La electricidad, el gas y el agua se llevan a marzo una materia pendiente: suba tarifaria

Las vacaciones se apagan y la realidad cotidiana vuelve a embargarnos. Cada vez que se lee o se escucha Audiencia Pública, hay un aumento que se viene. Ya pasó el que ha realizado el Ente Regulador del Gas (Enargas), en el que se ha revelado que Gasnor, por ejemplo, ha solicitado un reajuste en sus facturas del 77,73% con un impacto promedio del 35% en la factura de los usuarios residenciales, 12% para las pymes, 4% para las industrias y 2% para el GNC. El Ente Regulador de Electricidad (ENRE) ha previsto que la audiencia para debatir algunos ajustes, entre ellos en los Precios de Referencia de la Potencia y del Precio Estabilizado de la Energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cargos que no ingresan a las distribuidoras. Y también está pendiente un incremento en la boleta del servicio de agua y cloacas que, hasta ahora, nada se ha dicho, pero sí que comenzará a ser debatido políticamente en el Gobierno apenas arranque febrero. En todos los casos, el Gobierno nacional intentará ponerle un techo a los aumentos: un 20% y a aplicarse a partir de marzo.

La situación del gas

Respecto del reajuste que se viene en el gas, la distribuidora Gasnor ha explicado que el reajuste de transición en los usuarios residenciales que son principalmente R1 y R2 y representan el 80% del total de clientes de la Distribuidora, será de $ 186 en promedio para los R1 con lo que pasarán a pagar $ 609 por mes . En tanto que para aquellos que están en la categoría de mayor consumo (R23) el incremento será de hasta $ 378 en promedio y pasarán a pagar hasta $ 1.609 por mes.

En la anterior audiencia pública, del 16 de marzo pasado, la distribuidora, que en Tucumán cuenta con unos 200.000 clientes, pidió una actualización del 51%, mientras que, por la variación del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) que se toma de referencia, ese reajuste debió haber sido del 128,16% para el período febrero de 2019 a igual mes de 2021. La suba otorgada, finalmente, fue del 29% y un impacto promedio del 7% en la factura final, según la distribuidora, en un período que terminó con una inflación anual del 50,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “Estas actualizaciones nos permiten operar el sistema en condiciones de seguridad y de confiabilidad y mantener la continuidad del sistema”, dijeron desde la compañía.

La tarifa de la luz

En el caso de la Empresa de Distribución de Electricidad de Tucumán (EDET), la audiencia pública y virtual convocada con el ENRE se refiere a conceptos relacionados al Transporte y al precio de la energía en el mercado eléctrico mayorista (MEM), ambos expresados en la factura como “Abastecimiento y Transporte”. La distribuidora sólo realiza la recaudación (concepto de “Pass Through”) y, en consecuencia, no forma parte de los ingresos de la distribuidora. El ingreso de la empresa está vinculado al servicio de distribución, cuyo ítem en la factura se denomina Cargo por Uso de Red, que no está en evaluación en la próxima audiencia pública. El principal ingreso de EDET es el Valor Agregado de Distribución (VAD), que no ha registrado variaciones en el último año. El tercer ítem que figura en la boleta de los casi 500.000 usuarios del servicio de electricidad de la provincia son los impuestos nacionales y provinciales y las tasas municipales.

La boleta de la luz ha subido en enero del año pasado, con un reajuste total del 37% en dos tramos: 23,4% en febrero y 13,6% en abril, en el marco del proceso de Revisión Integral de la Tarifa.

Servicio sanitario

El servicio de agua y cloacas, en tanto, lleva poco más de un año sin aumentos, pese a que se ha establecido que, cada seis meses, la tarifa sería reajustada de acuerdo con la evolución de los precios. El año pasado, el gobernador Juan Manzur (hoy jefe de Gabinete de la Nación) había decidido no retocar las tarifas del servicio que cobra la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). En un año electoral, cualquier medida de esa naturaleza implica el malhumor del electorado. Por esa razón, el Gobierno ha decidido frenar los aumentos para los casi 300.000 usuarios declarados del servicio.

Más allá de ese escenario, las tres empresas prestatarias del servicio han manifestado sus inconvenientes para cubrir los gastos que implican la compra de insumos que, en muchos casos, están dolarizados. Además, están sujetos a una inflación superior al 50% y ahora enfrentan otro compromiso que golpea en la ecuación de sus costos: las paritarias.

Informe privado

Las consecuencias del atraso

Según el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), desde diciembre de 2019 a hoy las tarifas crecieron para el consumo domiciliario solo 11% mientras que la inflación fue de 103%. “Esto indica que, con precios congelados es imposible por parte de los proveedores afrontar los costos y mucho menos generar nuevas inversiones que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos brindados. Vemos que la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina no solo en términos fiscales, sino también en lo que respecta a la provisión de servicios”, señala.

Menos subsidios

El aporte estatal al sistema

En 2021, los subsidios a la energía cubrieron cerca del 60% del costo de la electricidad. Para este año, el presupuesto no aprobado suponía una baja. No solo en términos de PBI, en 2021 representaron un 1,6% mientras que en 2022 representarían un 1%, sino también nominales. Esto podría indicar que el Gobierno tiene intenciones de analizar la actualización de las tarifas a la energía, alerta Idesa. Sin embargo, sincerar las tarifas para garantizar la rentabilidad del negocio y potenciar la inversión es un desafío muy complejo. El atraso tarifario es enorme y la situación social, productiva y política es muy precaria, acota la entidad.