Parache procesó por el delito de fraude a los comisionados de El Chañar y de Monte Bello

El juez federal Jorge Parache dispuso el procesamiento por el presunto delito de fraude contra la administración pública nacional de los comisionados rurales Enrique Ignacio Robles (El Chañar) y Juan Carlos Ramírez (Monte Bello), por el cobro de planes Jefes y Jefas de Hogar Desempleado cuando ya ocupaban sus cargos públicos.
El magistrado también procesó, por la misma causa, a Noemí Alicia Vega, esposa del comisionado de Delfín Gallo, Rolando Gustavo Carrizo; y a Estela Clementina Acosta, cónyuge del concejal de Concepción, Edgardo Ibarra. En los cuatro casos, el juez consideró que en sus declaraciones indagatorias, los acusados esgrimieron contradictorias versiones de los hechos.
"Los imputados sabían que ya no se encontraban en condiciones de ser beneficiarios de planes sociales destinados exclusivamente a desempleados porque percibían una remuneración. Pero siguieron cobrando el beneficio, provocando con esta conducta engañosa que la administración pública nacional realizara una disposición patrimonial gravosa", sostuvo el juez, quien dispuso embargos de $ 6.000 a cada uno.

Falta de méritos
En el mismo expediente, Parache decidió la falta de mérito de los otros cuatro acusados por el fiscal federal Carlos Brito, sobre los que mantiene abierta la pesquisa hasta reunir nuevas pruebas que permitan disponer sus procesamientos o sus sobreseimientos.
La medida alcanzó al comisionado rural de Los Pereyra, Dardo René Rojas; al edil de Burruyacu José Luis Robledo; a Silvana de los Angeles Abaca (esposa del edil bussista de Concepción, Horacio Esterman); y a Delia Beatriz Avalos, quien negó ser cónyuge del concejal de la Banda del Río Salí, Juan Manuel Jiménez, y dijo estar casada con Ramón Raúl Medina. Sobre los tres primeros, el juez pidió al Banco del Tucumán los originales de los tickets de cobro del plan.
Por su parte, el juez federal Felipe Terán investiga a la comisionada rural de San Andrés, Carla Martín, quien también fue procesada por defraudación al Estado nacional, situación que fue apelada ante la Cámara Federal.

Anticipo de LA GACETA
Todos los casos bajo investigación fueron denunciados por LA GACETA en marzo pasado, según consta en el expediente judicial. Brito centró su actividad en los comisionados rurales, en los concejales y en sus cónyuges, pero avanzó en paralelo con otra causa general, en la cual todavía está cruzando información entre los padrones de empleados públicos y de beneficiarios.
En sus declaraciones ante Parache, Robles reconoció que cobró el plan correspondiente a noviembre de 2003 (había asumido como comisionado a fines de octubre) porque tenía dos criaturas para mantener.
Ramírez, en tanto, admitió haber percibido los $ 150 mensuales de noviembre y de diciembre, pero aseguró que los donó a su vecino de Monte Bello Luis Fernando Véliz, cuyos recibos adjuntó a la causa. Agregó que reintegró a la Anses los fondos cobrados irregularmente. Parache consideró que el hecho de haberlo donado no lo exime del delito que se le imputa.
Ante el juez, Vega aceptó haber percibido el beneficio hasta marzo pasado, y justificó su accionar en que desde hace más de un año está separada de hecho de Carrizo y que debía atender a sus dos hijos menores. Aseguró que el concejal le entrega entre $ 400 y 500 por mes desde junio.
Un argumento similar fue esbozado por Acosta, quien aseveró que está separada de Ibarra desde 1999 (la Justicia provincial les negó el divorcio). Denunció que el edil no le hacía efectiva la pensión alimentaria, y que en este momento se encuentra en un estado de total indigencia.