12 Junio 2022
Examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello. Dicho de una autoridad: dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones. Espiar, por mandato o autorización legal, una comunicación privada. Son algunas definiciones que propone el Diccionario de la Real Academia Española del verbo intervenir. Hasta concluir la adolescencia y un poco más muchos padres suelen ejercer el control sobre sus hijos. Cuando ellos alcanzan la mayoría de edad se liberan de la tutela. Sin embargo, hay intervenciones que se prolongan, sea por falta de confianza en los intervenidos o por exceso de autoritarismo en los interventores.
Los argentinos tenemos una larga tradición en las intervenciones a organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) creado el 13 de mayo de 1971, a través del decreto-ley 19.032 por el ministro Francisco Manrique, para ser administrado por sus propios beneficiarios. Sin embargo, a lo largo de 51 años, el objetivo nunca se cumplió, pese a la mayoría de edad de todos sus afiliados.
Los tucumanos no nos quedamos atrás en esta materia. El Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y la Caja Popular de Ahorros padecen esa condición desde hace años.
El Subsidio, el mayorcito de los organismos intervenidos, fue creado en octubre de 1969. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217, que establecía que en seis meses debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo.
El 16 de marzo de 1973, mediante la Ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transformó la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. Nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, el IPLA se halla intervenido. La Caja Popular de Ahorros fue fundada por el gobernador Ernesto Padilla el 13 de julio de 1915; a pocos días de iniciar su gobernación, en 2003, José Alperovich la intervino.
En 2007, la Legislatura sancionó una norma que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero Alperovich la vetó. En diciembre de 2015, el ministro de Gobierno, Regino Amado, dijo que el Poder Ejecutivo había incluido en su agenda la normalización de estos entes. En marzo de 2017, el secretario general de la Gobernación anunció que el Ejecutivo iba a presentar en la Legislatura un proyecto de ley para normalizar el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), más conocido como Subsidio de Salud.
Tras un golpe de Estado, lo primero que hacen los militares es intervenir los poderes y organismos del Estado para tener un pleno control de sus actividades y designar a dedo gente de su confianza que obedezca sus órdenes. En 39 años de democracia sigue siendo un despropósito que esta herencia de la dictadura se mantenga viva en Tucumán.
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