Jiménez defiende a los aspirantes a la magistratura

¿Quiénes son los funcionarios que sugirieron al gobernador José Alperovich los nombres de los 14 abogados que fueron propuestos para cubrir igual número de vacantes en el Poder Ejecutivo? Ayer, cuando LA GACETA formuló esta pregunta, en el Poder Ejecutivo todas las miradas se dirigieron al ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez. Este, por cierto, no esquivó el bulto y asumió la responsabilidad. Jiménez se rió cuando LA GACETA le pidió que dijera a qué letrados había sugerido cada funcionario. Luego se puso serio y contestó: "el PE tiene el deber constitucional, la obligación, mejor dicho, de proponer candidatos para la magistratura. Y nuestro Ministerio debe asistirlo, aconsejarlo y asesorarlo en esa tarea", afirmó.
Después, Jiménez defendió el sistema que estableció Alperovich tras suprimir el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). "Ahora la gente cuenta con 15 días para conocer los antecedentes de los propuestos y para opinar. ¿Acaso antes, con el CAM, podían escarbar los currículos de los propuestos? Todo esto sirve para contar con los elementos que nos permiten adoptar una mejor decisión", manifestó.
Las respuestas del secretario y del subsecretario general de la Gobernación, Antonio Jalil y Ramiro González Navarro, fueron iguales. Afirmaron que no habían sugerido ningún nombre, aunque admitieron que conocen a algunos de los abogados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. "Ahora sí se debate. No sé si alguna vez pudieron consultarse los currículos", expresó Jalil.
El secretario de Derecho Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, también negó cualquier injerencia. Pero no circunscribió las cosas a Jiménez. "El gobernador intercambió criterios con él y con el fiscal de Estado (Antonio Estofán)", aseveró. Quien no respondió a los llamados fue el segundo de Jiménez: el secretario de Gobierno, Daniel Posse.

Torres renunció con críticas a la Justicia
"Debo confesar cansancio moral de pertenecer a un poder viciado de corruptela". Con esta frase, presentó ayer su renuncia el vocal de la sala I de la Cámara Penal del Centro Judicial de Concepción, Héctor Rene Torres. El magistrado había sido cuestionado por la Corte Suprema de Justicia, que el lunes pasado pidió a la Legislatura que le inicie juicio político para destituirlo del cargo.
La renuncia no paralizó el proceso en trámite ante la comisión de juicio político, ya que Torres elevó su dimisión al presidente de la Cámara, Fernando Juri. Según los legisladores, corresponde que sea el Poder Ejecutivo quien acepte la decisión del magistrado. Pese a que esta es una resolución que parece inexorable, el presidente de la comisión, Sisto Terán, prefirió no dar por concluido el proceso hasta no recibir la aceptación oficial de la renuncia firmada por el gobernador.
En 2003, la Corte intimó al renunciante a jubilarse basándose en un informe de una junta médica, que le detectó una incapacidad laboral del 66% motivada en sus 75 años. Torres resistió el pedido, pero posteriormente el máximo tribunal comprobó que estaba jubilado con anterioridad y le advirtió que le iniciaría juicio político.
En la nota elevada Juri, Torres dijo que se sentía hastiado de pertenecer a una Justicia viciada por la corruptela y el deshonor. "Se imponen por el terror y la amenaza, convirtiendo a los colaboradores en cómplices no comprometidos con la equidad y la decencia. La Justicia de Tucumán está en el último círculo del infierno del Dante", denunció. El proceso quedará sin efecto si el PE acepta la renuncia del camarista.

Malestar de la Corte por una demora
A casi dos meses de la inauguración del Centro Judicial de Monteros, la Corte Suprema resolvió que los empleados asignados a esa dependencia vuelvan a sus puestos de origen. El alto tribunal adoptó la medida por la demora del Poder Ejecutivo en designar un juez, un fiscal y dos defensores (uno de ellos de menores) para que administren justicia en aquella ciudad.
La acordada 744, que firmaron cuatro de los cinco vocales de la Corte, aclaró que la medida rige hasta que el PE cubra las vacantes que se generaron tras la apertura del Centro Judicial. Esto sucedió el 29 de agosto, cuando Monteros cumplió 250 años.
Los miembros del tribunal debatieron sobre la decisión de trasladar nuevamente al personal durante los últimos 10 días; pero, aparentemente, los vocales no lograban ponerse de acuerdo. Finalmente, Antonio Gandur, Alfredo Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Area Maidana firmaron la resolución.

Guardia mínima
La Corte había asignado 10 empleados a Monteros, pero desde hoy quedarán sólo dos: una para que haga la limpieza y el otro para que resuelva eventuales problemas administrativos. La guardia policial también permanecerá en el edificio para evitar robos o daños en los muebles y en los equipos que hay, y que están listos para ser usados.
Los empleados que habían pasado a Monteros fueron seleccionados porque residen allí. Ahora, en esta capital o en Concepción, deberán preparar las causas que en el futuro serán de competencia del flamante centro.