La temporada de nuevos aumentos está abierta. Y no sólo los incrementos vinculados con los alimentos o la indumentaria. Ahora vienen por el lado de los servicios públicos privatizados, en una dinámica pocas veces proyectadas en la última década. Las correcciones que debió hacer la política fueron hechas por el mercado. En buen romance, se llama ajuste. Para las autoridades de turno son sólo actualizaciones a través de un proceso de segmentación tarifaria.
Sergio Massa asomó en el gabinete nacional como el superministro, con pleno poder para hacer dolorosas pero necesarias transformaciones. Eso le causó un fuerte desgaste al presidente Alberto Fernández. El líder del Frente Renovador emprenderá este mes una gira que puede definir el futuro del país, en general, y de la erosionada coalición Frente de Todos, en particular.
La cirugía massista inquieta internamente. Las últimas cumbres de gobernadores han sido una clara demostración de la falta de convencimiento de su liderazgo. Sin embargo, los mandatarios están resignados. El tigrense es la última bala que le queda para sostener el poder hasta 2023. Aguantan la coyuntura, pero temen que en el futuro las medidas que buscan corregir los desequilibrios macroeconómicos terminen por hacerle pagar un costo político tan alto como una derrota en las urnas. Mucho de ese temor sigue en pie. Las llamadas entre los gobernadores se suceden. La ansiedad los carcome. Massa no es lo mismo que Juan Manzur. El jefe de Gabinete de la Nación siempre mantuvo abierto su despacho a las demandas de sus pares, porque sigue siendo un gobernador pero en uso de licencia. El tucumano se hizo a un costado. La situación actual lo ha obligado a jugar a la defensiva, pero manteniendo el contacto estrecho con parte del empresariado nacional y también con el sindicalismo.
El fin de semana que pasó encontró al jefe de Gabinete recorriendo la provincia sin su coequiper, Osvaldo Jaldo. Por primera vez en 18 meses entre ambos hay una relación de diálogo permanente y de confianza mutua, algo que no se había visto ni durante la campaña electoral del año pasado, en la que se dijeron de todo, ni en la transición que arrancó el 20 de septiembre cuando Manzur fue a ocupar el despacho contiguo a del Presidente en la Casa Rosada. Los ruidos, como sucedió en 2021, están abajo, en los referentes manzuristas y jaldistas. El mensaje de la semana pasada fue más que claro. Manzur es el gran elector, que conduce el oficialismo provincial, y Jaldo el potencial candidato a la sucesión. Es una sociedad reconstruida sobre la base de la conveniencia política de ambos. Manzur le ha prometido al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo que hará todo lo posible para que lleguen a Tucumán las partidas presupuestarias necesarias para sostener el plan de obras públicas. No es un dato menor. En los últimos días, los ministros provinciales vinculados a esos trabajos públicos han pegado el grito en el cielo frente a la incertidumbre y a la escasa certeza de que Massa redistribuirá los recursos para ejecutar obras. Lo plasmarán en un documento conjunto que, contrariamente a lo que se había previsto inicialmente, no será girado al presidente de la Nación, sino al ministro Gabriel Katopodis.
En cercanías de la elevación del Proyecto de Presupuesto Nacional 2023, las provincias quieren asegurarse partidas esenciales para hacer campaña en el año electoral. El Poder Ejecutivo deberá elevarlo al Congreso el 15 de septiembre.
Hace dos meses, el Palacio de Hacienda había enviado un avance de informe de la iniciativa en el que se planteaba metas fiscales que se basan en una combinación de crecimiento del gasto público (en términos reales) que apuntalan la demanda agregada y, como correlato, un incremento de los recursos fiscales de la mano de un aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales. “Esto incrementará el efecto multiplicador de corto y mediano plazo, dando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal que fortalezca el crédito público y la moneda”, decía el informe que en ese entonces fue firmado por Martín Guzmán y por Manzur. Curiosamente, era otro país, con una crisis política menos profunda, pero crisis al fin, que terminó eyectando a Guzmán y luego a Silvina Batakis hasta el desembarco de Massa.
En aquel momento, el diagnóstico oficial reafirmaba que “la inversión en obra pública es considerada un pilar fundamental de la política económica del Gobierno Nacional”. Hoy esa definición suena a expresión de anhelo. Los gobernadores siguen mirando con atención lo que haga el Congreso con la prórroga de cuatro impuestos fundamentales para sostener el ritmo de la coparticipación federal. Ganancias, Bienes Personales, Monotributo y el impuesto al Cheque le reportan a Tucumán, por ejemplo, no menos del 20% del total de transferencias corrientes que, trasladado a billetes, significan no menos de $ 70.000 millones. Por allí está la otra preocupación, porque hasta ahora la inflación y la fuerte expansión de los ingresos por recaudación han venido disimulando el incremento del gasto públicos en todas las jurisdicciones. Pero, ¿qué sucedería si la gallina de los huevos de oro deja de producir? Históricamente eso también se llamó crisis que devino en ajuste fiscal. La Argentina, en general, y las provincias, en particular, parece que están destinadas a repetir la historia.
