Iriarte acudirá al máximo tribunal por el rechazo a su amparo

TRIBUNALES. Sede de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Foto de archivo LA GACETA TRIBUNALES. Sede de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Foto de archivo LA GACETA
13 Enero 2022

Después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán le dijera “no” al amparo que presentó para acceder a la nómina del personal del Poder Legislativo, Luis Iriarte no dejará caer su causa y por eso acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, como última instancia.

El amparista precisó que seguirá el caso interponiendo un recurso extraordinario de casación para buscar dejar sin efecto al fallo y en caso que la Corte local no lo acepte interpondrá uno ante el máximo tribunal del país. Su objetivo es que se revise lo sucedido en torno a su caso.

La sentencia emitida al cierre de 2021 acogió la posición del Gobierno y del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que la petición abarca “datos sensibles” protegidos cuya divulgación podría dar lugar a estigmatizaciones. El fallo consta de dos votos en el mismo sentido: el primero lleva la firma de los vocales Daniel Leiva (presidente) y Eleonora Rodríguez Campos, y del camarista en lo contencioso administrativo, Sergio Gandur mientras que el segundo pertenece al vocal Daniel Posse. Si bien se pronunció en contra de Iriarte, este último exhortó a la Provincia a llenar el vacío jurídico existente en la esfera local y a reglamentar el derecho al acceso a la información pública.

A raíz de este fallo, Iriarte calificó de “escandalosa y cortesana” a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y cuestionó el rechazo entendiendo que el amparo “estuvo fundado en el derecho de acceso a la información pública consagrado por nuestra forma republicana de gobierno, por normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con jerarquía constitucional y por la Carta Democrática Interamericana”. Incluso, Iriarte llegó a expresar a LA GACETA que “falsamente” la Corte afirmó que su intención “fue exponer la opinión política de las personas que se desempeñaron y desempeñan como empleados legislativos, al peticionar la publicación de los datos de sus nombramientos, y que esa información era ‘dato sensible’ porque ‘revelaría la opinión política de cada una de esas personas involucradas’”.

Lo sucedido en torno al rechazo del amparo también generó repercusiones políticas. En relación a esto, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio se expidió en un comunicado y aunque no cuestionó el fallo de la Corte, remarcó que la provincia “necesita con urgencia una ley de acceso a información pública”. Legisladores, como Raúl Albarracín, manifestaron que este caso evidenció las deudas que tiene Tucumán con la calidad institucional

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