Temporada de duelos

La estatización es inconstitucional; la estatización es constitucional. De dos afirmaciones que se contradicen, una debe ser verdadera. Principio lógico. A aventurar una mirada hacia los tribunales entonces. Aunque los jueces que pueden quedar involucrados en el desenlace de este probable entredicho hoy deben analizar que la disputa por la estatización del servicio de transporte público de pasajeros, acotado al ámbito capitalino, se reduce meramente a una pelea más bien política, antes que institucional. Bien propia de un comienzo de temporada caliente, comarcana, escarceos primarios para levantar temperatura el resto del año. Máxime si el proyecto de estatización de Fernando Juri ingresa en marzo a la Legislatura -como se anunció-, para recién empezar a ser debatido por los parlamentarios. Por lo que se ve, para que haya una ley falta un trecho, y para que se judicialice, todavía más. Siga la discusión nomás.

Sin embargo, el partido de las discrepancias comenzó a jugarse en el barroso terreno de la política, y allí lo mantendrán los protagonistas, cada uno para sacar su propia tajada con este tema que nada tiene de concreto aún. El mensaje detrás del proyecto ni siquiera se tiene que decodificar, la señal es más que clara: el oficialismo quiere ganar la Municipalidad el año próximo. Reitera y avisa por dónde pretende ir. En el Gobierno consideran al intendente capitalino como el principal contrincante opositor, y al que, por lo tanto, hay que horadar, cansar y debilitar.

Si bien la necesidad de que haya una buena prestación del servicio es una meta común a toda la dirigencia, sin distinción de colores partidarios, la intenciones verdaderas van por otros senderos. Los usuarios de los colectivos urbanos van a quedar atrapados en el duelo verbal de las autoridades políticas y no verán mejoras inmediatas en la prestación del servicio como consecuencia de esta discusión. Irán de oyentes en el colectivo de la política.

Desde el seno del Concejo Deliberante se viene impulsando esta iniciativa hace tiempo, pero nunca hubo una reacción del departamento ejecutivo municipal. Bastó que Juri y los concejales se reunieran con el vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, para que comiencen los escarceos. Ni lerdo ni perezoso, Alfaro miró la foto y no dejó pasar la ocasión de decir presente, vuelvo de lleno al ruedo: atacó a Jaldo y a Manzur; especialmente al primero, diciendo que avasalla la institucionalidad provincial. Golpea bien arriba, enfrenta a los que los siente pares en términos políticos, y dirige sus principales dardos contra quien puede ser su posible adversario por la gobernación en 2023: el tranqueño.

El vicegobernador se mantuvo en silencio, por lo menos hasta ayer. Responder sería reconocerle el mismo nivel político, un código que ambos peronistas entienden pues manejan esos planteos jerárquicos. Manzur, que pasó raudo por Tucumán, tampoco emitió palabra al respecto.

Vaya una curiosidad; el 12 de julio de 2019, Jaldo respondía lo siguiente a LA GACETA: “no hay dudas de que avanzaremos hacia una nueva ley de transporte en la provincia. El bloque oficialista la promoverá. Puede ser modificada y mejorada. No creo en la estatización del servicio. Hay que mejorar lo que hay”.

En esos tiempos en el Gobierno se hablaba de un organismo especial y de un trabajo conjunto entre la provincia, la intendencia capitalina y Concepción para mejorar el sistema de transporte de pasajeros.

La izquierda -por lo menos algunas voces locales-, también apuntan a la estatización del servicio; lo cual deja a la intendencia a la derecha en los discursos, al margen de las argumentaciones constitucionales para rechazar la propuesta de Juri.

En este marco se entienden las chicanas surgidas alrededor de las diferencias entre ambos bandos: desde el jaldismo se refieren a Alfaro como el intendente “macrista”, y desde el PJS añuden a la práctica kirchnerista de ir por todo para señalar al oficialismo. Se acusan con referencias políticas. Deben saber que a Alfaro no le debe causar mucha gracia que lo tilden de macrista cuando en 2015 dijo que votó por Daniel Scioli para la presidencia y ahora que es un aliado de Horacio Rodríguez Larreta, pensando para el año que viene.

Que al servicio de transporte de pasajeros hay que mejorarlo, no cabe dudas, como tampoco cabe dudar que estos duelos verbales son los prolegómenos de un año cargado de diferenciaciones políticas y de instalación de precandidaturas frente a la sociedad.

En esa línea, vale detenerse atentamente en un aspecto: si el Gobierno, detrás del proyecto oficialista por el transporte de pasajeros, lo que quiere realmente es instalar el concepto de “estatización”. Que la palabra resuene en los oídos. Estatizar. Algunos referentes “K” de segunda línea en el plano nacional mencionaron por estos días la necesidad de volver sobre las propuestas de estatizar el servicio de energía eléctrica, al son de los apagones en Buenos Aires. Por aquí, hace pocos días, se anuncio una multa de $ 15 millones contra EDET. ¿Para quedar bien con la sociedad irritada por los cortes de luz o para ir abriendo camino?

En fin, Alfaro no desaprovechó la ocasión para decir presente -nos defenderemos, dijo- y para ir delineando su estrategia tempranamente en estos pocos días que van del 22. Mientras tanto, su par de Yerba Buena, Mariano Campero, viene manteniendo un llamativo silencio. Incluso no participó de la última reunión de la mesa ampliada de Juntos por el Cambio el 27 de diciembre, como tampoco lo hizo su aliada, la diputada Paula Omodero, de CREO, el partido que cuestionó duramente a integrantes de la coalición opositora a través de Sebastián Murga.

En aquella ocasión el concepcionense Roberto Sánchez aseguró que JxC estaba más unido que nunca. Luego, el grupo emitió un par de comunicados sin que nadie los firmara. Se justificó esta ausencia de suscriptores explicando que hasta que no esté elegida la mesa chica de la alianza opositora, se usaría esa mecánica. Una buena manera de disimular ausencias, o desavenencias. La concreción de la mesa chica, de donde saldrían seguramente los principales candidatos para el 23, debería ocurrir después que se normalice la UCR -lo que podría ocurrir en abril-, hoy con dos interventores: “Lucho” Argañaraz y el camperista Pablo Macchiarola.

El intendente de la Perla del sur ya dijo que quiere ser gobernador, pero quien no suelta prenda es su socio político, Campero. El yerbabuenense maneja sus propios tiempos políticos. Cuando rompa el silencio y hable del Gobierno provincial o de Juntos por el Cambio, o de la UCR, habrá que prestarle atención.