La percepción general es que, transcurrido los primeros cuatro meses del año, los argentinos somos un 23% más pobres que cuando se cerró 2021. Y esto se da por la evolución que ha tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y abril, con una expansión que no se ha observado en tres décadas. El problema de vivir con esta sensación es que las familias piensan más en subsistir que en proyectar el futuro. Nadie garantiza que la inflación se reduzca bruscamente en lo que resta de este 2022 ni que el Gobierno nacional logre encarrilar el rumbo de los precios. Estamos profundizando una crisis de confianza que tiene como principal protagonista al Gobierno nacional y, naturalmente, como corresponsables al resto de los agentes económicos, aunque cada cual con su cuota de participación. ¿Cómo se reparten esas responsabilidades? Un sondeo efectuado por Horus, Inteligencia Cognitiva, una consultora especializada en comunicación y soluciones informáticas, ha dado cuenta que, en las redes sociales, el 89% de los internautas consultados menciona al Gobierno Nacional en primer lugar, criticando el esquema económico propuesto y las medidas implementadas para subsanar los índices de inflación. Mauricio Macri y la oposición aparecen en segundo lugar con el 9% y los empresarios y sindicatos en tercer lugar con el 2%.

“Al día de hoy el 79% de las acusaciones son críticas genéricas al modelo económico y deslegitimaciones al Presidente, aunque solo un 10% son críticas con fundamentos técnicos (emisión, planes sociales, FMI). Es decir, en este contexto, el aspecto principal es la crisis de confianza, donde predomina la mención del culpable sin necesidad de justificar concretamente el por qué”, se explaya Esteban Neme, socio de Horus.

Desde que Fernández llegó a la presidencia de la Nación, la caída del poder real de compra de los argentinos ha caído entre 9 y 10 puntos, con una pérdida de competitividad de los ingresos de los trabajadores de países vecinos que tornan imposible, por ejemplo, salir de compras hacia otros destinos.

El sueldo no alcanza. Una remuneración promedio del sector privado, que ronda los $ 60.000 mensuales, no pueden llegar a cubrir el valor de una canasta básica de $ 90.000. Esto saca ala luz otro fenómeno socioeconómico: son más los argentinos que, teniendo una ocupación, buscan otra para llegar a fines de mes. Y los que no tienen esa posibilidad tratan de financiarse con préstamos o con la tarjeta de crédito, aun sabiendo que las tasas de interés son extraordinariamente elevadas. Sin embargo, aquí se percibe otro fenómeno. El mes pasado se estancaron las operaciones vinculadas con el dinero plástico, sencillamente porque las familias ya no tienen más margen para gastar a cuenta. “El incremento de los índices de inflación, motivan a un sector de los consumidores a adelantar sus compras, sobre todo utilizando las ofertas de cuotas “sin interés”, tratando de ganarle la “carrera” a los aumentos de precios, por tal motivo veremos un mayor dinamismo en el rubro en estos meses. Es importante también que la tasa que autoriza el BCRA para estas operaciones, se mantenga en línea con el incremento del costo del dinero para las Entidades Financieras, para que las mismas mantengan las ofertas de financiamiento”, aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, una empresa especializada en finanzas.

El escenario del futuro mediato no es para nada alentador. La emisión monetaria le pondrá nuevamente más combustible a la inflación porque el Gobierno no tiene otra fuente de financiamiento para costear los gastos. Encima, está en una pelea interna por establecer el cómo y el cuánto será el aumento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. El riesgo que se corre en este sentido es que la segmentación cause diferencias que atenten, por ejemplo, contra principios constitucionales. Indudablemente se corre el riesgo de que el futuro aumento se judicialice. ¿Se imagina un escenario en el que el vecino pague $ 2.000 0 $ 4.000 de menos de electricidad si su ingreso está levemente por debajo del que percibe? Lo que sí está más que claro es que en el caso de las provincias no será uno sino dos y hasta tres los reajustes en las tarifas de la energía. Hubo atraso tarifario porque el año pasado ningún gobernante quiso poner el dedo en el enchufe para autorizar subas porque, de haberlo hecho, hubiera tenido consecuencias electorales. Frente a esa decisión política, los reajustes son más importantes ahora, y estarán en torno del 40% anual. Hay ítems que están relacionados con la generación y el transporte (que es lo que se está decidiendo en las audiencias públicas) y otros con la distribución, lo que la empresa local ha pedido como ajuste por inflación. La velocidad de esos incrementos no es la misma para el caso de los salarios.

Además, las tarifas volverán a discutirse a fines de octubre o principios de noviembre, que es el próximo turno de revisión. Tal vez sea uno de los últimos antes de que el Gobierno vuelva a pedir un congelamiento y se produzca otro atraso porque llegarán las elecciones de 2023 y desde febrero de ese año hasta al menos octubre no se hablará de aumentos. Hasta entonces, los argentinos tendremos que seguir cantando bajito, retocando la canción que suele interpretar Juan Carlos Baglietto: “sólo se trata de sobrevivir, esa es la historia”.

Comentarios