Trabajadores de la salud terminaron 2021 con atraso salarial y descuentos

La pandemia no ha dado ninguna tregua en esa primera trinchera que la enfrenta, como es la salud pública. Los trabajadores que han enfrentado la primera ola, y la segunda, ahora están combatiendo contra la tercera, en tan sólo dos años. Pero no sólo afrontan un trabajo a destajo: también han soportado contagios y pérdidas descomunales.

En ese contexto, el único reconocimiento del Estado tucumano para los hombres y las mujeres que luchan cuerpo a cuerpo contra el coronavirus ha sido discursivo. Así lo entienden en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas): argumentan que los trabajadores de la salud provincial no sólo padecen de retrasos salariales, sino que también han sufrido persecución y descuentos salariales que superan el 50% del salario.

Sin aumentos

Han sido dos años penosos, según reconstruye la médica Adriana Bueno, secretaria adjunta del Sitas. El 6 de enero de 2020, el gobernador Juan Manzur (hoy de licencia para desempeñarse como jefe de Gabinete de la Nación) anunció la suspensión del último tramo de la cláusula gatillo, correspondiente al último trimestre de 2019, y que iba a representar a un 15% de aumento. “La patronal desconoció unilateralmente el acuerdo que firmó con los trabajadores”, dice la dirigente de Concepción.

El Sitas dispuso medidas de fuerza, pero la llegada de la pandemia las convirtió en un reclamo testimonial. “La covid-19 lo ocupó todo: las operaciones programadas y los consultorios externos, salvo los destinados para pacientes febriles, fueron anulados de hecho, porque el Estado no dispuso de otros lugares para brindar esos servicios: todo fue abocado a atender el coronavirus”, contextualiza la infectóloga.

Durante 2020, puntualiza Bueno, el aumento salarial para los trabajadores de la salud fue cero. Sólo cuando llegó 2021 les dieron el 15% de la cláusula gatillo correspondiente 2019.

“Respecto de 2021, el Gobierno dio un aumento salarial para nuestro sector de sólo el 30%. Sitas no convalidó esa paritaria. Otros sindicatos, con dirigentes de probada relación con el oficialismo, convertidos en una suerte de entidades paraestatales, sí lo hicieron”, denunció.

De modo que volvieron las medidas de fuerza, nuevamente testimoniales. “La Secretaría de Trabajo nunca dijo nada respecto de que el Gobierno suspendiera el acuerdo salarial de 2019 ni de que nos impusiera una recomposición salarial divorciada de toda realidad. Pero sí hizo uno y mil controles en los hospitales y comprobó que los trabajadores de la salud no abandonamos una sola guardia ni desatendimos una sola emergencia”, subrayó. “Es más: el Estado nunca llamó a conciliación obligatoria porque de haberlo hecho tendría que haber expuesto todas las irregularidades que estaba perpetrando contra sus empleados”, desafío.

Con sanciones

Los trabajadores atendieron todos los frentes, pero en señal de protesta no firmaron las planillas de asistencia. “Entonces el Gobierno procedió a descontar los sueldos. Y se ensañaron con los delegados del Sitas. Hay trabajadores del Padilla que no faltaron ni un día y les descontaron $ 50.000 en abril, cuando sus sueldos no llegan a $ 100.000. El Sitas, entonces, a pesar que desde hace sólo tres años percibe el descuento de la cuota gremial de sus afiliados, les cubrió a esos trabajadores el 75% del sueldo descontado”, expuso.

Bueno plantea una comparación dramática y reveladora. “La UTA hace paro y no pone un servicio de emergencia. Cuando hace huelga no hay un colectivo circulando cada dos horas: no hay ninguno. Entonces el Gobierno le otorga toda clase de subsidios a las empresas privadas para que den los aumentos que los choferes reclaman. En la salud pública, incumplen los acuerdos que firman, no nos dan ni un aumento durante el primer año de la pandemia y durante el segundo nos descuentan los sueldos en proporciones escandalosas. ¿Qué dice eso de la valoración o el reconocimiento hacia los trabajadores de nuestro sector?”, inquirió.

“La entrega de los trabajadores de la salud es total. Y el servicio, gracias a ello, funciona. Tanto es así que los supuestos funcionarios técnicos de la gestión, que nos cuestionaban tratándonos de opositores, han sido candidatos en las últimas elecciones. Las cabezas de listas del oficialismo han sido ex ministros de Salud: Pablo Yedlin como senador y Rossana Chahla como diputada. Debe ser que el sistema funciona bien y que no ha sido saboteado por sus protagonistas, que son los trabajadores”, enrostró.

Sin recursos

Los problemas que combate el Sitas no tienen que ver sólo con recomposiciones salariales. “El Gobierno ha vuelto a llenar la boleta de sueldos de adicionales que no son otra cosa que pagos en negro. Y ha destruido la pirámide salarial”, denunció.

“También nos enfrentamos con que el propio Estado no cumple con la Ley de Carrera Sanitaria: ha hecho ingresar cualquier cantidad de personal que no tiene el secundario completo, en contra de lo que dispone esa norma dictada por el propio Estado. Y como si no bastara, se apresta a ascenderlos de categoría, con lo cual el grado de formación tiene cada vez menos importancia en la salud pública, ahora que es cuando más gente se vuelca a él, empujados por la pandemia o por la crisis económica, o por ambas razones”, describió.

Precisamente, Bueno advierte que la fuga de médicos al sector privado, o al Poder Judicial cuando hay concurso para incorporar personal, o la renuncia lisa y llana de los profesionales para irse del país, es cada vez más acuciante. “Hay más pacientes y, a la vez, menos médicos. Se lo ve en todas las áreas. Incluso, en el orden nacional, los servicios de residencia médica, donde los egresados hacen sus especializaciones, se encuentran en crisis, porque son servicios que exigen mucho y pagan poco”, puntualizó.

Para los trabajadores la situación es similar, en los más diferentes niveles, puntualiza la sindicalista. “Un médico que recién ingresa gana menos de $ 80.000 por mes. O sea: el Estado le ofrece trabajar a destajo en servicios desbordados, en plena pandemia, y a cambio le va a pagar para que sea pobre. Porque el sueldo no supera la línea de pobreza. Y con los compañeros de los escalafones más bajos, ‘D’, ‘E’ y ‘F’, la situación es peor: los que tienen 30 años de antigüedad cobran sueldos rayanos en la línea de indigencia”, patentizó.

Con esperanzas

Pese al contexto, Bueno trata de encarar 2022 con esperanzas. “A nuestro sindicato, el Gobierno ha venido combatiéndolo en todos los frentes. Los condicionamientos para desafiliarse a cambio de gozar de un ascenso abundan. Pero terminamos otro año con cada vez más afiliados: ya somos 3.700 en Sitas”, precisó.

“A la vez, en este último mes, se ha abierto una instancia de diálogo con el Gobierno. Hemos sido recibidos por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz. Lo consideramos un signo positivo. Y esperamos que, en el nuevo año, se convierta en una instancia para que el reconocimiento hacia los trabajadores de la salud sea mucho más que una simple declamación del Gobierno”, concluyó.