Las protestas y piquetes que sacudieron distintas zonas del país en estos días pusieron sobre el tapete el tema de los planes sociales en una sociedad atormentada por la pobreza y la indigencia y en la que las medidas de emergencia social se han extendido y se han convertido en permanentes. Durante las protestas, han surgido voces críticas hacia la forma en que se han dado los planes sociales y cómo se ha controlado su cumplimiento, así como hubo voces advirtiendo de cuánto se agravaría la emergencia si se llegaran a tomar decisiones drásticas en este sentido.
Los planes comenzaron a otorgarse a mediados de la década del 90 con el fin de generar empleo transitorio para personas desocupadas, mediante actividades en su comunidad. Según Cepal, con las periódicas caídas en crisis se llegó a 13 programas de inclusión laboral y productiva. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) muestra que en 2019 el 33,4% de los hogares argentinos recibió algún tipo de beneficio social, contra el 32,9% que lo hacía en 2016. El 33,4% es el número más alto de la serie. El director del ODSA, Agustín Salvia, señaló a Chequeado que ese número abarca aproximadamente al 40% de la población total, y explicó que en 2020, con la incorporación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), esa cobertura trepó al 53% del total de argentinos, aunque en 2021 volvió a ubicarse en torno al 40%. Para Salvia, “los programas crean un piso que protege a las personas de la indigencia o pobreza extrema, pero no permiten salir de la pobreza”. Y sostuvo: “Eventualmente, en sentido contrario, agravan la exclusión en tanto crean una cultura de la asistencia social como mecanismo fijo o institucional -no temporario ni extraordinario- de protección”.
Voces críticas han pedido que se controle la asignación de los planes y el cumplimiento de las contraprestaciones. Incluso se ha llegado a cuestionar que hay grupos familiares en esos sectores vulnerables que viven directamente de los planes sociales y que es difícil incorporarlos al mundo del trabajo. En este sentido, el reclamo del año pasado de los sectores agrícolas de que los planes sociales incidían en la falta de mano de obra en el campo. Se debió cambiar las normas para permitir que personas con ayuda social pudiesen trabajar. El anuncio del Gobierno, el año pasado, de transformar los planes sociales en empleo ha sido un reconocimiento de esas distorsiones en el sistema
No obstante, está claro que es compleja la salida al problema y que las medidas drásticas pueden ser contraproducentes. En el programa “Panorama Tucumano”, la economista Ana María Cerro expresó inquietud por el caos que podría producirse si se quitaran los planes a 4 millones de personas. Es evidente que esto importa un profundo estudio social y laboral y el diseño de programas concretos, efectivos y con visión de futuro, tanto para evitar distorsiones como para generar ayudas temporarias hasta que, en un tiempo prudencial, esos sectores postergados puedan incorporarse verdaderamente al mundo del trabajo.
