Narcomenudeo, una ley que no se comenzó a aplicar

La droga que se comercializa en los barrios tucumanos y que consumen los jóvenes de la provincia es uno de los principales problemas en los últimos años. Pese a las vidas que se ha cobrado y a las múltiples consecuencias que ha traído este flagelo, Tucumán todavía no consigue comenzar a aplicar una Ley de Narcomenudeo.

Se llama narcomenudeo a la venta y tráfico de drogas a menor escala, es decir, cuando es fraccionada en dosis y destinada directamente al consumidor. Fue el ex gobernador José Alperovich quien, en 2014, decidió provincializar esta ley, que apunta a que los fiscales y jueces del Poder Judicial de Tucumán puedan investigar, procesar y condenar a los dealers. Hasta acá, los delitos relacionados con venta de drogas eran jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal. Siete años después, no se ha puesto en marcha. El primero en frenarla fue el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, quien presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia una medida cautelar para evitar su aplicación, ya que consideraba que no estaban dadas las condiciones para ejecutarla.

El máximo tribunal le dio la razón y frenó su aplicación. Más adelante, en agosto de 2019, y por iniciativa del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se insistió con la promulgación de una norma que serviría para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo del microtráfico de drogas. “Tenemos una deuda y es la de sacar la Ley de Narcomenudeo”, dijo. Un mes después su proyecto se cristalizó, pero se sancionó otro para evitar la traba legal que le había impuesto la Corte. Supuestamente, debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de 2020, pero por diferentes problemas no se puso en marcha y, días antes, la cámara prorrogó su aplicación para el 1 de septiembre. El 28 de agosto de ese año, los vocales de la Corte Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse frenaban su aplicación por ser una norma inconstitucional. Se volvió a prorrogar su puesta en marcha, para el 15 de abril de este año, pero la historia se repitió una vez más.

Esta nueva Ley de Narcomenudeo disponía la creación de una comisión integrada por un vocal de la Corte, el ministro Fiscal, el ministro de la Defensa, los ministros de Seguridad y de Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y tres parlamentarios (dos por la mayoría y uno por la minoría). Ese grupo, según el proyecto aprobado por mayoría en la Legislatura, con un plazo de 15 días hábiles (tres semanas) debía crear una Mesa de Coordinación Ejecutiva, para que cada uno de sus integrantes propusiese un cronograma de actividades, reformas, adquisiciones y acciones que correspondiese realizar en sus respectivas áreas para que la Ley entrase en vigencia. Pero todo quedó en la nada. La cuestión central es que no separa claramente la línea entre las jurisdicciones provincial y federal. Se combate a los pequeños vendedores pero no hay elementos para perseguir a los grandes traficantes.

En noviembre pasado, Jaldo volvió a insistir con el tema y aseguró que “vamos a coordinar acciones con las fuerzas y la Justicia federales para que haya un ataque integral contra el narcotráfico”. Lo dijo luego de que se conociera un informe de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, el cual indicaba que en Tucumán las fuerzas de seguridad secuestraron más de 28 kilos de droga, además de autos, dinero y armas de diferentes calibres, en distintos procedimientos efectuados durante el último mes.

“Hay una decisión política de avanzar contra el narcotráfico y erradicar el narcomenudeo que tanto daño hace a generaciones de tucumanos. Este tipo de actuaciones de la fuerza policial no hacen más que robustecer la política que adoptamos en materia de seguridad. Vamos a llegar hasta el hueso, caiga quien caiga”, insistió Jaldo en una entrevista con LA GACETA.

Lo cierto es que el tiempo pasa y los vendedores de drogas se multiplican en Tucumán, particularmente en la periferia, donde instalan sus quioscos y se apoderan de la vida de los jóvenes. Un debate serio sobre cómo accionar de una vez en su contra es urgente y precisa del compromiso de los tres poderes del Estado para acabar con las dilaciones y evitar mayores tragedias, tanto entre los adictos como en el resto de la sociedad.

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