Después de “estar muerta” 46 años, Sandra inició el trámite del DNI con todos los honores

Nunca un trámite para obtener el documento nacional de identidad fue tan esperado ni deseado. Por esas cosas del destino, a Sandra Elizabeth Barraza le tocó aguardar 46 años para hacer lo que la mayoría de la población hace con la máxima naturalidad: imprimir las huellas dactilares, retratarse y estampar la firma ante un agente estatal con el fin de conseguir la credencial que acredita la existencia y que permite a su titular acceder a los derechos fundamentales. Ella concretó esas gestiones ayer a las 12.45 ante la empleada Silvana Sierra Morales en la sede del Registro Civil ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez de esta ciudad. Cómo habrá sido de larga y de penosa la espera que Barraza, que apenas había hablado, lloró y rió al mismo tiempo cuando recibió su constancia de DNI en trámite. Ese papel es para ella la expresión tangible de que “ya no está muerta”.

A Sandra, que asistió al acontecimiento acompañada por su abogada María de los Ángeles Gutiérrez, no le faltaron palmadas ni felicitaciones: se las dieron las máximas autoridades del Registro, la directora Carolina Bidegorry, y la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse. Ambas supervisaron el acto y fueron testigos del momento en el que el Estado deshacía el error -o el acto delictivo- que otros representantes públicos habían cometido en 1975, cuando registraron que Barraza había fallecido a las 48 horas de nacer por “una insuficiencia respiratoria”. Esa acta de defunción no mató a la vecina de San Cayetano, pero le hizo la vida imposible. “¡Finalmente podrá votar!”, exclamó este miércoles Gutiérrez quien, para sorpresa de sus interlocutoras, agradeció a los abogados del Estado contra los que litigó.

Barraza era presa de su inexistencia jurídica: no pudo casarse con su pareja; ni reconocer a dos de los cinco hijos que parió con aquel hombre; ni anotar el fallecimiento de uno de sus chicos. “No puedo imaginar lo traumático que todo esto ha sido para vos”, manifestó Vargas Aignasse a Barraza en la reunión que mantuvieron antes de pasar a los boxes destinados a la toma de los datos biométricos que son transferidos luego digitalmente al Registro Nacional de las Personas (Renaper). En ese organismo, que aprueba el DNI, residía la última traba burocrática para Barraza, quien tras pleitear durante 11 años había conseguido que el 12 de noviembre pasado la Justicia sentenciara que ella era quien decía ser y que, por supuesto, vivía.

A comienzos de este mes, luego de que trascendiera periodísticamente que el fallo de los camaristas Sergio Gandur y Ebe López Piossek no había removido los obstáculos en el Renaper, Vargas Aignasse y Bidegorry se pusieron al frente de la misión y allanaron la vía. “Ella conserva el mismo número de documento porque nunca se debatió que haya nacido. Lo que se debatía era si esa bebé había fallecido o no el 1 de abril de 1975. Al caer el acta de defunción, revivió la de nacimiento”, explicó la directora del Registro Civil.

Durante la conversación previa, Vargas Aignasse se quedó enganchada en cómo todo este drama registral había afectado la vivencia de la maternidad de Barraza y la filiación de sus niños menores, el último de los cuales nació en 2005. “Es tremendo que ella no figure como madre de sus hijos. ¿Cómo se puede omitir el nombre de la mamá? ¿Cómo el Registro pudo hacer eso? ¡Debemos subsanar esto!”, afirmó con total espontaneidad tomándose la cabeza con las manos.

Bidegorry relató que, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en 2015, se habían endurecido las normas para evitar la apropiación y sustracción de personas, y que, por ese motivo, el reconocimiento de los hijos hoy exigía la intervención judicial. ¿Barraza debía embarcarse, entonces, en otros juicios para regularizar las actas de sus hijos? “Analizaremos este caso tan atípico”, prometió la ministra. Es que ni Vargas Aignasse ni Bidegorry recordaban algo parecido: no hay antecedentes para la desgracia de Barraza. La directora dijo que lo más cercano era la situación de los chicos sustraídos durante la dictadura. Y recordó que cada tanto colaboraba con las investigaciones de Pablo Parenti, fiscal de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado.

“Debe ser horrible haber existido todo este tiempo con la sensación de impunidad porque este perjuicio no tiene un responsable. Conocemos algunos nombres, pero no la verdad”, reflexionó Vargas Aignasse y añadió que un médico, Carlos Alberto Curia, había declarado la muerte de Barraza. No hay un porqué ni una forma de establecer los motivos: los que intervinieron en la defunción falsa están efectivamente fallecidos. La mención a esta situación llevó a la abogada Gutiérrez a exponer su sospecha de irregularidades en el hospital donde Barraza fue parida. “Hay un dato llamativo. La mamá de Sandra, Graciela del Valle Herrera, se escapó de la Maternidad. Alzó a la hija que acababa de parir y se la llevó. Quizá ella intuyó o vio algo que la hizo sentir amenazada. Eso fue lo que nos comentó”, acotó.

En esa época era frecuente que los niños, en especial los nacidos en ambientes humildes, y de progenitoras jóvenes o solteras, terminaran -pago y engaño mediante- en otras familias. Pero Herrera no sólo protegió a Barraza tras su nacimiento, sino que, más de cuatro décadas después en los Tribunales, aportó la prueba genética clave para confirmar la identidad de su descendiente. Es una madre que dio “dos veces a luz” a su hija: la primera el 30 de marzo de 1975 y la segunda el 26 de enero de 2022. “Renacida”, Barraza puede decir por fin que se sacó la muerte de encima.

Palabras de gratitud      
María de los Ángeles Gutiérrez contó ayer que dedicó una porción significativa de su vida profesional a luchar para que Sandra Barraza dejara “de estar muerta” y pudiera acceder al DNI. Ante su clienta; la ministra Carolina Vargas Aignasse y la directora del Registro Civil, Carolina Bidegorry, la letrada agradeció a los colegas de la Fiscalía de Estado contra los que litigó para conseguir su objetivo, en especial, a Aldo Cerutti. “Ellos pelearon al lado nuestro para solucionar el problema. En su momento incluso me llamó el fiscal (hoy presidente de la Corte Suprema), Daniel Leiva, pero siempre concluíamos que estábamos atados de manos: necesitábamos la sentencia. Ellos debían defender al Estado, pero humanamente buscaron opciones”, manifestó.