Ficha limpia o juego sucio

Ficha limpia o juego sucio

“La impunidad de los corruptos en Tucumán está respaldada en los datos. Sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción en 2005. En términos concretos, una de 219. Y en el único caso que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición de ‘perejiles’: son ‘peces chicos’ sin mayor espalda o cobertura política”. (La corrupción, impune en Tucumán, por Irene Benito, trabajo de investigación)

No todo fue Massa en la semana, también pasaron otras cosas en el país y en la comarca. Por aquí sesionó la Legislatura después de casi un mes de pausa y sancionó una ley que dispone la inhabilitación de una persona para participar de los comicios como candidato, pero sólo si tiene condena firme, irrevocable. Mientras esto último no ocurra, un posible inocente denunciado o un potencial corrupto con fallo en primera instancia podrían postularse a un cargo político. Ficha limpia o juego sucio; frase que bien puede ir con y sin signos de interrogación.

A los representantes del pueblo únicamente se les exige que sean personas de bien, honrados, gestores capaces y con una tremenda vocación de servicio, sin otra ambición que asegurar el bienestar general. En estas cuestiones básicas sólo puede haber coincidencias entre oficialistas y opositores; pues todos aspiran a fortalecer la democracia y a sus instituciones; y eso sólo se puede conseguir con ciudadanos probos. Por eso llama la atención que en un tema en el que deberían primar los acuerdos, en cambio, aparecieran diferencias jurídicas y políticas entre un grupo y el otro.

Hubo dictámenes de mayoría (Alvarez y Mansilla) y de minoría (de Pecci y de Canelada) y finalmente se aprobó la propuesta del oficialismo con modificaciones. El debate fue interesante desde las argumentaciones de un lado y del otro; de los que justificaban la inhabilitación a partir de las condenas en primera y segunda instancia, o de los que entendían que debía suceder cuando la condena fuera irrevocable.

La oposición se paró sobre el proceso de “ficha limpia” que viene siendo impulsado a nivel nacional para sostener las propuestas en minoría; el oficialismo parlamentario entendió que eso era inconstitucional porque afectaba la presunción de inocencia. Dos miradas. Los números del bloque mayoritario decidieron la suerte de la iniciativa.

Sin embargo, detrás quedó tela para cortar. Por un lado, el debate fue por la necesidad de contar con dirigentes sin prontuario para la acción política e institucional en el Estado o bien porque no accedan a los cargos públicos quienes tengan una condena definitiva. La atención estuvo centrada en la discusión de la política para fortalecer la democracia; sin embargo, no hay que olvidarse de los que deben firmar las sentencias y resolver las condenas para limpiar el Estado de corruptos: la Justicia. De alguna manera, la política le arrojó la responsabilidad al Poder Judicial. O bien, la hizo corresponsable en términos políticos.

El trabajo de investigación publicado en LA GACETA, con la firma de Irene Benito (que formó parte del proyecto Chequeado Investigación: Etapa II) -del que se desprende la cita del inicio-, menciona que se pueden distinguir tres tipos de tramitaciones de causas de corrupción en el ámbito judicial: aquellas que dormitan en los anaqueles de los tribunales a la espera de la prescripción; las de los expedientes cerrados en pocos días sin pesquisa alguna, y las causas que presentan un nivel alto de actividad pero que no conducen al hallazgo de la verdad, sino que rebotan de un punto al otro del sistema con planteos formales.

La conclusión del trabajo es tremenda: “la suma de estas circunstancias configura un escenario adverso para la persecución de la corrupción puesto que, si sólo el 0,5% de las denuncias se transforman en condenas firmes, casi no hay incentivos para exponer las irregularidades que cometen los funcionarios públicos”.

La Justicia debería ser, en todo caso, menos lenta a la hora de llegar a las condenas irrevocables que impidan que delincuentes o corruptos puedan ser candidatos. Caso contrario, la ficha limpia se tornará un juego complicado, lleno de trabas e impedimentos legales para llegar a un final en tiempos prudentes, menos de los 14 años promedio para una sentencia, como se dice. Más que ficha limpia será un juego enmarañado, sucio.

Aspecto que lleva a centrarse en la actividad política y a una pregunta inevitable: ¿por qué el oficialismo tucumano tomó para sí la propuesta de ficha limpia cuando la oposición era la que se había adueñado del tema? El 22 de septiembre de 2020 ingresó una iniciativa del radical José María Canelada a la Legislatura -también en marzo de este año-, mientras que el Frente de Todos lo hizo recientemente; e impuso su propuesta por la fuerza del número. ¿Le quiso sacar una bandera a la oposición que venía insistiendo -molestando; dirían otros- con esta iniciativa? Jaldo vino a poner blanco sobre negro: “esto fue primero una campaña política de un sector de la oposición y nunca pensaron que el oficialismo no solo iba a decir sí, sino que salió con un proyecto propio”.

En síntesis, el oficialismo entiende que nadie es culpable por el solo hecho de que se le inicie una demanda, ni tampoco porque se lo sentencie en una primera instancia; ya que quedan otras etapas en las que se pueden revertir los fallos. Y habló de “proscripción”, un concepto caro al peronismo que el kirchnerismo está usando para sostener que la Justicia quiere actuar contra Cristina Fernández para impedir que sea candidata en las elecciones de 2023.

Si tenemos en cuenta la cifra de aquel trabajo de investigación, en cuanto a que una de 219 denuncias por corrupción tuvo sentencia firme en 13 años, entonces es posible que muchos aspirantes a un cargo público con dudosos antecedentes puedan llegar a ser candidatos, tanto de uno como de otro lado. La ley vale para todos, sin excepciones.

La oposición, aunque no salió del todo conforme con el texto finalmente aprobado, bien podría interpretar que acicateó indirectamente al oficialismo para que se haga cargo de un tema que no figuraba en su agenda de prioridades. Algo es algo, podrían decir. Por los pasillos legislativos se mencionó por lo bajo que se avanzó en la iniciativa para silenciar a Canelada, para minar su protagonismo y para bajarle una bandera opositora en la campaña.

En ese marco cabe preguntarse qué ocurriría si la oposición insistiera con otros temas que hagan al fortalecimiento de la democracia, como podría ser -por ejemplo- promover una ley de acceso a la información pública: ¿el oficialismo se haría cargo de esta cuestión y lo incorporaría al debate parlamentario para evitar un desgaste político innecesario hasta los comicios? La discusión por la ficha limpia -frente a una clase política minada en su credibilidad-, tal vez resulte de más interés para el ciudadano que vota y, por ende, de mayor repercusión electoral que frente a un debate por la transparencia de los actos públicos, como sería contar con una norma que permita acceder a la información sobre el accionar de los organismos del Estado. Eso no mueve el amperímetro social, confió un legislador.

La movida por la ficha limpia movilizó al oficialismo, que tal vez haya merituado los alcances electorales desfavorables con un debate de este estilo instalado en medio de una campaña. A veces las asociaciones conceptuales son simplistas, especialmente en medio de un proceso comicial, y los que no están en favor de la ficha limpia pueden parecer que se sienten afectados; o viceversa, los que la impulsan mostrarse como los buenos del capítulo. Es la historia permanente, y agrietadora de siempre, la del ellos y la del nosotros. Potenciada en elecciones.

Entonces, pensando que la discusión por facilitar la difusión de los actos de Gobierno -en cuanto al manejo de los recursos públicos- no incidiría en materia electoral, posiblemente ni se lo tenga en cuenta. Esta situación fue contemplada por algunos opositores. Lo que sí se viene observando en la conducta de Jaldo es que encara rápidamente los problemas que pueden complicar o dañar la gestión; el tranqueño reacciona inmediatamente para evitar que se espiralice un conflicto. Hay numerosos ejemplos al respecto. Es que también está en juego su continuidad en el poder y, si es finalmente el ungido como el candidato a gobernador del Frente de Todos será un caso raro: el de un vicegobernador que como gobernador interino tendrá que plebiscitar en las urnas su gestión de gobierno. Se cuida.

Puede también que Jaldo haya analizado el tema de la ficha limpia desde una perspectiva regional de alcance nacional: no podía dejar que Tucumán aparezca como una mancha en el norte, como una provincia gestionada por el peronismo que no tiene “ficha limpia” cuando los vecinos ya la han impulsado. Salta y Jujuy la tienen, Catamarca parece ir en la misma línea; y en San Juan el peronista Uñac ya promulgó la norma para impedir que haya candidatos el año que viene si es que tienen sentencia firme. El tranqueño, en este caso, evitó el posible señalamiento de que las provincias del norte gobernadas por adversarios sean las únicas con esta normativa en vigencia; para no dejarles, como a los opositores locales, banderas que eventualmente perjudiquen al oficialismo provincial en la campaña electoral.

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