“La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.
Esto ordena el artículo 42 de la Ley de Ética en la Función Pública 25.188, sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 1999 y promulgada un mes después por el Poder Ejecutivo.
En concreto, esta ley nacional prohíbe que en cualquier publicidad oficial, cartelería o afiches callejeros, gráfica, radial, televisiva, digital, comunicados de prensa o redes sociales oficiales no puede figurar el nombre ni la imagen de ningún funcionario, de los tres poderes del Estado, cuya jerarquía sea a partir de director en adelante.
Puede tratarse de una obra pública, anunciada, en ejecución o finalizada, una celebración patria, una advertencia sanitaria -como ocurrió bastante durante la pandemia-, la divulgación de un espectáculo o cualquier evento oficial, entre otras comunicaciones públicas.
En ningún caso debe figurar el nombre del presidente, de un gobernador, intendente o cualquier otro cargo de un director o superiores.
Esta ley es violada sistemáticamente y cada vez con mayor frecuencia porque ni la Comisión Nacional de Ética Pública, ni las autoridades de aplicación, ni la Justicia sancionan esta grave falta.
Cuando se repara un puente, por ejemplo, a su lado se coloca un cartel con alguna arenga positiva (“estamos avanzando”, “seguimos trabajando”, “por el bien de todos” etcétera) y al pie se consigna el nombre de un gobernador, intendente, comisionado rural o de todos a la vez.
Y se trata de una falta grave porque el arreglo del puente fue realizado con dinero de los impuestos y porque hasta la propaganda fue abonada con dinero de la gente.
¿Por qué un cartel que paga todo el pueblo lo firma un funcionario? ¿Por qué se utiliza dinero del erario para promocionar la imagen de una persona a través de una acción positiva que tampoco financió esa persona?
Al margende la tristeza y el desánimo que a algunos nos provoca observar un manejo pueblerino de la comunicación pública, más propia de un califato, donde el señor feudal coloca su nombre en cada piedra que toca.
La ley 25.188 también ordena que “la enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos”.
Como esto tampoco se cumple, los niños argentinos crecen circulando por rutas, avenidas y calles viendo más nombres propios que obras. Una ecuación educativa de la ética que arroja resultados ya conocidos: la política al servicio de los políticos y no de la gente. Y con dinero de la gente.
La investigación
Esta violación obscena de la ley de Ética Pública llevó a la organización Ruido a realizar una investigación a nivel nacional.
Ruido (Red contra el silencio oficial) es un tejido nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles.
Ruido trabaja en alianza estratégica con Poder Ciudadano (Fundación que lucha por la defensa de los derechos cívicos); Fundeps (ONG que trabaja por los derechos humanos); Fopea (Foro de Periodismo Argentino); y ROCC (Red de Organizaciones Contra la Corrupción).
Ruido relevó los 24 distritos argentinos -23 provincias más CABA- haciendo foco en los gobiernos y en las intendencias de sus capitales.
El informe arrojó que el 58% de los gobernadores se aprovechan de los fondos públicos -en contra de la Ley 25.188- para promocionar sus imágenes o nombres en la publicidad oficial.
Los 14 gobernadores son: Raúl Jalil (Catamarca), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
A su vez informó que el 54% de los intendentes de las capitales (no relevaron ciudades que no son cabeceras) violan la Ley de Ética Pública. Ellos son: Martín Llaryora (Córdoba), Eduardo Tassano (Corrientes), Gustavo Martínez (Resistencia), Adán Bahl (Paraná), Jorge Jofré (Formosa), Inés Brizuela y Doria (La Rioja), Leonardo Stelatto (Posadas), Mariano Gaido (Neuquén), Bettina Romero (Salta), Emilio Baistrocchi (San Juan), Pablo Grasso (Río Gallegos), Norma Fuentes (Santiago del Estero) y Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán).
La investigación se hizo entre 2021 y 2022, y vale recordar que 2021 fue un año electoral.
Ruido no constató ningún uso de imagen personal en publicidad institucional -ni en la gobernación ni en la intendencia capitalina- en Santa Fe, CABA, provincia de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Mendoza y Chubut.
Es importante subrayar el período del rastrillaje, ya que algunas provincias o ciudades que no utilizaron fondos públicos para promocionar políticos este último año, sí lo hicieron en otras oportunidades, como es el caso de Chubut, hecho por el que fue denunciado el gobernador Mariano Arcioni en 2019 y debió retirar cartelería gigante de la vía pública, como una que decía “Entre todos producimos un futuro mejor. Mariano Arcioni”, ilustrada con imágenes de obras públicas.
Explicaciones insuficientes
Algunos funcionarios consultados por el equipo de Ruido se escudaron en que su provincia no adhirió a esta ley nacional.
Sin embargo, el constitucionalista Rodrigo López Tais explicó que “el universo comprendido por la norma alcanza a todos los empleados y funcionarios del Estado. Lo cual se refuerza cuando la norma indica cuál es la interpretación que debe efectuarse del concepto ‘función pública’. Se deduce, sin mayores esfuerzos, que el hecho de utilizar fondos públicos en beneficio personal para dar publicidad a una persona en particular, es considerado una conducta contraria a la ley”.
Debería además regir de manera general (sin excepción) por imperio del principio de igualdad ante la ley (Art. 16 de la Constitución Nacional).
Se desprende también de los capítulos I y II de la ley que rige para toda persona que ejerza la función pública, tanto en la esfera nacional como en la órbita subnacional (provincias y municipios).
La Ley de Ética también regula las declaraciones juradas de los funcionarios, electos o no, permanentes o transitorios, concursados o nombrados, y si bien en algunos artículos hace referencia específica a los empleados nacionales, en otros ítems habla de todos los funcionarios y empleados públicos jerárquicos, legislativos, judiciales, ejecutivos y municipales.
Más allá de la adhesión o no de una provincia a esta norma, el texto es claro en que abarca a todas las personas que ocupan espacios de cierto poder en la función pública y cobran un sueldo del Estado.
Fuera del debate jurídico, el equipo de Ruido -integrado por 17 periodistas, un infografista, una diseñadora y un desarrollador-, concluyó que “la práctica de utilizar imágenes y nombres propios en la publicidad oficial tiene varias consecuencias: se promociona a determinados funcionarios con fondos públicos; afecta la competencia política democrática al suponer una desventaja para la oposición, que no dispone de esa cantidad de recursos para instalarse en la opinión pública; y perjudica a la transparencia estatal”.
Todo esto maximizado y agravado en épocas de campaña o a medida que más se aproximan las elecciones.
Ruido también recordó que el exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel, Sergio Urribarri, fue condenado a 8 años de prisión por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y por peculado.
De las cinco causas que enfrentó Uribarri tres fueron elevadas a juicio unificadas por la campaña denominada “Sueño entrerriano”, que no fue otra cosa que el lanzamiento presidencial del gobernador, a lo largo de todo el país, financiada con dinero público de Entre Ríos.
Según la acusación se disfrazaron de “actos de gobierno” lo que, en realidad, fueron actividades de campaña política.
Sin datos ni respuestas
La organización Ruido también constató que otras ciudades no cabeceras utilizan publicidad oficial para promocionar el nombre y la imagen de sus intendentes, como es el caso de General Roca, pero al no haber relevado aún a la totalidad (hay 1.298 municipios en el país) decidieron no hacer público este informe hasta que no se concluya.
En otra investigación reciente, publicada el 30 de marzo, Ruido confeccionó un índice (con gráficos interactivos) del acceso a la información pública en materia de obra pública.
Este índice abarca los años 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022.
Allí se consignan cinco categorías, de mejor a peor: 1) Mayoría de datos disponibles; 2) Publicación parcial o incompleta; 3) Datos insuficientes con pedidos de acceso a la información pública; 4) Sin datos públicos ni respuestas de pedido a la información pública; y 5) Sin relevamiento.
Algunos distritos subieron y bajaron en este índice, según el año, como La Rioja, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Misiones o La Pampa, que oscilan entre “datos insuficientes” y “sin datos ni respuestas”.
Otros mantuvieron el mejor estándar todo el período relevado (mayoría de datos disponibles), como Mendoza, Córdoba o Río Negro.
Sólo tres provincias aparecen en rojo, en el fondo de la tabla, durante los tres años: Tucumán, Formosa y Santiago del Estero.
Tres gobiernos que se mantienen firmes en su decisión de no dar a conocer el estado de sus cuentas y de gobernar de espaldas a la gente.
Ruido ni siquiera pudo obtener el costo total de la construcción del estadio Madre de Ciudades, la obra pública más importante de los últimos años en Santiago. Apenas llegaron a consensuar un monto aproximado a partir de publicaciones periodísticas: poco más de 3.000 millones de pesos.
Si bien se trata de dos investigaciones diferentes de la red Ruido, los dos informes son vinculantes y están estrechamente relacionados respecto de la transparencia y la ética pública.
Ahora sabemos que cuando caminamos por la calle o viajamos por la ruta y vemos un cartel que dice algo como “Entre todos producimos un futuro mejor. Juan Pérez”, a la promoción de Pérez la estamos pagando todos de nuestro bolsillo. Dinero que, además, no se está usando para cubrir las necesidades más urgentes.
