El Gobierno nacional publicó ayer el Decreto 426 por el cual se da cumplimiento a uno de los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y se congela las designaciones y contrataciones de personal “de cualquier naturaleza” en el sector público nacional.
La medida, según establece el documento que lleva la firma del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra Batakis, regirá hasta el 31 de diciembre de 2023 y contempla la prohibición de designaciones a término en las plantas transitorias, las contrataciones previstas en la Ley N° 25.164; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; para la prestación de servicios profesionales autónomos y las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente.
El decreto también prohibe contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.
Aunque establece el cierre de la llegada de empleados públicos a la administración nacional, este sector es mucho más amplio que el personal de los ministerios por lo que también contiene excepciones. En este sentido, deja afuera de la prohibición las designaciones en el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación; en el cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud y en el Servicio Penitenciario Federal y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.
Además, se excluye a las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; la cobertura de cargos o contrataciones para cubrir cupos de discapacidad y personas travestis, transexuales y transgénero, entre otras. Se aclara que la Jefatura de Gabinete “podrá autorizar excepcionalmente” el ingreso para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones “por razones fundamentadas y acreditadas por la autoridad superior de la jurisdicción o entidad requirente”.
