Pese a ser una de las ciudades más importantes del país y frente a las múltiples acciones del ser humano que alteran o impactan en el ecosistema, como la generación de residuos y contaminación, la urbanización, el crecimiento demográfico o la deforestación, el municipio no posee una oficina que dicte políticas ambientales de corto, mediano y largo plazo. Y que a su vez analice los avances y retrocesos que vaya teniendo la ciudad en su relación con la naturaleza.
En el Concejo Deliberante de la capital avanza un proyecto de ordenanza para crear un Observatorio Ambiental para la ciudad, pensado como “una plataforma de conocimiento y saber científico, de libre acceso, que aportará insumos para la toma de decisiones institucionales y en la que cualquier persona o entidad interesada pueda encontrar información y asesoramiento para el cumplimiento de la normativa ambiental”, según detallan los fundamentos de la iniciativa.
También se explica, en resumen, que se trata de un sistema de información en el que se identifiquen, conceptualicen, cuantifiquen, valoricen y se ubiquen en tiempo y espacio todas aquellas variables que permitan evaluar el patrimonio ambiental, humano, natural y productivo, monitorear las condiciones ambientales y la evolución de los asentamientos humanos, alertar sobre problemas ambientales, definir pautas de ordenamiento del territorio que contribuyan a minimizar los efectos sobre los ecosistemas, así como también diseñar políticas urbanas pertinentes, contribuyendo efectivamente al mantenimiento de las condiciones de biodiversidad del ecosistema urbano.
Dicho observatorio también cumpliría la función de obtener toda la información posible, necesaria para la toma de decisiones ambientales, a presente y a futuro, y oficiaría además de facilitador entre los diferentes organismos estatales y la sociedad.
En un contexto donde la humanidad enfrenta complejos desafíos medioambientales sería fundamental que el municipio cuente con una herramienta que pueda establecer las bases de un desarrollo sustentable, que proteja la salud de los vecinos, de la naturaleza, y de la relación entre ambos.
El principal motivo de la alteración del ecosistema es la presencia o ausencia de agentes físicos o químicos, y esto se debe a la producción de las actividades humanas asociadas a la explotación de la tierra, al crecimiento urbano, a la industria y al comercio, entre otras.
El deterioro de la calidad de vida y de la salud de los habitantes son consecuencia, justamente, de sus propias acciones.
El proyecto también recuerda que el derecho a un medio ambiente sano fue reconocido por el Derecho Internacional en 1972, cuando la Declaración de la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano expresó: “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.
En Argentina, la reforma constitucional de 1994 lo incorporó en el capítulo “Nuevos derechos y garantías” como un derecho fundamental, texto luego avalado por la Corte Suprema de la Nación, al igual que varios pactos y declaraciones internacionales a los que el país está adherido.
Sería muy importante que este proyecto, quizás con modificaciones o mejoras, avance sin dilaciones en el Concejo, para que luego las autoridades municipales inicien cuanto antes un plan de acción para asegurar un desarrollo sustentable.
