La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, denunció este miércoles que China pudo haber cometido "crímenes contra la humanidad" por las políticas de detenciones arbitrarias masivas y los graves abusos que aplicaría a los uigures y otras minorías étnicas musulmanas.
En un informe, la entidad detalla las "creíbles" pruebas de violaciones de derechos humanos que China habría llevado a cabo en la región del noroeste del país contra la minoría de confesión musulmana.
"El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad", afirma el escrito en sus conclusiones.
El documento señala que se habrían cometido "graves violaciones de los derechos humanos" en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el "extremismo" aprobadas por la administración chino en 2014. "La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la región administrativa especial de Xinjiang ha dado lugar a restricciones severas e indebidas a una amplia gama de derechos humanos", sostiene.
"Estas pautas de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas", agrega.
Preocupación por las estrategias chinas
El organismo internacional calificó además a esas estrategias "antiterroristas" chinas como algo "profundamente problemático" desde el punto de vista de las normas internacionales, puesto que contendría "conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación prevención y coerción".
Asimismo, "en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente", tal marco habría conducido en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de dichas minorías en los VETC (los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento).
En los VETC, centros de detención donde el régimen chino "reeduca" a los uigures, se ejemplificaría "un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso", según recoge el informe.
"El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC es igualmente preocupante; las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género", esgrime.
El texto denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación discriminatoria y de la obligación a la fuerza de llevar a cabo políticas de planificación familiar y control de la natalidad.
Además se habrían llevado a cabo restricciones a la identidad y la expresión religiosas, así como al derecho a la intimidad y a la libre circulación.
"Asimismo, hay evidencias de que los planes de trabajo y empleo con supuestos fines de mitigación de la pobreza de la pobreza y la prevención del "extremismo", incluidos los relacionados con el sistema de EFP, pueden implicar elementos de coacción y discriminación por motivos religiosos y étnicos", agrega el informe.
