Es el auxilio económico extraordinario o ayuda otorgado por el Estado a una persona o agrupación que demuestra que lo necesita para poder satisfacer sus necesidades básicas, que tiene o debería tener una duración determinada. El subsidio es una herramienta de la economía que la emplean los gobiernos y está dirigido distintos segmentos de la sociedad. No son muchos los casos en que esta subvención se transforma en vitalicia, por ejemplo, cuando se trata de distinguir a una figura consagrada del arte o de la ciencia y cuyo un monto dista mucho de poner en riesgo el erario.
Desde hace varios años, estas ayudas estatales al sector de la población que carece de empleo o no tiene posibilidades de acceder a la salud o la educación, son cuestionadas por una parte de la sociedad, que cataloga a los beneficiarios como “planeros”, “vagos”, que viven a costa de quienes trabajan, porque muchos no ofrecen contraprestación alguna a cambio del dinero recibido.
La crisis económica casi crónica que padece la Argentina, con algunas pocas pausas, ha incrementado la cantidad de estos planes sociales que involucran a familias que se aferran a estos aportes. Sucede que los subsidios que deberían ser otorgados por un organismo estatal, que también se ocupe del control, han sido puestos en manos, en muchos casos, de dirigentes políticos, que se valen de su poder para conseguir votos, son quienes deciden a quiénes dan ese dinero que, por cierto, no es de ellos si no del Estado. Se asiste así a una primera desvirtuación de esta ayuda, con la venia de las autoridades. Luego viene la picardía del beneficiario para atornillarse a esta subvención, de modo que se convierta en permanente. Toda ayuda debería implicar una contraprestación para conservar la dignidad de quien la recibe, si esto no ocurriera, se trataría de una limosna.
“Los subsidios bien implementados deberían formar parte de cualquier política económica en cualquier país desarrollado, el problema es que muchas veces recaen en manos equivocadas y no llegan al destino que tienen que llegar, ahí está el problema. Los subsidios, cuando son racionales tienen sentido, ahora cuando empiezan a quedar como ‘derechos adquiridos’, ahí viene lo nocivo. Uno dice, bueno, pero entonces todos deberían tener un subsidio, como si fuese un salario universal que se quiere implementar y dónde sale, ¿de un repollo? No, me lo están sacando a mí, que generé ese trabajo, que me desperté a las 8 de la mañana para trabajar y termino el día a las 8 de la noche, me cuesta mucho y se lo tengo que dar a alguien que crea un desincentivo a trabajar”, explicaba el economista Gustavo Neffa en una reciente nota periodística.
Desde hace tiempo, la cesión de estos planes sociales evidencia irregularidades que provocan la indignación de parte de la ciudadanía. Por ejemplo, se amenaza a los favorecidos con quitarles la ayuda si no envían sus hijos a la escuela, pero no se conocen muchos casos en que el apercibimiento se haya hecho efectivo.
En un intento por frenar estas irregularidades crónicas, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde el lunes próximo, el Ministerio de Desarrollo Social empezará una auditoría que realizarán las universidades. “Quién no cumpla, recibirá la suspensión del plan”, dijo.
Se busca “garantizar” la continuidad de los haberes “únicamente” en carácter de “emergencia” para avanzar hacia una “formalización del trabajo de forma permanente”. La falta de transparencia y de control de este sistema ha generado una bola de nieve de corrupción, que solo podrá desarmarse con una decisión de fondo. Tal vez esta auditoría sea un punto de partida.
