Cortaron la entrada al Cadillal para pedir que no los desalojen

Los vecinos del barrio Las Mesadas tienen un mes para abandonar sus casas. Dicen que son compradores de buena fe pero el terreno tiene dueño

EL RECLAMO. Los vecinos cortaron la ruta aunque dejaron pasar cada cierto tiempo a los automovilistas. LA GACETA/ FOTOS DE ROBERTO DELGADO EL RECLAMO. Los vecinos cortaron la ruta aunque dejaron pasar cada cierto tiempo a los automovilistas. LA GACETA/ FOTOS DE ROBERTO DELGADO

“De la rotonda del Cadillal, a la derecha, hacia el vallecito. Pasa la escuela, hay un cocotero, las palmeras, un triángulo, una calle de ripio, un puente de hierro sobre el río Loro, llamado puente amarillo. Luego sigue 500 metros; en el cruce, a la izquierda hay una plantación como una montaña de limones y a la derecha un giro de 90 grados que lleva al Timbó. Ahí está el barrio Las Mesadas”. Así explican los habitantes de ese pequeño poblado ubicado en la parte baja del Cadillal cómo llegar hasta sus casas.

Ayer cortaron la ruta de acceso al embalse para visibilizar su situación. Hace unos días recibieron una orden de desalojo de los legítimos dueños del predio donde viven desde hace años. Tienen un mes para irse.

“Hace años que estamos ahí. Yo desde hace tres. Otros desde hace mucho más, algunos desde hace 20. Hemos comprado de buena fe, tenemos boletos de compraventa y no sabíamos que la familia que nos vendió perdió el juicio que le entabló otra familia”, dijo Jorge Baisi, erigido en voz de las 80 familias que, dice, han comprado terrenos en el lugar, donde hay ya unas 40 casas.

“Es una tierra salitrosa. La mitad de las ocho hectáreas son pantanosas. Usted cava con la pala y a los 30 cm ya le sale agua”, explica. Efectivamente, los terrenos ubicados al este de las casas construidas se ven llenos de agua, como si el embalse se filtrara por las napas. Pero esos terrenos acuosos están delimitados para que se levanten las casas. En la zona de construcciones, algunos terrenos tienen pilotes, como si se previera que habrá crecidas.

Ayer salieron los vecinos a cortar la ruta, al grito de “no somos usurpadores” para dar a conocer su situación. No obstante, para no generar conflicto con los automovilistas, cada siete minutos permitían el paso mientras quemaban cubiertas en el pavimento.

El barrio es muy humilde. Un comedor comunitario hecho en un galpón da de comer –dice la vecina Guadalupe- a 60 niños de los alrededores. Hay casas de construcción detenida –“cuando supimos del juicio tuvimos que suspender todo, dice Mónica, que dejó San Cayetano por este lugar- y encima nuestro abogado se suicidó. Ahora otro nos está defendiendo y pidió un recurso de amparo”. Pero -agrega Baisi- “la medida la han puesto en un cajón, en el juzgado N° 2, donde ni siquiera hay juez”. Según cuenta el vecino, la familia que vendió las tierras “pensaba” que eran fiscales y hace cuatro años comenzó el juicio de los verdaderos dueños, que obtuvieron ya la resolución de desalojo. “Fuimos a hablar, hicimos hacer una cotización con presidente de Martilleros, que nos dijo que las 8 hectáreas valen 18 millones de pesos, pero el abogado de los nuevos titulares nos está pidiendo 157 millones de pesos”. Atrapados en su circunstancia y ante la tierra perdida, apostaron ayer a que las autoridades, el Estado, la Justicia, intervengan”.

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