No importa cuántos sean, sino el hecho de que están allí, desamparados, y que necesitan la asistencia social del Estado: son las personas en situación de calle. No es una cuestión para politizar, lo que sucede cuando se apuntan los responsables de las gestiones públicas. El tema es lo suficientemente delicado como para tener miradas estrechas, que exige la implementación de un trabajo mancomunado y coordinado entre Provincia, Municipios y Comunas; lo que al parecer no sucede ya que cada administración corre por su cuenta a la hora de atender la problemática social.
Esto queda de manifiesto no sólo en las explicaciones que brindan funcionarios provinciales y municipales al referirse a los seres humanos que viven esta situación tremenda, sino que se pone en evidencia cuando se accede al texto de la ley respectiva. En agosto de 2016 se sancionó la ley 8.909 (publicada en el Boletín Oficial el 21 de septiembre de ese año), que crea el “Programa provincial de protección social para personas que se encuentren en situación de calle”, con el objeto de brindarles un ámbito de contención y de atención institucional.
En la legislación, aparte de establecer que la norma debe ser reglamentada 80 días después de publicada, se indica explícitamente que debe constituirse un equipo de trabajo para coordinar acciones con los distintos programas implementados a nivel nacional, provincial o municipal, estableciendo contactos y coordinando recursos disponibles a través de organismos públicos o privados para afrontar la problemática de las personas en situación de calle. En la realidad no se verificaría esa labor conjunta entre las distintas administraciones, ya que cada una encara su propia tarea, sin tener en cuenta a la otra gestión. Esto quedó claramente expuesto en una producción periodística de ayer, donde la Municipalidad de la Capital avanza con su programa “Asistir” y contabiliza 50 personas en situación de calle durante las noches, mientras que desde la Provincia, que encara su plan “Abrigar”, alude a 25 a 30 personas. En la comuna, según se indicó, otorgan al desamparado una bolsa de dormir, un aislante, ropa de abrigo y alimentos, además de atención médica. En la Provincia refieren que se topan con estas personas en los alrededores de los hospitales y del microcentro y que les dan abrigo, comida y les ofrecen llevarlos a albergues.
Bienvenidas todas las acciones del Estado para atender esta problemática que afecta a algunos tucumanos; sin embargo, lo que debería llamar la atención es que no haya una planificación conjunta entre las diferentes reparticiones provinciales y municipales, para concentrar esfuerzos y realizar una labor complementaria más eficiente. La propia norma lo promueve, pero en los hechos no parece verificarse.
El programa, además, fija la creación de paradores nocturnos para brindar con carácter inmediato y de emergencia un servicio donde las personas puedan pernoctar, recibir alimentos y facilitar la higiene personal. También contempla que se incentivará a las personas alojadas a que finalicen sus estudios primarios o secundarios y a realizar cursos de capacitación laboral. La ley es buena, pero en los hechos las acciones sectoriales no favorecen una mejor atención de las personas en situación de calle, realidad que de por sí obliga a dejar de lado cualquier grieta o diferencias políticas.
