Por qué surgieron los “nuevos ricos” de Tucumán

Por qué surgieron los “nuevos ricos” de Tucumán

Las redes sociales lo pueden todo. Hasta acabar con una “ley” primordial en el mundo del hampa: mantener el perfil bajo. Facebook e Instagram pusieron punto final a la impunidad que tenían algunos grupos y personas que están acusados de haber cometido delitos contra la propiedad o fueron investigados por tener vínculos narcos. El afán por exhibir la vida cargada de lujos que llevan terminó poniéndolos en jaque y su accionar quedó al descubierto.

En la causa conocida como “La industria del escruche”, el fiscal Diego López Ávila logró desarticular una de las bandas más importantes de los últimos tiempos. Los acusó de haber cometido 20 robos de casas sin moradores en menos de dos años con los que consiguieron, según las estimaciones de los peritos judiciales, botines por $40 millones. Esta organización, que está sospechada de cometer este tipo de ilícitos en Córdoba, Salta, Mendoza y Buenos Aires, habría actuado desde hace cinco años. Su supuesto líder es Miguel “La Gatita” Lizárraga, quien arrastra causas desde hace 40 años, pero nunca enfrentó a un tribunal en nuestra provincia. En Córdoba, provincia donde terminó instalándose después de que Mario “El Malevo” Ferreyra lo persiguiera, siempre tuvo un perfil bajo y se hizo conocido como un hombre de negocios, ya que se dedicaba a la compra y venta de inmuebles y tenía una concesionaria de vehículos usados. En la investigación también aparecen el clan Caro, encabezado por “Macho Blanco” e integrado por sus hijos, “Bichi”, “Kuki”, “Vikunga” y “Batore” que no dudaron en mostrar su crecimiento económico en las redes. Por ejemplo, uno de ellos aparece vendiendo frutillas en las calles y años después mostrando fajos de billetes de dólares.

Juan Jesús Piero Pinna aparecía como un joven comerciante que se dedicaba a la venta de productos avícolas con la firma “El faraón del pollo”. En menos de tres días pasó de ser un ex rugbier a estar acusado de haberle robado a su ex mujer y por un crimen cometido en Mar del Plata durante una fiesta donde se habrían caudillos del peronismo bonaerense. El sospechoso, socio del clan Caro, estaría mencionado en causas de tráfico de droga. Walter “El Petiso David” Lobos, también vinculado al mundo narco, después de haber negado que usó cuatro kilos de collares de oro en un video en el que aparece con el cantante L-Gante, subió a las redes una imagen en la puerta del estadio Wembley, donde alentó a la selección argentina cuando enfrentó a Italia. El ex diputado nacional José Cano volvió a arremeter con la teoría de los “nuevos ricos” de Tucumán. “Es increíble que un ciudadano común, por comprarse un auto deba responder ante las autoridades, mientras que estas personas muestran impunemente sus lujos y nadie diga nada”, señaló.

Complicidad

“Batore” Caro utilizó las redes sociales para publicar una sugestiva imagen. Sosteniendo fajos de dólares y pesos como si se tratara de un celular, escribió una frase: “nos escuchan”. Para los pesquisas, ese posteo tiene dos mensajes: el prófugo de la Justicia sabía que lo estaban investigando porque alguien le avisó y que tenía el dinero suficiente para afrontar cualquier proceso en su contra, incluso comprar voluntades para tener información sobre las investigaciones en su contra. Justamente, la complicidad policial y la mora judicial aparecen como la base del crecimiento de estos grupos.

En el expediente de “La industria del escruche” hay varios audios de uniformados hablando con los acusados. En esas conversaciones recibían datos sobre posibles allanamientos, los estados de las causas iniciadas en su contra y también brindando información para que esclarecieran otros hechos resonantes a cambio de protección. Los acusados, según se rumorea en los pasillos, amenazan desde que fueron procesados con mostrar las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad donde supuestamente aparecen policías retirando sobres con dinero.

Todos los procesados tienen causas abiertas en la Justicia, pero ninguna condena. Las acusaciones en su contra estuvieron cajoneadas durante años y actualmente están en el régimen conclusional para que sean resueltas. Los imputados, acostumbrados a que “nunca pase nada”, rechazan las propuestas para buscar una salida alternativa y veloz a sus casos. Parece que todavía no terminan de entender que el proceso en su contra es firme y que las pruebas acumuladas terminarían en duras condenas. Pero hay más. Los investigadores, tanto en el fuero provincial como federal, se topan con un duro problema: investigar el patrimonio de una persona lleva meses por la burocracia. El fiscal Pablo Camuña solicitó en 2017 que nuestra provincia cuente con una oficina de la Procunar que se especializa en este tipo de tarea, pero su planteo nunca fue escuchado.

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