Con 71 años, quedó detenido por el crimen del carrero

Sostuvieron que la defensa no acreditaba la edad ni los males de salud del acusado

Por el crimen del carrero Santiago Melián el juez Bernardo L’Erario ordenó al prisión preventiva por dos meses para Bartolomé Miguel Cajal, de 71 años. El fallo tuvo que ver con que no se haya presentado hasta el momento el DNI del acusado ni la documentación correspondiente para probar su edad y los problemas de salud que tendría. De esa manera, el magistrado consideró que los argumentos del defensor Jesús Manuel Ruiz Flores no estaban respaldados hasta ese momento con pruebas en el legajo.

El auxiliar Juan Pablo Godoy de la fiscalía de Homicidios II imputó a Cajal por homicidio simple. Según relató, el sábado Melián circulaba en un carro tracción a sangre junto a su pareja y su hijo por avenida Alem al 2.300 cuando al llegar a la esquina de López Mañan Cajal se les acercó con una escopeta y mató al carrero de un disparó en la cabeza. Tras el hecho Cajal se encerró en su casa y luego se entregó a la Policía. El arma quedó secuestrada.

Godoy solicitó la prisión preventiva por dos meses para el acusado al considerar que estando en libertad podría entorpecer el proceso, debido a que los testigos del hecho son sus vecinos. Ruiz Flores se opuso a esta cuestión. “En primer lugar mi defendido tiene 71 años y la ley prevé que a los mayores de 60, y a quienes estén afectados por enfermedad grave o riesgosa estén exentos a esta medida”, remarcó. El defensor mencionó que se le entregó a la Fiscalía un carnet de discapacidad y una historia clínica acreditando los males de salud que padece el imputado y, en ese sentido, detalló que Cajal sufre de insuficiencia renal terminal, debe realizarse tres diálisis a la semana para vivir. “De hecho hoy a la mañana debía asistir a una diálisis y la Policía no lo trasladó”, denunció. Además agregó que el imputado fue operado de la vejiga y la próstata y pidió que como máximo le dieran la domiciliaria.

Godoy aseveró que en el legajo no constaba toda esa información. Subrayó que ni siquiera habían aportado el DNI para probar la edad de Cajal y dijo que había un informe forense que planteaba que el imputado podría ser detenido en una comisaría siempre y cuando sea trasladado para las diálisis. El juez coincidió en que la defensa no acreditaba su versión con pruebas y aceptó al pedido fiscal. Ordenó el traslado de Cajal, primero a un centro de diálisis y luego a una comisaría. Ruiz Flores impugnó la resolución.

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