Por Paula Barbaran
12 Julio 2022
Mercedes Saldaño.
“A veces parece que estamos hace años trabajando”, dice Julia Saldaño en diálogo con LA GACETA. Desde hace un mes que asumió la nueva gestión a cargo del rector, Sergio José Pagani, y la vicerrectora, Mercedes Leal, y Saldaño se hizo cargo de la nueva secretaría de Género, Diversidad y Derechos Humanos, prometida en campaña.
Ampliación de derechos
Saldaño trabajó junto a Leal cuando asumió como decana en 2014 y luego en 2018 en la Facultad de Filosofía y Letras. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en la ampliación de derechos en términos generales y la cuestión de género y diversidades. Lo que sucede en Latinoamérica, en el país, ocurre en la Universidad”, dijo Saldaño.
La Universidad trabaja desde hace varios años en centros de estudios, institutos de investigación y centros de estudiantes que investigan y avanzan en materia de género y diversidades, intentando instalar en la agenda de las facultades estos temas. “Principalmente la preocupación pasa por la violencia y la discriminación, también la diversidad sexual étnica, cultural y religiosa”, desarrolló.
En la Facultad de Filosofía y Letras comenzaron a trabajar hace cinco años estas temáticas en el Ateneo de Género, Mujeres y Diversidades. “Ahí trabajamos una serie de líneas orientadas a la capacitación y a la formación en género con jornadas y talleres. En 2018 se crearon en las facultades los espacios de actuación e implementación del protocolo de atención a situaciones de violencia de género dentro de la Universidad Nacional”, explicó la nueva secretaria.
Hoy, la Universidad Nacional de Tucumán es una de las cuatro universidades a nivel nacional que institucionalizaron una nueva área de género que visibiliza, trabaja y define la temática de género, diversidades y derechos humanos.
-¿Cuáles son las urgencias a atender en cuestiones de género, diversidad y derechos humanos dentro de la Universidad?
-Actualmente hay necesidad de mucha planificación pero el principal tema que nos ocupa son los asuntos vinculados a la violencia de género o violencia por discriminación en todo el ámbito de la Universidad. Hay una cuestión que está latente y es permanente. Existen referentes en cada una de las facultades que están atentas, mirando, escuchando, atendiendo las denuncias que están vinculadas a violencia de género y de discriminación.
Otro tema muy fuerte es el que tiene que ver con el respeto a las identidades y a las diversidades sexuales. Ya no solo por la discriminación sino que hay una responsabilidad nuestra sobre la identidad sexual autopercibida. Hay una responsabilidad grande de avanzar en normativa en instrumentos legales. Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras es la única que ha podido emitir una resolución en la que se establece el procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida.
Creemos que la Universidad debe poder discutir y trabajar estas herramientas que no permitan interpretaciones ambiguas. La denominación no binaria de título, por ejemplo, es uno de los temas a atender.
-¿Cómo atienden a quienes denuncian alguna situación de violencia o discriminación?
Las escuelas experimentales tienen un gabinete de psicólogos, psicopedagogos que ya trabajan desde hace muchos años acompañando estas situaciones que son complejas porque son chicos menores de edad. Existe un referente del protocolo, una persona, que está a cargo de cualquier situación de violencia que ocurre en el marco de las Escuelas Experimentales.
La Universidad, por su parte, cuenta con espacios de acompañamiento y de tratamiento de estas cuestiones. Las facultades tienen espacios de actuación de protocolos compuestos por dos personas, una titular y una suplente. En las facultades hay abogadas o psicólogas que están en el cargo, al frente de esos espacios, y son quienes escuchan, reciben las denuncias y activan el protocolo si es necesario.
-¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la Universidad en estos casos?
-Una de las cuestiones que establece el protocolo es que el hecho de violencia, por ejemplo, no tiene necesariamente que ocurrir en la Universidad. Pueden ser dos miembros de la comunidad universitaria, por ejemplo. En ese caso se escucha a quien denuncia, se hace una actuación administrativa que pasa por la mirada de expertos como abogados o psicólogos y luego se toma una decisión en el Consejo Directivo, donde se evalúa si hay alguna sanción, en caso de ser necesario.
Actúa el Consejo Directivo y puede actuar el Consejo Superior o el Rector tomando alguna decisión por anticipado. Por ejemplo si llega una decisión de la Justicia –como una perimetral- el Rector puede tomar la medida preventiva de apartar a una persona hasta que se resuelva la parte legal, por mencionar un ejemplo.
-¿Son necesarias las capacitaciones en Ley Micaela, por ejemplo, para el staff de la Universidad?
La formación continua y permanente es sumamente importante y la Ley Micaela es como el gran símbolo de la formación en género y derechos humanos. Ya estamos planificando ese tipo de actividades para agosto, cuando vamos a trabajar con todos los referentes de los protocolos para evaluar y mejorar ese instrumento. En septiembre vamos a capacitar en Ley Micaela para que sea una temática transversal en la Universidad. Esto ocupa nuestro mayor esfuerzo hoy.
-¿Se analiza modificar currículas en estos aspectos?
-Nuestra idea es que las cuestiones sobre perspectiva de género y derechos humanos vayan mirando hacia adelante por lo que se puede analizar los planes de estudios y las propuestas de formación que tienen en relación a esto.
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