PRUEBA CONTUNDENTE. Varios de los miembros de la banda quedaron filmados cuando se repartían uno de los botines que robaron.
En una resolución de 104 páginas, el fiscal Diego López Ávila dio el primer paso para comenzar a cerrar el expediente conocido como “La industria del escruche”. Se trata de una banda que está acusada de cometer robos a viviendas con la que habrían conseguido apoderarse de más de $ 112 millones y una cantidad invaluable de joyas, electrodomésticos y dispositivos electrónicos.
En la resolución judicial, donde aparecen acusadas 17 personas, salieron a la luz algunos detalles de esta causa. Los integrantes están acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer este tipo de robos entre agosto de 2020 y abril de 2021. “En forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer robos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares , provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas”, sostuvo el fiscal.
1- Mecanismos
Según la investigación, los acusados realizaban distintas maniobras para cometer los “escruches”. Por ejemplo, procuraban en forma constante y continua obtener automóviles para ser utilizados como medio de movilidad registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como Córdoba o Buenos Aires. Otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o en una transacción informal o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes. También utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio. Luego de cometer los ilícitos, según la investigación de la fiscalía, se deshacían de los autos, ya sea vendiéndolos a otras personas, devolviéndolas a las concesionarias donde lo habían adquirido o modificando sus características exteriores para evitar que sean hallados.
2- Alquileres
La larga investigación, realizada por varias divisiones de la ex Brigada, el departamento Inteligencia, personal de la Unidad Regional Capital y el Equipo Científico de Investigación Fiscal determinó que la banda estaba integrada por personas que residían en Córdoba y en nuestra provincia. En el expediente figura que para no levantar sospechas, los acusados, llegaban a la provincia, cometían los robos y se marchaban. Se probó que para ello concretaban alquileres temporales de departamentos o se alojaban en diferentes domicilios que les conseguían sus cómplices locales.
“Debido a que la mayoría de los traslados realizados por los mencionados ocurrieron en época de restricciones a nivel nacional debido a la pandemia por Covid-19, los integrantes de la asociación adulteraban los permisos de circulación registrándose como trabajadores esenciales para lograr el ingreso a la provincia de Tucumán”, sostuvo López Ávila.
3- Complicidad
El fiscal destacó que la organización, “dentro de sus planes criminales, también se hallaba el ofrecimiento de dádivas a policías para obtener beneficios para poder cometer sus objetivos ilícitos sin que sean perseguidos o investigados por ciertos hombres o para obtener beneficios dentro de su lugar de alojamiento cuando se hallaban privados de su libertad”. “Los integrantes de la asociación también perseguían el propósito de actuar con total indiferencia a la autoridad, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos policiales e incluso atentando contra ellos”, agregó.
4- Los imputados
Quedaron cerca de ser enjuiciados Miguel “La Gatita” Lízarraga (61 años) -considerado el líder de la banda-, su hermano Néstor “Tuta” (52), su hijo Juan de Dios López (23), Luis Carreras (38), Walter Ernesto “Macho Blanco”, Cristian “Kuki” (23) y Walter “Bichi” (33) Caro, Lucas D’Mayo (35), Eduardo Saurit, Rubén Lobo (28) y Leonardo Olmos Chaván (33). Aún se encuentran prófugos Mauricio Lenzina (26), Marcos “Batore” (26) y Francisco “Vikunga” Caro.
Otros integrantes de esta organización accedieron a ser condenados a través de juicios abreviados. Ellos son Edgardo “El Joyero” Bournonville (33), Cristian Adrián Suárez (30) y Vicente Zenón Leguizamón (36). Además de recibir penas condicionales (de entre ocho meses y tres años), pagaron a las víctimas reparaciones por más de $1,8 millones.
5- Los cargos
Son cuatro los delitos de los que están acusados los integrantes de la organización: formar parte de una asociación ilícita, robo, encubrimiento y resistencia y atentado a la autoridad. Algunos acumulan más de una acusación.
En total, el López Ávila les imputó 12 robos que fueron los que logró probarles. Los investigadores no descartan que hayan cometido otros hechos similares, pero no hubo ningún indicio para endigarles otros casos. “Desde que se logró desarticular a este grupo, los índices de escruches disminuyeron en el Gran San Miguel de Tucumán”, comentó una fuente
De ese número, en dos no lograron apoderarse de ningún botín porque fueron sorprendidos por las víctimas. En los otros 10, según consta en el expediente, se apoderaron de $ 7,3 millones, U$S 352.930 ($ 104,5 millones), 1.000 euros ($ 354.000) y 800 libras (unos $ 297.000). En total, los acusados obtuvieron más de $ 112 millones. No se pudo realizar una valuación de la importante cantidad de joyas al no tener un listado exacto, pero se especula que sería otra cifra millonaria.
6- Lo que viene
En los próximos días habrá una audiencia donde todas las partes debatirán si los acusados deben ser enjuiciados. Además de analizar la teoría del caso propuesta por López Ávila, se definirán cuáles serán las pruebas que se analizarán en el hipotético juicio. También tienen que discutir la nómina de testigos que declararán. López Ávila, propuso 159. Entre ellos aparece “El Joyero” Bournonvile, el hombre que confirmó que recibía las joyas robadas por parte de varios integrantes de la banda cuando fue condenado hace pocos meses.
7- Las penas
El día que se le dictó la prisión preventiva, “La Gatita” Lizárraga dijo que nunca fue condenado por un delito contra la propiedad, pese a que tiene antecedentes penales desde 1982, cuando fue detenido por primera vez al ser acusado de cometer un “escruche” en Yerba Buena. El fiscal López Ávila anticipó que solicitará que se lo condene a 23 años de prisión. Idéntica pena solicitará para su hijo López.
De acuerdo al requerimiento, el representante del MPF pedirá al tribunal que a los otros acusados reciban estas condenas de cumplimiento efectivas: Néstor Lizárraga (12), Cristian (17), Walter (14) y Walter Ernesto Caro (5), Chaván (5), Lobo (8), D’Mayo (3).
