Por Federico Türpe
08 Enero 2022
En el palacio de Tribunales uno se puede cruzar con jueces muy sorprendidos con el fallo de la Corte Suprema, que rechazó el amparo presentado por el constitucionalista Luis Iriarte que buscaba conocer la nómina del personal del Poder Legislativo.
Algunos hasta fueron muy críticos, pero no obstante, lo dicen en voz baja, como en secreto. Prefieren evitar tensiones o reacciones en su contra.
Afirman que va a contramano del mundo y viola, entre otros muchos instrumentos, el Tratado de Buen Gobierno de América Latina, firmado por Argentina. Tampoco respeta el principio de transparencia y de publicidad de la información pública.
¿Cuántos empleados tiene la Legislatura? ¿Quiénes son? ¿Cuánto cobran? ¿Qué hacen? ¿Bajo las órdenes de quién o de quiénes están? ¿Cuántos son permanentes, temporales, contratados, asesores, etcétera?
Dejando de lado los argumentos legales a los que recurrió la Corte para justificar algo que parece sin dudas injustificable, afecta el principio de convivencia democrática más básico de todos, cual es, nada menos, el sentido común.
El máximo tribunal avaló el rechazo a la transparencia y defendió el oscurantismo en el manejo de los fondos públicos apelando a un fundamento forzadísimo y traído de los pelos.
Citó la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326), que permite esta posibilidad cuando están en juego “datos sensibles”.
¿Qué entiende esta norma por datos sensibles? A los “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información referente a la salud o a la vida sexual”.
Nada de esto se le pide a la Legislatura, simplemente se le exige qué diga cuántos empleados tiene, cuánto gasta en ellos y qué función cumplen, como lo hacen todos los parlamentos del país, excepto Tucumán, además de casi todas las legislaturas del mundo democrático.
Este pedido de transparentar, de cara a la sociedad que sostiene estos gastos con sus impuestos, debería hacerse extensivo a todas las oficinas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, al Consejo Asesor de la Magistratura y a todas las empresas con participación estatal, como Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) o Canal 10, entre otras reparticiones que administran bienes públicos.
¿Cuántos empleados tiene la SAT y qué hacen? Es un pregunta, sin respuesta, que se ha formulado numerosas veces, en el marco del desastre que es la administración de los servicios de agua y cloacas en la provincia.
Los estamentos públicos se convierten en grandes bolsas de trabajo donde la prioridad es “contener” o satisfacer la necesidad individual y no general. Se incorporan familiares, amigos y punteros.
¿Con cuántos empleados cuenta, cuánto cobran y qué hacen en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)?
¿Cuántos empleados tiene la Defensoría del Pueblo, entre permanentes y contratados?
Todas reparticiones que en reiteradas oportunidades han sido denunciadas por nepotismo, amiguismo y devolución de favores. Y el que calla otorga, reza el refrán, porque cuando las cuentas no son transparentes las sospechas aumentan.
Pero no son las únicas. Ocurre lo mismo en otras oficinas públicas, como Vialidad Provincial o los tan cuestionados entes reguladores que poco y nada regulan, y en los municipios, concejos deliberantes o comunas rurales.
Una provincia sin ley
Esta verdadera defraudación a la ciudadanía es sólo posible porque Tucumán carece de una Ley de Acceso a la Información Pública, como también de una Ley de Transparencia y Publicidad de las erogaciones estatales, lo que viola directamente las bases del régimen republicano, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La provincia además se niega sistemáticamente a adherir a la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, pese a que ese mismo año el gobernador y hoy Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el vicegobernador hoy a cargo del Ejecutivo en forma interina, Osvaldo Jaldo, se comprometieron a que impulsarían esta norma fundamental para toda democracia saludable. Ambos faltaron a la verdad.
Consultado al respecto, en 2017 Jaldo había argumentado que Tucumán no adhería a la ley nacional porque se iba a elaborar una propia, “más avanzada”. Pasaron más de cuatro años y nada.
Y nada ocurrió porque varios proyectos ya fueron presentados y todos terminaron cajoneados en el despacho de la Presidencia legislativa, incluso uno del propio oficialismo, redactado por el ahora senador nacional Pablo Yedlin, cuando se desempeñaba como Secretario General de la Gobernación.
Según el gobierno nacional, a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que preside el Consejo Federal para la Transparencia, de los 24 distritos -incluida CABA- sólo cinco no están adheridas a la Ley Nacional: Tucumán, La Rioja, Formosa, La Pampa y San Juan.
Según la Agencia nacional, los distritos con los mejores puntajes en el Índice de Acceso a la Información Pública Provincial (IAIPP) son Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Chaco, en ese orden.
Los cinco peores son, de abajo hacia arriba, Corrientes, Santiago del Estero, Río Negro, provincia de Buenos Aires y Salta.
Las provincias que no poseen leyes de transparencia ni de acceso, como Tucumán, al no proporcionar datos no figuran en ese ranking.
La Agencia también comunica (es toda información pública a la que puede accederse en la página argentina.gob.ar) que los sujetos estatales a los que más se les solicita información son, sobre un puntaje de 0 a 20, el Poder Ejecutivo provincial (19), sumando todas sus reparticiones y entes; las empresas públicas (15); el Poder Legislativo (14); y el Poder Judicial (13).
Muy escasa honorabilidad
Como ya dijimos, si bien el manto de secretismo se despliega sobre los tres poderes tucumanos, el amparo de Iriarte apunta puntualmente al legislativo, a raíz de su abultado, llamativo y aparentemente injustificado presupuesto.
Con una partida de $13.060 millones anuales, es en términos absolutos el segundo parlamento más costoso de la Argentina, superado sólo por el de las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires ($17.718 millones). Y en términos proporcionales, es el más caro de todo el país.
La Legislatura bonaerense, que representa a 16 millones de personas, cuenta con un total de 138 parlamentarios, entre 46 senadores y 92 diputados, es decir 89 más bancas que Tucumán.
La bicameral bonaerense debe afrontar además gastos que en Tucumán no existen, como el alojamiento y los viajes de legisladores que viven a cientos de kilómetros. Por ejemplo, entre Bahía Blanca y La Plata hay 630 kilómetros, distancia que permitiría recorrer Tucumán más de tres veces de sur a norte y cinco veces de este a oeste.
Para ponerlo en otra escala, con una población de 1,7 millones de habitantes (2,6 % de la Argentina), el presupuesto de la Legislatura tucumana, de $13.060 millones, representa el 17% de lo que gastan las 24 legislaturas argentinas juntas, cuyo monto en 2021 fue de $78.173 millones.
Si al gasto parlamentario local se pudiera dividir por bancas, cada legislador tucumano cuesta más de $266 millones por año, mientras que un legislador santiagueño cuesta $9 millones; uno de San Luis $13 millones; y uno de Mendoza $18 millones.
Este último cálculo es simbólico y comparativo, ya que los presupuestos incluyen gastos de funcionamiento y mantenimiento, sueldos de empleados, viáticos, etcétera.
Silencios cómplices
Esta es la información que la Legislatura se niega revelar y que la Corte, con los votos de Daniel Leiva (presidente), Eleonora Rodríguez Campos, Sergio Gandur y Daniel Posse, avaló que continúe siendo secreta.
En la provincia de Buenos Aires llueven las denuncias por clientelismo político en la Legislatura, ya que entre Diputados y Senadores cuentan con 2.600 empleados, personas que se transforman en fiscales y militantes en cada elección, según las acusaciones.
En Tucumán es imposible saber -y tampoco se podrá, por una Corte “escandalosa y cortesana”, como la definió Iriarte- cuántos empleados hay en el Poder Legislativo, en todas sus versiones, planta permanente, contratados, asesores, punteros.
Incluso afirman que hay hasta empleados en negro o dos o más personas que comparten un mismo sueldo.
Las estimaciones más conservadoras hablan de unos 10.000 empleados y las más osadas de 30.000. Un “dato sensible”, según los supremos, que nunca sabremos mientras se sigan cajoneando los proyectos de acceso a la información pública.
También llamó la atención el silencio ¿cómplice? de los políticos opositores, legisladores o no, ante la censura impuesta por el máximo tribunal.
Salvo Nadima Pecci, que migró de Fuerza Republicana a Juntos por el Cambio, y de Sebastián Murga, titular de CREO, que condenaron enérgicamente el fallo, y de una tímida pronunciación de la mesa de Juntos por el Cambio (sin nombres ni apellidos), pidiendo la aprobación de la tan negada ley, el resto convalidó la sentencia con su silencio.
En un sondeo digital realizado por LA GACETA en el que votaron casi 600 personas, el 85% opinó que los datos de los empleados “es información que debería ser pública”. El 13% votó que está bien que se protejan los datos de los empleados y el 2% que “le da lo mismo”.
“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”, reclamó el arzobispo Carlos Sánchez, cuando la Mesa del Diálogo que él preside presentó en agosto un Proyecto de Ley de Acceso a la Información.
En medio del revuelo por la sentencia de la Corte, en la Cámara hay preocupación por una posible filtración. Un poderoso grupo sindical habría realizado copias de las planillas Excel donde figuran todas las personas que reciben dinero legislativo.
¿Estarán allí los 1.200 despidos que ordenó Jaldo en su interna con Manzur? ¿Puede un Poder prescindir de tanta gente de un día para el otro? Está claro que no cumplían funciones esenciales. ¿Cuántos más serán?
No sería extraño que estos hechos hayan ocurrido, ya que en medio de la interna sangrienta del peronismo, cualquier documento puede ser muy valioso para imponer condiciones con vistas a 2023.
Cuanto más oscuro es el Estado, como el tucumano, más siniestra puede ser la política.
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