El “Gran Hermano” de la videovigilancia tuvo tropezones en dos de sus postulados más atractivos en esas últimas dos semanas: prevenir el delito y perseguirlo con datos registrados. El primer caso se dio en el salvaje ataque a una empleada de comercio en un local de avenida Aconquija al 1.400, que fue golpeada y arrastrada de los pelos por el violento asaltante que, pese a que luego fue capturado, evidentemente no tuvo miedo de ser filmado y no fue disuadido por la cámara. En el segundo caso, el asalto a una joven cajera de un Pago Fácil en Maipú al 200, las cámaras ubicadas en las esquinas de Córdoba y de Mendoza no estaban funcionando. Se dirá que el segundo postulado se cumplió en el primer caso, porque el sospechoso del asalto de la avenida Aconquija, apodado “Pantera”, fue reconocido y atrapado en las Talitas. Pero la falta del primer postulado -la cámara no sirvió para prevenir ni para disuadir el ataque- hace pensar que eso no va a ayudar a la joven atacada que, según se sabe, requiere apoyo terapéutico para enfrentar las consecuencias de semejante agresión.
Contento de unos, enojo de otros
Hace dos semanas se difundió un informe que daba cuenta de cómo se ha extendido en la provincia el uso de las videocámaras. Se dijo que están funcionando más de 1.100 cámaras (y en los próximos meses se instalarán más de 600), muchas de ellas instaladas en municipios del interior como Aguilares, que tiene 199, o Concepción, con 110, o Yerba Buena, 140 y a punto de instalar otras 20. También los delegados comunales han pedido al ministro del Interior estos aparatos y algunos, incluso, ya están comprando con fondos propios los equipos, según explicó el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que dijo que “no sólo son útiles para la prevención del delito, sino que pueden servir como pruebas para la Justicia”.
Tanto el secretario del área en Yerba Buena, Mauricio Argiró, como el de la Capital, Rodolfo Ocaranza, se mostraron entusiasmados en que la cooperación con el Gobierno provincial -tanto en las llamadas al 107 como al 911- en que la experiencia dará resultado. El mismo Ocaranza dijo que el uso de cámaras en el mes que lleva funcionando el centro de monitoreo ayudó a detectar infracciones de tránsito, hallar a un niño extraviado e identificar a un automovilista que había dañado una columna y había huido. Argiró relató que pudieron advertir que se había producido un accidente y enviaron policías y ambulancia a auxiliar a los heridos. “Por los resultados tuvimos que hacer un sistema perfectamente aceitado”, dijo el funcionario de Yerba Buena.
Pero en la misma información de hace dos semanas se reveló que en tiempos del ex ministro de Seguridad Claudio Maley había 500 cámaras colocadas en la provincia, la mitad de las cuales había dejado de funcionar o no servía porque estaban instaladas en zonas sin iluminación o bien las copas de los árboles las habían tapado. ¿Cuántas se estima que funcionan de las 1.100 instaladas hoy? Nadie habló de eso, excepto los damnificados por el asalto al Pago Fácil de Maipú al 200. “Es vergonzoso que no funcionen las cámaras en un lugar tan transitado”, dijo Roque Almirón, dueño del negocio. “Hace menos de un mes la Provincia y el Municipio sacaban chapa de que compraron nuevas cámaras, abrieron un nuevo centro de monitoreo y sumaron personal”, se quejó. Otro comerciante, Claudio Romero, añadió: “Lo que cuestiono es que a la siesta y a la noche no quede un policía en la zona. Además, las cámaras de las dos esquinas no andan”.
Desolado barrio Parque
¿Son casos aislados? No se sabe: en los informes de los funcionarios no se da cuenta de estas cosas, porque el mensaje es que “estamos dando seguridad”. Sólo con las historias que llegan a los medios se tiene un indicio de lo que está pasando. Por ejemplo en el incidente del barrio Parque del miércoles pasado, cuando un policía baleó a dos estudiantes al confundirlos -aparentemente- con asaltantes, quedaron en evidencia varias cosas: una, que las alarmas que instaló la Municipalidad capitalina no están funcionando, según revelaron los vecinos en un informe publicado por LA GACETA el martes: “si estás solo en la parada, no estás ni 10 minutos sin que te afanen todo lo que tenés”, dijo Fernando Pastrana. Otra cosa en evidencia fue que los policías de barrio -presentados hace un año cuando se lanzó allí el sistema de Cuadrantes de Patrulla- ya no están y apenas si fueron reemplazados por agentes bisoños.
En ese barrio -que es lindero al parque 9 de Julio y a La Costanera- fue asaltada el 14 de junio por dos motochorros la vendedora Aída I.. El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad de una vivienda particular. Los arrebatadores se fueron campantes. La víctima dijo que había seis policías en un quiosco cercano. “Son jóvenes sin experiencia que no cumplen con la tarea asignada y nadie los controla”, reclamó. Otro vecino, Alberto Reyna, se quejó: “El Cuadrante de Patrullas y las alarmas han sido una ilusión más para los habitantes de este barrio”.
Una tercera cosa que quedó en evidencia en el caso del cabo que baleó a los estudiantes fue que había agentes de Cuadrantes de Patrulla -los vecinos dijeron que volvieron después de la publicación del martes- pero que los policías empezaron a recoger las vainas del tiroteo (tremenda irregularidad), no secuestraron el arma del cabo y amenazaron a los vecinos que reclamaban con que utilizarían sus armas antitumultos. “Lo están protegiendo por la macana que se mandó”, reclamó Sofía, tía de los estudiantes. Al fin, la llegada del comisario Daniel Mostafá aquietó los ánimos: hizo trasladar al cabo a la comisaría y ordenó preservar el lugar, aunque no se sabe si ya era tarde para eso.
En el informe sobre las cámaras de vigilancia sí se detalla que hay de distintos tipos: para detectar ilícitos; para registrar patentes de vehículos; para advertir que hay sospechosos y específicamente para reconocimiento de rostros en los casos en que hay registro de condenados. Concretamente, se sabe que muchas de las 600 cámaras que enviará la Nación se van a instalar en las nuevas dependencias carcelarias a construir y que otras “serán ubicadas en puntos estratégicos de la capital, del interior y de los puestos fronterizos para fortalecer el Operativo Lapacho”, al decir del ministro de Seguridad, quien describió que la instalación de las cámaras “responde a un plan estratégico”, aunque aclaró que todavía falta definir “cuáles son los puntos donde deben ser instaladas para que no haya superposición y tengamos dos cámaras marcando el mismo lugar”.
Público y privado
En todo esto, no se ha hablado de tres detalles: 1) ¿Cuán efectivas han resultado las cámaras que funcionan en la provincia al menos desde hace 15 años? No se conocen estudios al respecto y la verdad es que es difícil acceder a informes específicos. En una reciente publicación en “La Vanguardia digital” de Godoy Cruz, el periodista Martín Appiolaza -que ha sido director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la Universidad Nacional de Cuyo- cita a Gian Guido Nobili, director del Foro Italiano de Seguridad Urbana, quien es contundente al afirmar que “la videovigilancia parece resultar escasamente eficaz para reducir la criminalidad en los centros urbanos y en zonas residenciales, y, en contrapartida, consigue los mejores resultados en espacios relativamente limitados y con un acceso controlado. Influye escasamente en los delitos relacionados con el consumo de alcohol y los actos de violencia no deliberados, mientras que arroja mejores resultados en delitos con un mayor grado de premeditación”.
Concretamente, puede ser más útil para perseguir a los delincuentes filmados que para disuadirlos de asaltar. No obstante, la facilidad que permite la tecnología ahora ayuda a que se monten cada vez más estos aparatos responde a que “el uso del espacio público influye de manera contundente sobre la percepción de seguridad. Sabemos que los espacios públicos muy poco utilizados y desolados provocan miedo”.
2) ¿Quiénes son los responsables de la instalación y el funcionamiento de los equipos, y cuánto le cuestan al erario? Vinculado con esto, es ineludible indagar ventajas y desventajas en el costo de policías de calle versus el costo de cámaras de vigilancia. Sobre todo cuando se ven fallas como la de Maipú al 200, donde no había agentes y las cámaras no funcionaban.
Analizar esos costos se vincula directamente con la estrategia de seguridad y con sus resultados. Nada de eso se sabe o, al menos, no se da a conocer. ¿Hay algún área del Ministerio de Seguridad que la estudie? Tampoco se sabe que haya un área relativamente independiente, como podría ser el devaluado Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho, que se ocupe de monitorear esto para hacer críticas (constructivas) sobre esa estrategia. Para que se sepa si están haciendo bien las cosas al gastar el dinero público. En esto bien podrían ayudar las encuestas de victimización, que, por cierto, nunca se hacen porque son caras. Pero ayudan a saber lo que pasa, sobre todo cuando el Estado no da a conocer información, excepto la que quiere hacer pública, que es lo que está pasando en la actualidad.
3) En tercer lugar, no se ha debatido en esta sociedad la incidencia del uso de cámaras de vigilancia que están en el medio del debate entre lo que es la vigilancia pública y la intromisión a la vida privada. Inglaterra estuvo a la cabeza del modelo de la prevención situacional al llenar de cámaras las calles de las ciudades. También China. Asimismo, los regímenes poco democráticos, como muchos reinos de Medio Oriente, han estimulado el uso de cámaras de reconocimiento facial. Entre nosotros, hace cuatro años hubo un fuerte escándalo político a raíz de la empresa que había sido contratada por la CABA para instalar las videocámaras y se dijo que se habían entregado a una agencia privada los datos biométricos de 7 millones de personas, entre ellas las máximas autoridades del país. Fue en un fuerte debate político que involucró a la vicepresidenta, que está detallada en la nota “La empresa del Gran Hermano porteño”, del 7 de abril pasado en “Página/12”. ¿Tucumán está exento de estos riesgos?
