Le rezan una novena a la transparencia

Hay un juicio. Un juicio oral y público sobre una serie de hechos concretos. Versa sobre obras públicas. Pero no sobre todo el universo de los trabajos de infraestructura que paga el Estado, sino específicamente sobre obras viales. No son, tampoco, todas las tareas de pavimentación o reparación de los caminos de la Argentina, sino sólo los de una provincia: Santa Cruz. Refieren a un lapso puntual: 2003 – 2015. Para más especificidad, se revisan las 51 adjudicaciones que beneficiaron al grupo empresario de Lázaro Báez durante esos 12 años en que transcurrieron las dos presidencias de Cristina Fernández y la gestión de Néstor Kirchner. Es decir, es una porción mínima en el vasto universo de las contrataciones estatales. Sin embargo, para los fiscales Diego Luciani (principal) y Sergio Mola (coadyuvante), este botón de muestra es suficiente para sostener una conclusión de magnitudes absolutas. En esa docena de años se montó “una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina”.

Por tonelada

Hay un peso. Son 3.000 kilos. Tres toneladas totalizan las pruebas reunidas por los acusadores para sostener que los contratos que consiguió Báez son el resultado de un “esquema de extracción de fondos” públicos de manera planificadamente ilegal. Lo que sobre la base de esa documentación han sostenido Luciani y Mola es que, según su hipótesis, se puso al Estado al servicio de una tarea de sistemática exacción de recursos del erario, presuntamente en beneficio del matrimonio presidencial, usando a Báez como el instrumento privado para canalizar esos dineros públicos. Todo ello al amparo de la más absoluta carencia de controles respecto del gasto estatal.

Por abandono

Hay números. Cada uno de ellos fue brindado, justificado y documentado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

• El 78,4% de la obra vial santacruceña pagada por la Nación en el período mencionado fue encargada a Báez.

• En 50 de las 51 adjudicaciones se registran “redeterminaciones de precios”. Es decir, sólo en una de las obras viales no subieron los precios.

• Aunque la totalidad de estas obras fue financiada por la Nación, no se aplicó la normativa nacional para el control de estas contrataciones. Por el contrario, se empleó una ley provincial, que fue aprobada en Santa Cruz con posterioridad a que Néstor Kirchner asumiera como mandatario nacional.

• Como consecuencia de lo anterior, según el alegato del Ministerio Público Fiscal, hubo un “uso ilegal de una normativa en 47 de los 51 casos”, lo cual “permitió que se cometieran todas las irregularidades y actos discrecionales, porque se aplicaba la ley provincial en rutas nacionales financiadas por el Tesoro Nacional”.

• En 17 de las 51 adjudicaciones hubo tiempos inauditos. En los procesos licitatorios de obras viales en que no participaba Báez, transcurrían en promedio 210 días entre la apertura de los sobres con las ofertas y la firma de los contratos de obras. En este conjunto de contrataciones del Grupo Báez (el 33% de las que recibió), ese lapso era sólo de 29 días.

• Lázaro Báez era empleado bancario antes de las presidencias de los Kirchner. Se convirtió “de un día para otro” (para usar la expresión de Luciani) en empresario. Creó Austral Construcciones días antes de que Néstor Kirchner asumiera como Presidente.

• Sin antecedentes en la obra pública, la naciente Austral Construcciones carecía de “capacidad de contratación”. A las empresas, según el capital que declaran, reciben por parte de los Estados provinciales una calificación que determina hasta que monto de obras se le pueden encargar. La novel empresa patagónica, entonces, conformó una UTE junto con grandes empresas tradicionales. Su participación en ese “pool” de firmas era del 10%. Pero una vez que se adjudicaba una obra a la UTE, era transferida al 100% a Austral Construcciones.

• Simultáneamente, se encaró un proceso de “apoderamiento de constructoras” (para usar la figura empleada por Mola). “Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones”, describió. La “asfixia” consistía en que el Estado les demoraba los pagos. “Ahí aparecía Lázaro Baéz, el amigo del Presidente. Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado y tenían lo más difícil de conseguir para Austral Construcciones: la capacidad de contratación”, argumentó.

• A partir de ello (según expuso Luciani), los procesos licitatorios se convirtieron en “ficciones”. En “puestas en escena”. En “simulaciones”. Según mostró con documentos en mano, esos concursos públicos consistían en que se presentaban a competir por una obra varias empresas del Grupo Báez, más una firma ajena que siempre actuaba “de cortesía”. Es decir, o presentaban ofertas por sumas mucho más elevadas, o presentaban “garantías incorrectas” que las dejaban fuera de la competencia.

• Un caso aparte es la “Licitación pública 38/06. Estudio, proyecto y construcción de obras básicas y enripiado de ruta provincial 9 - ruta nacional 3 - ruta nacional 40”. Cinco días antes de la apertura de sobres con las ofertas, la Dirección Nacional de Vialidad anunció que destinaría 238.248.064 pesos para financiar esos trabajos en Santa Cruz. Las empresas de Báez ofrecieron, exactamente, 238.248.064 pesos.

• El 76% de las obras confiadas a Báez sufrió demoras respecto de los plazos pautados en los contratos de adjudicación. Suman, en total, 700 los meses de prórroga que le fueron concedidos a 39 de las 51 adjudicaciones de Báez. Equivalen a 63 años de demoras autorizadas.

• Pese a todas las facilidades detalladas, prácticamente la mitad de las obras viales encargadas a Báez fueron abandonadas. Son 24 de las 51.

Por sistema

Hay acusaciones. Sobre la base de estos hechos, Luciani formuló una fuerte acusación contra los mencionados ex presidentes: los acusó de haber montado “un auténtico y eficaz sistema de corrupción” y de haber provocado una defraudación millonaria a las arcas públicas. Mola, en tanto, se refirió a Báez como “socio comercial” de los ex jefes de Estado. A todos ellos, los dos fiscales los responsabilizan de un “perjuicio económico y social inconmensurable”.

Por partes

Hay magnitudes. Todo este cúmulo de irregularidades (presuntas, claro está) representan tan sólo el 20% de todo cuanto tienen para decir los fiscales y sus 3.000 kilos de pruebas. Porque esto fue vertido sólo en las dos primeras audiencias, de las nueve que solicitaron para exponer sus alegatos. Al cadáver de la transparencia en el gasto público del Estado nacional, el Ministerio Público Fiscal le va a rezar una novena.

Por antecedentes

Hay una historia. Un pasado institucional reciente que, visto en perspectiva desde este juicio, es un esfuerzo denodado del kirchnerismo por tratar, y por todos los medios, de no llegar a esta instancia judicial. En ese atroz “ayer” aparece la salida de Esteban Righi de la Procuraduría General de la Nación luego de que en 2012, durante la segunda presidencia de Cristina, su estudio fuera acusado de traficar influencias en la Justicia Federal. ¿Quién lo denunció? Amado Boudou, entonces vicepresidente de la Nación. El cargo terminó recayendo en Alejandra Gils Carbó, quien se encargó personalmente de ordenar en 2013 la suspensión del fiscal José María Campagnoli. ¿A quién investigaba Campagnoli? A un tal Lázaro Báez. El fiscal fue restituido un año después, luego de que venciera el plazo legal para que lo enjuiciara el Consejo de la Magistratura. El mismo que nació con 20 miembros y que el kirchnerismo redujo a 13, para proponer más tarde que fuera de 19, y que este año quiso llevar a 17, hasta que la Corte fulminó la inconstitucionalidad de las reformas y repuso su integración original. Esa misma Corte que ha sufrido incontables embates por parte del oficialismo. El último está vigente: es el proyecto para aumentar el número de miembros y llevarlo a 25.

Por costumbre

Hay una defensa. “Lawfare”. Ese es el argumento central que diferentes fuentes del oficialismo esgrimen como respuesta genérica frente al juicio “Vialidad”. Es decir, una persecución desatada por adversarios del oficialismo, que frente a la imposibilidad de vencerlo en las urnas usan a la Justicia como herramienta contra los gobiernos populares. Sin embargo, el actual Gobierno fue severamente derrotado en los comicios de medio término de noviembre pasado. Y, para mayor contradicción, el fiscal Luciani fue impulsado por la propia Cristina Kirchner para que ocupara ese cargo. Ella eligió su pliego el 25 de junio de 2013. Los senadores kirchneristas votaron a favor en la sesión del 31 de julio de ese año. Y ella firmó su designación en el Ministerio Público Fiscal el 9 de setiembre siguiente.

Por las dudas

Hay un relato. Es el predicado del “lawfare”. Sostiene que a la Vicepresidenta de la Nación se la persigue con la intención de proscribirla en las elecciones de 2023. Tal y como se hizo con Luis Inacio “Lula” Da Silva en Brasil en las presidenciables de 2018. Pero en la Argentina no hay Ley de “Ficha Limpia”. Lo atestiguó Carlos Saúl Menem. En 2017, la Cámara Nacional Electoral autorizó que fuera candidato a senador nacional (falleció el 14 de febrero 2021 desempeñando ese cargo) a pesar de que tenía una condena a siete años de cárcel por contrabando de armas y una condena a cuatro años de prisión por pago de sobresueldos durante sus presidencias.

Por las malas

Hay una amenaza. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar”, dice un video de La Cámpora difundido esta semana. La organización política liderada por el hijo de la Vicepresidenta, el diputado Máximo Kirchner, difundió por las redes un video que reúne imágenes de una manifestación K frente a Comodoro Py en 2016, con las declaraciones de la ex presidenta en 2019 precisamente en marco de la causa “Vialidad”.

Por defecto

Hay un error. Una concepción equivocada de la institucionalidad por parte del oficialismo. Los fiscales que hacen su trabajo no son destituyentes. El Estado Constitucional de Derecho de la Argentina tiene a la igualdad ante la ley como uno de sus basamentos. El sistema republicano de Gobierno implica que nadie tiene más poder que el la ley le confiere. No hay ciudadanos intocables en este país. Mucho menos los representantes del pueblo, que no son los jefes del pueblo sino sus servidores.

Por exceso

Hay un paisaje. Desolador. Los alegatos de los fiscales en la causa “Vialidad” representan una ventana. Y da a un páramo. La calidad institucional de la Argentina es tierra yerma. Y el oficialismo quiere cubrirla con cortinas de humo. Pero lo que se atisba da vértigo. Ni representativa. Ni federal. Lo que se asoma es la República Cleptocrática Argentina.