fue “armado desde (los tribunales) Comodoro Py”.

Pedido de extracción

Durante poco más de hora y media, la vicepresidenta analizó los motivos por los cuales sostiene los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola violaron la Constitución Nacional con las pruebas que tomaron en cuenta para pedir que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite de por vida a ejercer cargos públicos, y anticipó que reclamará la extracción de testimonios de todas sus contradicciones en relación a la prueba por constituir “un claro a caso de prevaricato”.

Ante ello, pidió a los jueces que “se extraigan testimonios de todos los hechos donde, confrontados con la prueba obrante, sea pericial, testimonial o documental, queda demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación”. “La acusación de los fiscales viola la Constitución” porque “un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita”, remarcó Cristina en su exposición, en la que puso el foco en “las arbitrariedades” en su contra en este proceso.

Denuncia

Cristina recordó que le gatillaron “una pistola a 15 cm” de su cabeza y consideró ninguna de las cuatro personas detenidas por el intento de magnicidio “planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron”.

Remarcó que el asesor de un senador de la oposición (Ignacio Torres, de JxC de Chubut), que se sienta a metros de ella, “es defensor” de quien la “quiso matar” en la puerta de su vivienda el 1 de septiembre pasado. Por eso, la vicepresidenta sentenció: “me siento en estado de indefensión con este Poder Judicial”.

Advirtió que “parece como que desde el ámbito judicial se le da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”. Y agregó: “no puedo olvidar que este año, mi despacho fue destruido literalmente a pedradas. Ninguna fuerza de seguridad del país, ni las locales ni las nacionales, lo impidieron”.

Al insistir con la sensación de “indefensión”, señaló que los jueces que la juzgan, “los que están en Casación y uno de los integrantes de este tribunal, son amigos -del ex presidente Mauricio Macri- y juegan al fútbol en la quinta Los Abrojos”. “Otros jugaban al paddle en la quinta de Olivos o visitaban asiduamente la Casa Rosada”, subrayó.

La enunciación ilógica: “Nadie podría tomar en serio esta denuncia”

Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la acusación durante su alegato: “Mola y Luciani dicen que los tres gobiernos constitucionales a partir del 25 de mayo de 2003, el que encabezó quien fuera mi compañero Néstor Kirchner, el que encabecé a partir de 2007 y cuando fui reelecta, fueron tres asociaciones ilícitas”.

Y en este sentido, la vicepresidenta se preguntó: “¿Para qué se hizo, según la fiscalía, 51 contratos viales en Santa Cruz, a través de interpósita persona?”. Y respondió: “Néstor hizo todo pensando que iba a llegar al poder para hacer 51 contratos viales. Esta sola enunciación bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza porque raya el ridículo; es ilógica y el derecho es lógico”, remarcó.

Pedido de absolución: el abogado de Cristina concluyó el alegato

El abogado Alberto Beraldi pidió ayer la absolución de Cristina Fernández en el juicio oral por la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Concluyó su alegato que duró tres jornadas con una respuesta al fiscal Diego Luciani. “No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino”, resaltó Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales Luciani y Sergio Mola pidieron que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta por las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

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