El 11 de julio, la Junta de Gobierno de la UCR resolvió que debía presentarse como “tercero interesado” en el amparo que tramita el PJ. El 22 de julio su presidente, el diputado Roberto Sánchez, ratificó a LA GACETA que la junta había resuelto “accionar judicialmente para reclamar que se respete la Constitución y sus plazos”.
En esa edición, el legislador Raúl Albarracín exigía que ese partido se constituyera como “tercero interesado” en la causa con que el oficialismo busca anticipar los comicios de 2023.
“Hay que poner a la UCR a disposición de la Constitución de los tucumanos”, había alertado Albarracín. Era una advertencia: Sánchez y los tres intendentes radicales se habían reunido 10 días atrás con el gobernador Osvaldo Jaldo para ponerse “a disposición”. Fue el 12 de julio. Un día después de que la junta resolviera que había que presentarse en la Justicia.
Ahora, Albarracín accionó en Tribunales. Lo hizo junto con José “Lucho” Argañaraz, concejal de la capital y ex interventor de la UCR. Él renunció a la junta en marzo, tras denunciar en la Justicia Nacional Electoral supuestas irregularidades en la designación de autoridades mediante una lista única. Se determinó, por ejemplo, que como vicepresidente de la junta de Burruyacu figuraba un “correligionario” que llevaba cinco años muerto.
La UCR aún no se presentó en la Justicia. A pesar de lo decidido hace 20 días. Y de que, según el ex concejal José Luis Avignone, el pasado lunes 25, el apoderado de esa fuerza, Guillermo Gordillo Aráoz, repartió copias de un escrito para que fuera analizado y firmado.
