Muertes en el olvido

Los muertos que el peronismo mata por razones políticas suelen ser muertos anónimos. Un minucioso estudio sobre los argentinos que resultaron víctimas de la represión en diversos hechos de protesta o rebelión desde el segundo gobierno de Menem en 1995 hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner en 2015, registra 316 muertes que, según las sucesivas gestiones presidenciales, se distribuyen de la siguiente manera:

• Carlos Menem: 27

• Fernando de la Rúa: 67

• Adolfo Rodríguez Sáa: 1

• Eduardo Duhalde: 7

• Néstor Kirchner: 116

• Cristina Kirchner: 98.

María Celia Cotarelo, en “Rebeldes muertos, Argentina 1995-2015” (PIMSA, Documentos y Comunicaciones, n° 16, 2016) da un detalle preciso del número de víctimas, su condición y las circunstancias de sus muertes.

Estas cifras, que excluyen las víctimas del ‘gatillo fácil’, o presumible exceso policial, revelan que el matrimonio que se ufanaba de impulsar la causa de los derechos humanos gobernó, sin embargo, de manera sumamente represiva.

Una veintena de los muertos por el régimen “K” fueron víctimas de la represión contra piquetes de protesta, mientras que otros 25 cayeron durante los saqueos ocurridos a fines de 2013, aquellas jornadas de violencia que, además de las víctimas fatales, arrojaron un tendal de varios centenares de heridos de diversa gravedad. Pero estas cifras deben tomarse con escepticismo, dado que los gobernantes de la época se ocuparon de desinformar acerca de lo sucedido.

Tucumán fue la provincia con el mayor número de víctimas por los saqueos, pero ni los heridos ni los muertos quedaron registrados al ingresar en el Padilla, el hospital más importante de la ciudad.

¿Recuerda, estimado lector, aquellos días que sumergieron al país en el caos más horroroso, cuando millares de comercios grandes, medianos y pequeños -especialmente los almacenes de barrio y los drugstores- fueron objeto del vandalismo desatado en tantas provincias del país? Los argentinos se armaron unos contra otros en una guerra de pobres contra pobres, de miserables contra desesperados, de trabajadores, pequeños comerciantes y simples vecinos decididos a defender sus negocios y hogares de los saqueadores, delincuentes profesionales y, muy probablemente, de piquetes organizados por los punteros de la política, porque de todo hubo en esas tristes jornadas.

Para el escarnio de los argentinos que asistimos pasmados al bochornoso espectáculo de la herida abierta como un enorme tajo en el seno de la sociedad argentina, al atardecer de aquel día “la Reina” Cristina bailaba alegremente la conga en el Obelisco, junto a Moria Casán y otros integrantes de la farándula, al tiempo que León Gieco entonaba grotescamente el himno del progresismo: “Sólo le pido a Dios, que la muerte no me sea indiferente”. Pero cuando la entonces Presidenta se dirigió al país por la cadena nacional de radio y televisión no dijo ni una sola palabra sobre los argentinos muertos y heridos durante la jornada.

Es que, para el Gobierno y sus seguidores, los muertos no existían y los saqueos tampoco, así como el hambre y la pobreza que afligía a la mayoría de los argentinos. No eran un hecho, y pasaron a integrar el relato peronista como una mera rebelión policial, instigada por la oposición.

Se trata de un relato cuya fórmula mágica, cada vez que se enfrenta con realidades inconvenientes, es muy sencilla: las declara inexistentes, como hiciera con la pobreza, con la inflación, con los bolsos y los millones de López, con los miles de kilómetros de caminos cobrados pero nunca construidos por Lázaro Báez, con el saqueo de la República registrado en los cuadernos del señor Centeno, con los fraudes cometidos por la Fundación Sueños Compartidos de Hebe de Bonafini, en sociedad con el Estado mafioso paralelo de Milagro Sala en la provincia de Jujuy.

De manera que en esa jornada de vandalismo en las provincias y de juerga en el Obelisco, los heridos y los muertos fueron ignorados, como en tantas otras ocasiones históricas, perdidas ya para la memoria de los argentinos. ¿Quién recuerda a los centenares de pilagás asesinados por la gendarmería peronista en 1947, el terrorismo de Estado de Perón e Isabel de los años 1973-1976, los crímenes de Montoneros de la misma época, la represión salvaje contra los aborígenes Qom en 2010? ¿Dónde consultar el número de muertes causadas por la dictadura militar del 4 de junio de 1943, que subordinó al país al destino del Eje nazi y fascista mientras perseguía ferozmente a los estudiantes, maestros y profesores, así como a los dirigentes radicales, anarquistas, socialistas y comunistas, hasta que aseguró el poder absoluto de Perón en 1945? Un silencio ominoso pesa sobre la treintena de muertes causadas por los golpistas en esos días de junio, así como sobre la tremenda violencia ejercida continuamente por ese régimen, en la casi totalidad de las historias argentinas, desde la izquierda a la derecha extremas, como también en Wikipedia -sitio colonizado y continuamente reescrito por los corifeos vocacionales o a sueldo de quienes son sus herederos-, y en la multitud histérica de escritos y de voces que pululan en las redes sociales.

¿Quién recuerda a los acribillados en Ezeiza en junio de 1973, a los secuestrados y desaparecidos por obra de la Triple A, de las mafias sindicales y del Ejército amparado por Isabel Perón, los que, en la provincia de Tucumán, suman más de un tercio de todos los desaparecidos y muertos por la represión ilegal hasta 1983?

Para ser más preciso, un 36% de los muertos y desaparecidos en la provincia fueron víctimas del gobierno peronista antes del golpe de Estado de 1976, cifra que surge del cotejo de las víctimas registradas en el Nunca Más con el Informe de la Comisión Bicameral de Tucumán de mediados de los años 1980, y con las denuncias agregadas por sus familiares ante la Justicia Federal de Tucumán. Esos muertos no se recuerdan, lo que se comprende si atendemos al hecho de que la mayoría peronista de la Legislatura de Tucumán de aquella época, junto con la conducción de la Fotia y el entonces gobernador Amado Juri, homenajearon en noviembre de 1975 al general Adel Vilas por su siniestra labor al frente del llamado “Operativo Independencia”.

Parece ser que la única narrativa histórica que los argentinos toleran y que domina de manera abrumadora la historiografía nacional, aquella escrita por los profesionales de la Universidad, por la anacrónica Academia Nacional de la Historia (en su tardía versión finisecular), por los becarios conicéticos o por el enclaustrado mundo de las sectas de la izquierda marxista, trotskista, maoísta o populista, es una historia que se reduce a ofrecer muy pequeñas variaciones: o una visión de raíz peronista pura y dura, o aquellas otras que reproducen similares leyendas y fábulas celebratorias, solo que diluidas al setenta por ciento con la intención de presentarse como independientes, lo que las conduce al ejercicio de continuas y ridículas contorsiones.

El resultado es un relato que ha triunfado en su tarea de colonización mental del país, impregnando con su letanía facciosa los manuales de texto de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, imponiendo su mitología y su calculada manía bautismal sobre infinitas instituciones, calles, barrios, escuelas, plazas y demás espacios públicos, de manera que el ciudadano común no tiene forma de librarse de la tiranía orwelliana del dogma y del relato impuesto desde el Estado. Inscribieron asimismo su santoral partidista en las monedas y billetes oficiales, hasta el extremo inaudito de entronizar la figura de Juan Manuel de Rosas, dictador sanguinario que tiranizó las provincias mediante el empleo de tropas mercenarias, consolidó el monopolio mercantil y financiero del puerto único, asesinó u obligó al exilio a miles de argentinos e impidió la realización del Congreso Constituyente durante un cuarto de siglo.

Cabe notar, finalmente, que más de la mitad de las víctimas de la represión durante los gobiernos de Néstor y Cristina se produjeron en el curso de rebeliones en cárceles y comisarías, que fueron sofocadas salvajemente. Lo que nos recuerda, dicho sea de paso, que las condiciones carcelarias de la Argentina figuran entre las más horrorosas de Latinoamérica. Precisamente, en un territorio que los jóvenes de La Cámpora cultivan meticulosa y foucaultianamente, con el fin de reclutar carne de presidio para su gimnasia del apriete y de la violencia política, mediante las patotas denominadas “Vatayón Militante”.

En el infierno de las cárceles argentinas, como en los derruidos calabozos de comisarías atestadas de presos, tuvieron lugar feroces represiones, que alcanzaron sus cotas más sangrientas con los 33 muertos de la prisión de Magdalena en 2005, los 13 de Coronda en el mismo año y los 39 muertos de la cárcel de Santiago del Estero en 2007. Son muertos anónimos, como los muertos en el Parque Indoamericano de Buenos Aires en 2010 (cuyo número permanece indeterminado hasta hoy), o como Daniel Herrera, Javier Cuello y Aldo Medina, para nombrar sólo algunos de los que integran la triste lista de los asesinados en los saqueos de Tucumán en el 2013. Ellos no merecen afiches ni conmemoraciones, apenas esa segunda muerte que trae el olvido.