Dos fugas dejaron al descubierto el agravamiento de la crisis carcelera

Hay más de 500 detenidos en 13 comisarías de la capital que tienen capacidad para 145. Casi a diario se generan incidentes por las condiciones de encierro.

UN PROBLEMA. La Policía tiene problema para ubicar a las personas que cometen delitos en la provincia.  UN PROBLEMA. La Policía tiene problema para ubicar a las personas que cometen delitos en la provincia.

“Sobrepasados”. Esa es la palabra que utilizan los jefes policiales para definir cuál es la situación que viven diariamente con los detenidos en las seccionales de la capital. El agravamiento de la crisis carcelaria volvió a quedar al descubierto con la fuga de 11 presos de dos comisarías diferentes en menos de cuatro horas. En total, según los informes oficiales a los que tuvo acceso LA GACETA, sólo en el ámbito del San Miguel de Tucumán, se encuentran privadas de su libertad 511 personas, pero sólo hay capacidad para 175 reos.

“Y los chicos están viviendo un infierno. Están todo el tiempo pensando en cómo salir de la mierda donde están metidos”, resumió Rosa Reales, pareja de un detenido en una comisaría que no se publica para evitar que sufra represalias. El miércoles, cerca de las 19, cinco detenidos se escaparon de la seccional 8ª. Tres horas después, de la seccional 13ª, se escaparon otros seis arrestados. Lo grave del caso es que a todos los evadidos se les había dictado la prisión preventiva, por lo que no deberían haber permanecido en los calabozos de una comisaría, sino en el penal de Villa Urquiza, tal como lo ordenó a través una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. “Ellos están locos. Y los días de calor se ponen peor porque apenas si tienen aire para respirar. Para que se dé una idea: están tan amontonados, que en los días más fríos, andan en cuero. Piense lo que ocurre en verano, están todos pegoteados. ¡Qué no se van a querer escapar!”, agregó.

En lo que va de enero, según los casos conocidos, se registraron cuatro fugas. Una en la seccional 1ª (un reo se escaparon por los techos), otro en Yerba Buena, y las dos últimas. Pero además se registra al menos un incidente en cada una de las seccionales. Al hacinamiento, se debe agregar que son los familiares los que deben llevarle la comida, tienen problemas con los sanitarios y prácticamente no tienen cómo higienizarse. Las consecuencias son motines, peleas y hasta algunos se cosen la boca con lo que encuentran para que se cumplan con sus derechos.

Cifras

Los números reales indican que en las 14 comisarías de la Unidad Regional Capital, (son 15 pero la 14 no tiene arrestos y los de la 11 están cerrados por obras) hay 511 detenidos, pero la capacidad de alojamiento que tienen esas seccionales es de apenas 175. Pero hay más: de esa importante cantidad de presos, 203 están condenados, al menos 300 con prisión preventiva y sólo el resto estaban en calidad de aprehendidos esperando que se solucione su situación procesal.

A ese número hay que agregarle los 70 que están alojados en la ex Brigada de Investigaciones, los 32 que se encuentran en la Dirección de Guardia Urbana (se adecuó la dependencia para recibirlos), los 17 que están en el Centro de Recepción de Detenidos (Cerede) que es el lugar donde deben realizar la cuarentena para ingresar al penal; los 20 en hospitales públicos y los 95 a los que se les otorgó el arresto domiciliario. En total, hay más de 700 personas privadas de su libertad.

Las normas internacionales establecen que, por cuestiones de seguridad, cada detenido debe ser custodiado por dos personas especializadas, por lo que en total, se necesitarían al menos 1.290 efectivos que no están preparados para realizar esa tarea. ¿Son muchos o pocos? Es más o menos la cantidad de hombres que necesita la Unidad Regional Capital para cumplir con su misión de luchar contra el delito. “Es imposible realizar ambas tareas y por eso somos cada vez más vulnerables”, explicó un alto jefe policial. Por ese motivo, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, cuando presentaron un habeas corpus lo hicieron a favor de los detenidos, los custodios y los vecinos. Por supuesto que esa iniciativa quedó en la nada con el correr de los años.

Más problemas

“He visto comisarías llenas de enfermos con covid”, expresó la abogada Geraldine Salazar. “Justamente por este tema no están pudiendo trasladar a los presos al penal. Los tienen esperando mucho tiempo y hasta eso puede haber más contagios”, añadió. Para su colega Aurora Díaz Argañaraz, las dependencias policiales no están en condiciones dignas y mucho menos pueden respetar las medidas sanitarias. “Los presos tienen contacto con la familia y hay mucho riesgo. Ellos se acercan a dejarles provisiones o a visitarlos, y ya esa gente puede contagiarse. Los familiares salen a la calle y estamos nosotros, uno no sabe con quién se cruza o habla. Hay mucho riesgo y no se respeta. Hasta el mismo personal policial está en riesgo”, relató.

Muchos de los detenidos, por el hacinamiento, padecen hongos, dermatitis y hasta sarna. Díaz Argañaraz también confirmó que ya se detectaron casos de tuberculosis. “Vamos a contaminar Tucumán por la irresponsabilidad del Estado. El penalista Julio Francisco Roque Silva opinó que los jueces no hacen lugar a los habeas corpus correctivos que se presentan regularmente. “Tienen a los detenidos hacinados en un cubículo de dos por dos enfermos e infectados sin darles tratamiento”, finalizó.

Dos fugas dejaron al descubierto el agravamiento de la crisis carcelera

Palabra oficial

Se aceleran los trámites para dos alcaldías

“Están avanzadas las gestiones para que se aceleren las construcciones de dos alcaldía para albergar a los detenidos. Con este paso lograremos descomprimir la situación que se viven en las comisarías”, señaló el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. El funcionario adelantó que se construirán en Río Seco y en Banda del Ríos Salí. “Esperamos iniciar las obras cuanto antes y se trata de edificaciones que son rápidas”, indicó.

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