La suspensión del juez de Faltas Gerardo Poliche Iturbe amenaza con transformarse en un conflicto institucional entre el intendente Domingo Amaya y el Concejo Deliberante. El edil José Luis Avignone denunció que el jefe municipal no tiene facultades para juzgar la conducta de esos funcionarios y denunció la violación de una ordenanza que impone, en estos casos, la actuación del juri de enjuiciamiento integrado por los concejales Osvaldo Hugo Danesi y Juan Carlos Mamaní.
Amaya suspendió a Poliche Iturbe por cinco días sin goce de sueldo, a raíz de un confuso hecho ocurrido el 6 de junio de 2.000, cuando Raúl Topa todavía era intendente de la capital. Aquel día, el juez de Faltas protagonizó un incidente con los inspectores de Tránsito Sergio Juárez y David Gónzalez, quienes habían colocado un trabarruedas a un vehículo mal estacionado en Crisostomo Alvarez al 400.
El intendente basó su decisión en una extensa investigación sumarial, pero Avignone advirtió que incurrió en contradicciones al emitir la resolución final.
Las dudas están planteadas en la naturaleza jurídica de los jueces de Faltas. El decreto reconoce que el funcionario debe ser encuadrado en el Estatuto del Personal Municipal y, por lo tanto, corresponde que las sanciones por su inconducta estén a cargo del intendente. El concejal recordó que el órgano competente para entender en la actuación de los jueces es el Concejo, y advirtió que la nulidad de la suspensión podría perjudicar al municipio.
Amaya suspendió a Poliche Iturbe por cinco días sin goce de sueldo, a raíz de un confuso hecho ocurrido el 6 de junio de 2.000, cuando Raúl Topa todavía era intendente de la capital. Aquel día, el juez de Faltas protagonizó un incidente con los inspectores de Tránsito Sergio Juárez y David Gónzalez, quienes habían colocado un trabarruedas a un vehículo mal estacionado en Crisostomo Alvarez al 400.
El intendente basó su decisión en una extensa investigación sumarial, pero Avignone advirtió que incurrió en contradicciones al emitir la resolución final.
Las dudas están planteadas en la naturaleza jurídica de los jueces de Faltas. El decreto reconoce que el funcionario debe ser encuadrado en el Estatuto del Personal Municipal y, por lo tanto, corresponde que las sanciones por su inconducta estén a cargo del intendente. El concejal recordó que el órgano competente para entender en la actuación de los jueces es el Concejo, y advirtió que la nulidad de la suspensión podría perjudicar al municipio.







