La torpeza de siempre a la hora de hablar de redes sociales

Elon Musk tuitea, y mucho. Sus publicaciones en redes sociales despiertan especulaciones entre sus seguidores, empresas, políticos y llegan hasta impactar en las acciones bursátiles de sus compañías o en el precio del bitcoin. Por eso, muchas veces los mensajes de Musk son tomados con pinzas. Sin embargo, en los últimos días una serie de tuits del creador de Tesla han inquietado a un mercado en el que el empresario aún no ha incursionado: las redes sociales. El 25 de marzo Musk lanzó un planteo a sus seguidores con el que cruzaría un eterno debate sobre las plataformas y sus regulaciones: “La libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio?”. Acompañando de este texto, el mensaje llevaba una encuesta que hasta el momento ha sido respondida por más de dos millones de personas. El 70% ha dicho que “no”.

Más allá del debate y los resultados esperables, la controversia parece importarle de verdad a Musk. “Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor vote con cuidado”, tuiteó el mismo día y en menos de 24 horas continuó: “Dado que Twitter funciona como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia. ¿Es necesaria una nueva plataforma?”. Finalmente, cuando un usuario le preguntó si estaba pensando en crear una nueva red social, Musk respondió que se lo estaba planteando en serio.

Las acciones bursátiles de Twitter no cayeron con los mensajes de Musk. El diálogo sigue en redes sociales y se especula si realmente habrá lugar para una nueva plataforma que pretenda sortear las limitaciones que fueron construyendo las propias compañías tecnológicas. Sin embargo, y a contramarcha del planteo del hombre más rico del planeta, a miles de kilómetros de California y casi cerca del fin del mundo, un funcionario del gobierno argentino aseguró que desde un área del Estado se estaba evaluando un proyecto para regular el uso de las redes. El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, indicó que pretendía “profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”, y agregó que el objetivo de dicha iniciativa era evitar que se deje “de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. El supuesto proyecto tuvo enorme repercusión y un rápido rechazo por parte de la opinión pública, sectores políticos y hasta de entidades periodísticas como ADEPA y FOPEA, quienes advirtieron sobre el potencial riesgo que corre la libertad de expresión ante los dichos de Beliz. Como consecuencia, el gobierno tuvo que aclarar que no existe ningún proyecto de ley que pretenda regular el uso de las plataformas. “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”, indicó el propio funcionario en un comunicado que se conoció después del anuncio.

Así como un mensaje desvelado en Twitter, el planteo del gobierno quedó sin efecto. Pero el episodio local podría haber despertado un debate serio sobre la regulación de las plataformas. La torpeza oficial de anunciar una iniciativa como esta sin profundizar sobre cuáles serían sus alcances impulsó solamente el fantasma de la censura y el control sobre la libertad de expresión en los medios y los ciudadanos. Los funcionarios, lejos de pretender aclarar las intenciones, aislaron la iniciativa en un supuesto interés personal o una expresión de deseo. Sin embargo, del otro lado del océano Atlántico, la Unión Europea está dando pasos fuertes en la denominada Ley de Servicios Digitales, un proyecto que en enero de este año fue aprobado por el Parlamento Europeo y que ahora deberá negociarse en cada país de dicho continente. La iniciativa lleva más de dos años de discusión interna y está enfocada principalmente en dar más seguridad para los usuarios en el espacio digital, limitar la extracción de datos personales, proteger a los menores de edad y en dar dar mayor transparencia a los algoritmos. Los propios funcionarios de la Unión Europea explican que uno de los principales objetivos de esta medida es hacer que todo lo que es ilegal “en la calle” también lo sea en el mundo digital.

Por eso durante estas semanas será interesante seguir de cerca qué pasa con la propuesta europea, una ley que quiere actualizar la última gran regulación sobre los servicios digitales que se centró en el comercio electrónico en 2000. Más de 20 años en los que el mundo digital puso patas para arriba al mundo analógico y que los europeos entienden que no solo es urgente la actualización de la norma, sino también un trabajo de enorme consenso entre gobiernos, empresas y la sociedad civil. Por eso, la torpeza del gobierno argentino atrasa nuevamente las oportunidades de discutir seriamente el marco legal que debería proteger a los ciudadanos en sus entornos digitales. Ver qué pasa con un proyecto ajeno quizás nos sirva para tomar nota no solo de lo que resulte aprobado en la norma final, sino principalmente de cómo se inicia un verdadera revisión crítica que avance en expandir derechos cada vez más impostergables