El cierre del alegato del Ministerio Público Fiscal de la Nación sobre los hechos y las pruebas del llamado caso “Vialidad” se enfocó en transmitir una idea: en casi cuatro décadas de democracia, la Argentina no ha podido derrotar la corrupción, y ese mal se ha instalado como una de las amenazas principales para el Estado de derecho, y el desarrollo y el progreso de la sociedad. El fiscal Diego Luciani, quien junto a su par Sergio Mola llevó adelante la acusación de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ex ministro Julio De Vido y del empresario Lázaro Báez, entre otros imputados, recordó que el fenómeno de los delitos cometidos por los funcionarios que debían cuidar el patrimonio del Estado y velar por el bien común ya era una preocupación candente en 1994, durante la Convención que ejecutó la última reforma a la Constitución Nacional.
“Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, citó Luciani. Se trata de un fragmento del artículo 36. El fiscal evocó los argumentos dados por los convencionales del oficialismo (en ese momento menemismo) y de la oposición para incorporar esta cláusula en un país que ya había dicho “Nunca más” a las interrupciones democráticas, pero todavía no se atrevía a acabar con los abusos estatales y empresariales; los enriquecimientos ilícitos de funcionarios y la degradación de los controles.
“Tenemos ante nosotros, como consecuencia de este proceder sumiso y dócil, una cultura de la corrupción: no hay fronteras ideológicas para contrarrestarla. Debemos enfrentar este cáncer”, exigió Luciani. El representante de los intereses de la sociedad en el caso “Vialidad” refirió que el tiempo transcurrido sin poder desterrar esta enfermedad había agravado los padecimientos del cuerpo social argentino. Y recordó que las obras públicas que no se hacían o se hacían con defectos o de forma incompleta conllevaban violaciones de derechos, y privaciones de bienes y de servicios para los grupos que más necesitaban de la asistencia del Estado.
“Esto interpela a toda la clase política y al conjunto de la sociedad. Carlos Nino en su libro ‘Un país al margen de la ley’ escribió que era usual en la Argentina que los participantes en una licitación pública supieran que sólo tenían chance de ganarla si daban una coima a los funcionarios. Esta obra fue publicada a comienzos de los años 90. Nos muestra de una forma triste y cruda que nada ha cambiado”, manifestó Luciani. El fiscal consideró que el caso “Vialidad” ofrecía la posibilidad de empezar a revertir esa trayectoria tan aplastante para quienes creían en la ética y la integridad públicas, y en la igualdad ante la ley. “Hemos exhibido la matriz de corrupción más impresionante de los últimos 40 años y creemos que ha llegado el momento de producir una modificación trascendental”, expresó.
Más allá del desenlace de este juicio oral, resulta indudable que la observancia de la Constitución exige una posición firme de rechazo a la corrupción, y un compromiso inquebrantable con la transparencia, la legitimidad de la autoridad, la austeridad y la rendición de cuentas. Esto, que vale para todos los tiempos, es más que oportuno en este momento de crisis económica severa, cuando la sociedad está pagando el costo de la emisión descontrolada de dinero que deterioró el poder adquisitivo de la moneda. Los gobernantes obligados “a dar malas noticias” tienen también en sus manos la oportunidad de aliviar la carga de vivir en la Argentina con medidas que refuercen los controles, particularmente la independencia judicial, para evitar que la corrupción siga castigando a la población.
