La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de Córdoba para que “cese el cobro de retenciones” a la exportación de productos agropecuarios por entender que no hay una Ley que establezca el monto de la alícuota.
El reclamo fue elevado junto a la Sociedad Rural de Jesús María, informó El Economista. Las entidades sostienen que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.
Ley caída
“Al caer la Ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, las retenciones a partir del primero de enero de 2022 deberían ser cero”, sostuvo el presidente de la SRA, Nicolás Pino, en conferencia de prensa en la sede de la entidad.
De esta manera, la entidad agropecuaria pretende que la Justicia Federal “declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022” y que un nuevo esquema sea discutido en el Congreso Nacional, ya que entienden que ese el ámbito para establecer políticas tributarias, informó “La Nación”. Según precisó, la presentación se hizo al mediodía. “Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, agregó. En los últimos días trascendió que la entidad estaba dialogando con diversas entidades del interior para impulsar la iniciativa.
Además de Pino, por la SRA en la conferencia estuvieron Marcos Pereda, vicepresidente; Carlos Odriozola, secretario, y Carlos Laplacette, asesor legal. En tanto, por la Rural de Jesús María asistieron Álvaro Gómez Pizarro, vocal, y Eduardo Riera, vicepresidente.
En la entidad señalaron que se eligió Córdoba darle federalismo al reclamo. Por otra parte, aclararon que no se pidió un retroactivo al 1 de enero, y aclararon: “Eso lo decidirá la Justicia”, explicó Agrofy.
Al mismo tiempo, explicaron que no se presentó una medida cautelar porque se busca una sentencia rápida que obligue al poder Legislativo a debatir una ley sobre este impuesto. “El amparo es una solución integral”, explicó el equipo técnico de la entidad.
No obstante, fuentes gubernamentales rechazaron estos argumentos al ser consultadas por Télam, al considerar que “las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan. Y eso no ha sucedido”, y por tal motivo consideran que “no es válido” el reclamo.
