Por Juan Manuel Asis
01 Mayo 2022
En 300 días, tal vez el 2 de febrero del 2023, Roberto Sánchez, Germán Alfaro, Ricardo Bussi, Sebastián Murga, Osvaldo Jaldo y Pablo Yedlin entre otros muchos, deberán inscribirse oficialmente como precandidatos a gobernador para participar de las interna cerradas de sus respectivos partidos políticos o alianzas electorales. Ojo con tomarse vacaciones, entonces. Es la consecuencia que se desprende del anuncio del vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo de que Tucumán realizará la elección de autoridades en junio, igual que en 2019.
Si se observa la decisión con un calendario en la mano se descubre que la intención del oficialismo fue poner principalmente en apuros a los opositores, porque los obliga a empezar a andar a los codazos a partir de exponer a sus principales aspirantes a la gobernación. Cuantos más sean los interesados, mayor la fragmentación de la oposición y la multiplicidad de intereses en juego y, por lo tanto, una mayor dificultad para alcanzar consensos en torno de un único candidato opositor para enfrentar con mejor suerte al PJ. Pragmatismo puro.
Claro, eso cobra más relevancia siempre y cuando en el Gobierno ya se haya resuelto quién encabezará la boleta para evitar el desgaste de otra interna como la de 2021. También el Gobierno provincial debe llegar unido a los comicios provinciales, sin fisuras, ya que la unidad implica una cierta ventaja electoral, aunque más no sea de dos puntos.
Jaldo está haciendo un buen trabajo; dijo Manzur en su visita por Tucumán. ¿Es el guiño definitivo para tranquilizar a su compañero de fórmula? Es una frase de ocasión que no abre ni cierra puertas; menos cuando trajo a la provincia a una veintena de senadores, entre ellos al que se menciona para pelear por la gobernación: Pablo Yedlin. Manzur, o lo impulsa para ese puesto y vuelve a agrietar al PJ o lo instala como el segundo de Jaldo para que el manzurismo siga teniendo vida. Y de paso accede a la Cámara Alta -en reemplazo de Yedlin en caso de que el PJ gane los comicios- por el periodo 23-27; un destino común de todo aquel que gobernó una provincia.
Al ex ministro de Salud también le quedan 300 días para determinar cuál será su destino político, lo mismo que le sucede a intendentes y a dirigentes del interior que estarían promoviendo un enfrentamiento con el tranqueño en una interna partidaria.
Aquí cobra importancia la frase que el vicegobernador le dirigió a los adversarios políticos: les diría que se apuren porque les queda poco tiempo. Tiene razones para esa sugerencia en tono de advertencia si se atiende la legislación vigente y a partir, además, de que confirmara que se votará en junio, probablemente el domingo 4.
El inciso “d” del artículo 42 de la ley 5.454 (Orgánica de Partidos Políticos de la provincia) determina que las elecciones internas para elegir candidatos deben tener lugar entre 60 y 90 días antes de la fecha fijada para las elecciones generales. O sea que hasta el 2 de abril de 2023 deberían ser las votaciones en los partidos o en las coaliciones.
Y deberán ser cerradas porque no hay una normativa que habilite las internas abiertas en la provincia. Hay proyectos opositores en ese sentido, pero difícilmente lleguen a convertirse en ley en la Legislatura. O sea que si no hay listas consensuadas o únicas, sólo los afiliados de un partido o de varias organizaciones constituidas en una alianza podrán participar de los comicios.
Si a esta disposición le añadimos que las precandidaturas deben estar inscriptas en las respectivas agrupaciones por lo menos 30 días antes de las internas partidarias, concluimos que los aspirantes a gobernador y a vicegobernador deberían anotarse aproximadamente el 2 de marzo. O sea, dentro de 300 días, o un poco más; para que se enfrenten o para que se unan, por ejemplo, Sánchez con Alfaro, y para que Bussi resuelva qué papel jugará en los comicios provinciales a partir de los encuentros que mantuvo con el intendente capitalino.
Con estas fechas probables, las que quedarían muy lejos de la votación provincial son las elecciones nacionales y, consecuentemente, la incidencia probable de la gestión de los Fernández y de la influencia del proceso electoral nacional.
Veamos, por la ley nacional 27.631 las primarias abiertas simultáneas y obligatorias deben realizarse el segundo domingo de septiembre, o sea el 10; y por la ley 26.571 -que fija que las presentación de las precandidaturas deben hacerse 50 días antes de las PASO-, las listas deberían inscribirse el 24 de julio. O sea, la designación de las autoridades provinciales en Tucumán quedaría resuelta casi 50 días antes de que se nominen los precandidatos a presidente y vicepresidente de los diferentes partidos o alianzas políticas. Razón por la que bien se puede decir que los comicios tucumanos no se nacionalizarán, o que el proceso local quedará reducido centralmente a la problemática local. Ningún arrastre nacional, ni para el oficialismo o para la oposición.
Cuando Jaldo dijo que los comicios no se adelantarán sino que se harán en el mismo mes que en 2019 -junio-, lo que políticamente se interpretó es que el oficialismo tucumano optó por despegarse con elegancia de cualquier influencia nacional y de la indefinición probable sobre los postulantes del Frente de Todos para las primarias, ya sean Alberto, Cristina, Massa, Capitanich, o hasta Manzur.
El concepto vale también para los opositores tucumanos, porque Juntos por el Cambio a nivel nacional tiene demasiados candidatos presidenciales, pero ninguno estará nominado para el 4 de junio como para pasearlo por el territorio tucumano y reforzar la campaña electoral.
Sí pueden venir todos y cada uno a apoyar a uno u a otro aspirante a gobernador del amplio espacio opositor local si es que no hay un acuerdo para una formula única: Morales, Manes o Lousteau a respaldar al concepcionense Sánchez y Rodríguez Larreta, Bullrich o Pichetto a Alfaro, por ejemplo. Cada uno apostando a que luego, el que se imponga en la provincial apuntale sus pretensiones nacionales. Hasta hoy, ni el presidente de la UCR ni el jefe municipal capitalino han desistido de sus aspiraciones, por el contrario, cada uno las ratificó.
Sin embargo, Alfaro se mostró más incisivo e inquieto en esa línea, está peleando a dos puntas, poniéndoles nombre y apellido a sus rivales: Sánchez en la interna opositora -le dijo que no habla y que no conoce su visión política- y Jaldo en el plano externo, con lo cual expone que cree que el tranqueño será finalmente el elegido del PJ para la gobernación. O bien lo hace sólo para molestar a Manzur, al que ningunea de alguna manera.
Hasta Javier Milei, que ya dijo que se postulará a la presidencia en 2023, tiene su potencial candidato a avalar en Tucumán: Bussi. El presidente de Fuerza Republicana viene manteniendo encuentros con el libertario y estrechando relaciones políticas, más allá de que el diputado nacional por la CABA haya colaborado por un breve tiempo con su padre, Antonio Domingo Bussi.
El economista invitó al legislador de FR a participar de un mitin en Mendoza, al que Bussi concurrió. Esta relación, aunque incipiente, revela que Milei decidió recostarse en la estructura de FR en Tucumán para ampliar su base territorial en el interior del país, pese a que en la provincia convivan numerosas estructuras de derecha -algunas muy recientes- que simpatizan con el referente de Libertad Avanza y que defienden los postulados liberales.
En su espacio se incorporan jóvenes que han descubierto al liberalismo de Milei como una alternativa para enfrentar a los partidos tradicionales. Una realidad que vienen advirtiendo con preocupación varios dirigentes del peronismo, desde la derecha del PJ, que observan cómo se abre camino el economista entre la juventud y entre aquellos ciudadanos decepcionados de la política y de los políticos; que cada vez son más. Su discurso contra la “casta política” prende con más fuerza.
En 1995, Bussi captó el voto de los tucumanos disgustados con los partidos y sus dirigentes y resultó electo gobernador, una situación que lo emparenta con el liberal que atrae a los ciudadanos desengañados con los políticos.
Milei es una incógnita en cuanto a su posible desempeño electoral a nivel nacional. En la CABA alcanzó un 17% de adhesiones. Sin embargo, el temor que expuso la mesa de Juntos por el Cambio al cerrar las puertas a su posible ingreso, favoreció el potencial electoral del economista que defiende a Menem y a Cavallo. Lo convirtieron en un peligro para Juntos por el Cambio y aumentaron sus acciones frente al electorado. Lo victimizaron. La coalición opositora, con una actitud sectaria, se agrietó por causa del libertario. El voto de censura política, por lo menos de algunos de sus integrantes que prefieren no ampliar su espectro electoral, exponen que Milei es el talón de Aquiles de la alianza.
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