Por Álvaro José Aurane
31 Diciembre 2021
Se termina hoy mucho más que un año. La condena penal contra el ex fiscal Carlos Albaca por el encubrimiento del asesinato del que fue víctima Paulina Lebbos hace más de 15 años llega en horario para rubricar el final del ciclo alperovichista. Una etapa definitivamente cancerígena para las instituciones de la república en esta provincia que, en 200 años, pasó de derrotar al ejército realista y de declarar la Independencia respecto de cualquier yugo a arrodillar su Constitución a una democracia pavimentadora que canjeaba equilibrio de poderes por riego asfáltico y cordón cuneta.
El crimen perpetrado contra la comprovinciana continúa impune: no hay culpables de haberle quitado la vida. Ni de haberle robado, con ese asesinato, todo cuanto era (trabajadora, estudiante, madre, hija). Y todo cuanto pudo haber sido. Hay, en cambio, tres procesos que han concluido con condenas. Conforman un rosario de aberraciones estatales, alrededor de uno de los misterios vergonzantes de nuestra historia democrática: ¿quién mató a Paulina?
Los falseadores
En el primero de los procesos, la actuación policial destinada a ocultar a los asesinos está probada por la Justicia tucumana. En diciembre de 2013, Enrique García fue condenado a cinco años por el encubrimiento agravado del crimen; Manuel Yapura recibió cuatro años de pena por el mismo delito; y a Roberto Lencina le dieron dos años de prisión condicional por falsificación de instrumento público, es decir, por falsear un acta. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina fue hallada sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes.
Cuando el cuerpo de Paulina apareció el 11 de marzo de 2006, los agentes avisaron del hallazgo al fiscal cuatro horas después. En el acta se anotó que habían logrado dar con el cadáver luego de un rastrillaje sin precedentes. La verdad es que la Policía nunca encontró nada: con los restos de la tucumana dieron dos baquianos. Ojalá sólo hubieran mentido en eso. Pero no. Paulina, sin vida, fue movida. El lugar del hecho, desbaratado. Las primeras fotos, escondidas. La escena, cambiada. Las actas, adulteradas. Las firmas, falsificadas. Los testigos, amenazados. Todo esto no es un argumento, sino los informes periciales de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.
Durante ese proceso de 2013, el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía, Luis Núñez, sorprendió a propios y extraños cuando declaró que Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte) querían retirar el cuerpo de la tucumana antes de que se hicieran las pericias. El segundo proceso fue, justamente, contra la tarea desplegada por estos hombres.
Los encubridores
En febrero de 2019, Di Lella, Sánchez, Barrera y Brito fueron declarados culpables de encubrimiento y falsificación de instrumento público. Los jueces les dieron penas que van desde los cinco hasta los seis años de prisión.
Es decir, hace ya casi tres años condenaron a la cúpula de Seguridad Ciudadana (o de todo lo contrario) del Gobierno de José Alperovich por dedicarse afanosamente a impedir que pueda conocerse la verdad de lo ocurrido. Claro está, no fueron sólo ellos. El listado de ex policías detenidos por presunto falso testimonio durante ese proceso representa, por la jerarquía de la mayoría de los aprehendidos, un instrumento atrozmente revelador del tamaño del operativo de encubrimiento que fue montado.
Entre los sospechosos de no haber dicho la verdad estuvo el comisario Daniel Díaz. Era jefe de Criminalística de la Unidad Regional Norte. No supo explicar detalles de la intervención de su equipo en la escena del hallazgo. Filmó las tareas en el lugar y también la autopsia; pero no presentó el material.
Y estuvo el comisario Fernando Maruf. Era jefe del Departamento de Información Policial (D2). Aseguró que no realizó filmaciones en la escena del hallazgo. Pero en los videos del ya mencionado comisario Díaz, se lo ve tomando registros con una cámara. Dirigió el comité que investigaba el crimen.
Y estuvo el comisario Raúl Ferreyra. Era subjefe de la ex Brigada de Investigaciones. Dijo que participó activamente en la búsqueda de Paulina, pero no supo detallar la ubicación de las autoridades policiales en la escena del crimen, ni de los cordones de seguridad para resguardar la escena del crimen.
Y estuvo el comisario Raúl Lobo. Era jefe de la Dirección de Bomberos. Dijo que ningún vehículo de esa unidad se trasladó hasta la escena durante el día del hallazgo, pero en el libro de guardia constan dos salidas al lugar “a retirar un cadáver”.
Y estuvo el cabo Bernabé Fierro. Era novato en la Policía de Seguridad Vial. Integró un equipo que fue a Tapia para realizar un operativo sobre la ruta 341, luego de que se encontró el cuerpo de Paulina. No pudo explicar quién daba las órdenes allí. Tampoco aportó datos de un rastrillaje posterior. Fue detenido por sus contradicciones respecto de las tareas que realizó.
Esta semana fue el turno del ex fiscal Albaca: el hombre condenado por encubrir cuando su función era investigar.
El desenlace del proceso contra el ex fiscal, aunque lógico en este contexto de causas (cada una de las cuales es el resultado de la irrenunciable búsqueda de justicia del inquebrantable Alberto Lebbos), es un punto de inflexión. Representa un capítulo aparte en la trama de ocultamiento de la verdad respecto de la muerte de Paulina; y, a la vez, exhibe en todo su oprobioso esplendor la larga década de impunidad alperovichista. Porque así como alrededor de los asesinos de la tucumana se montó un demencial aparato de encubrimiento, alrededor de Albaca se desplegó un descomunal aparato de blindaje por parte del oficialismo que gobernó aquí entre 2003 y 2015.
Los apañadores
El primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, fue apartado tras mantener una sorpresiva reunión con José Alperovich. “Necesito ayuda para investigar”, dijo a LA GACETA el 19 de abril de 2006 a las 22.15, cuando salía de la residencia del entonces gobernador.
La causa, entonces, pasó a Albaca, quien le negó al padre de la víctima el rol de querellante y, con ello, la posibilidad de saber qué se estaba haciendo… y qué no. Siete años después de las incesantes marchas del indoblegable Lebbos, Albaca elevó un informe a la Corte. Había ocho hipótesis. Una era la de “los hijos del poder” detrás del crimen. No había ni un solo imputado...
La Corte Suprema de la Provincia, a quien le corresponde el control de los actos de los miembros de los Tribunales (a ella le cabe el poder de superintendencia), durante todos aquellos largos años hizo nada. Legítimamente nada.
Lebbos pidió copia del expediente. Y se la negaron. Sólo el abogado Bernardo Lobo Bugeau, el único funcionario que se fue del Gobierno en 2006 en solidaridad con el padre de Paulina, consiguió acceder a los 74 cuerpos del caso, en calidad de delegado del Gobierno de la Nación. Pero aún en esa condición le prohibieron fotocopiar, escanear o siquiera fotografiar cualquiera de los papeles. Entonces, el letrado tomó nota a mano: con lapicera y cuaderno.
Albaca dejó la causa y cuando la tomó el fiscal Diego López Ávila se resolvió someter a una prueba de ADN a los 12 hombres mencionados en el expediente, incluyendo a los “hijos del poder”, que configuraban una de las hipótesis. Pero el pelo que habían encontrado entre las ropas de la Paulina no había sido preservado debidamente por la Fiscalía de Albaca. La mayor prueba estaba arruinada.
Solamente frente a semejante escándalo, la Corte ordenó un sumario. La entonces fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira estudió lo actuado y concluyó que Albaca había actuado con negligencia, indolencia y ligereza.
El entonces fiscal, en su descargo, se dedicó a enlodar a la víctima y al hombre que buscaba la verdad detrás de la muerte de su hija. Sostuvo por escrito que Alberto Lebbos no había sido un buen padre. Y expresó que Paulina era sexualmente “intrépida (…) y capaz de emprender acciones temerarias”.
Después presentó su renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil y Alperovich la aceptó sin titubear.
Esa precaria dimisión condicionada (se haría efectiva cuando obtuviera el beneficio previsional) bastó a legisladores y legisladoras alperovichistas para archivar en la comisión de Juicio Político los pedidos de destitución contra Albaca que habían promovido la UCR y el PRO. El único voto en esa comisión legislativa en favor de avanzar con el proceso de remoción fue de FR.
Entonces ocurrió un hecho destinado a probar que el alperovichismo siempre podía ser peor: resultó que Albaca reunía las condiciones solamente para acogerse a una jubilación ordinaria. Como no había 82% móvil, él siguió siendo fiscal. Su continuidad fue toda una afrenta contra la Legislatura gracias al papel que había jugado el oficialismo que tenía a cargo esa institución. Si no querían que siguiera siendo llamada “Honorable”, hubieran promovido una ley, antes que tanta desvergüenza…
Al rato nomás, la Anses, manejada por el funcionariado de La Cámpora, tan afecto a llenarse la boca con los derechos humanos, se encargó de manera express de los trámites para que el todavía fiscal pudiera gozar de un retiro con todos los beneficios de la movilidad y de la porcentualidad. Léase, #NiUna-jubilación-Menos… Debe ser que, para la época, “Memoria, Verdad y Justicia” no habían conseguido turno en la Anses.
Los terminados
Finalmente, el miércoles pasado (y luego de que la Justicia no hiciera nada durante casi una década, y de que la Legislatura hiciera menos que nada, y de que el alperovichismo y el funcionariado K hicieran peor que nada), Albaca fue condenado por encubrimiento agravado en el marco del expediente por el crimen que fue perpetrado contra Paulina. La pena: seis años. Eso es el final de un ciclo.
Lo que revelan las condenas por encubrimiento en torno del asesinato de Paulina es que aquello que la democracia y la república necesitan no son los gobiernos del “Vamos por Todo” sino representantes del pueblo que vayan por la verdad. A la lección la da Alberto Lebbos. Una y otra vez. “Nadie es intocable: ahora voy por Alperovich”, avisó.
Feliz Año Nuevo. Con más esperanzas que certezas. Pero, cuanto menos, con una convicción: el que se va no fue un año en vano. Hay cosas que han terminado junto con él.
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